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Preguntas Frecuentes

Respuestas aquellas preguntas que a veces nos hacemos, resumidas y detalladas en profundidad sobre las consultas más habituales sobre normativa y discapacidad.

Las incapacidades laborales se corresponden con aquellas situaciones en las que, bien por padecer una enfermedad o haber sufrido un accidente, una persona ve disminuida su capacidad para desempeñar un puesto de trabajo. Con carácter general, pueden clasificarse de la siguiente forma:

  • Incapacidad temporal, que es la que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
  • Incapacidad permanente, que se plantea cuando la persona, estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.
    Dentro de este tipo de incapacidad se distinguen distintos grados:
    • Parcial para la profesión habitual: La que ocasiona una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.
    • Total para la profesión habitual: es la que inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.
    • Absoluta para todo trabajo: inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.
    • Gran invalidez: Cuando además necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.
  • Lesiones permanentes no invalidantes, que se corresponden con aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir incapacidad permanente, suponen una disminución de la integridad física del trabajador.
  • En el caso de la incapacidad temporal, la falta de rentas se cubre mediante el pago de un subsidio diario en tanto el trabajador esté imposibilitado para trabajar y requiera de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
    Esta situación puede derivarse de una enfermedad común o accidente no laboral o de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el primer caso, el subsidio se cobrará a partir del cuarto día de la baja y en el segundo desde el día siguiente.
    Para obtener esta prestación hay que acudir al Servicio Público de Salud o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. El médico de la sanidad pública o de la mutua verificará la situación de incapacidad temporal y extenderá el pertinente parte de baja con cuatro copias: una para la Inspección de Servicios Sanitarios, otra para la Entidad Gestora de la Seguridad Social o Mutua y dos para el trabajador, de las que una habrá de entregarla en su empresa.
    La baja se irá confirmando cada siete días con los correspondientes partes médicos hasta que se produzca el alta y, con ella, la extinción de la prestación.
  • En lo que a la incapacidad permanente se refiere, la falta de ingresos se cubre por el reconocimiento de una pensión contributiva, que se percibirá, en el caso de la parcial, a partir de la fecha de la resolución que la determine, y en los demás casos, el día de propuesta de declaración de la incapacidad permanente o el día siguiente a la extinción de la incapacidad temporal.
    En cuanto al procedimiento de reconocimiento, puede iniciarse de oficio por la propia Administración – a través de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de la Inspección de Trabajo o del Servicio Público de Salud –, por las Entidades colaboradoras o por el propio interesado mediante la presentación de la pertinente solicitud.
    Una vez analizada toda la documentación y pruebas que al efecto se puedan requerir, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) formulará un dictamen-propuesta en base al informe médico de los facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al informe de antecedentes profesionales. En el caso de Cataluña, la valoración es competencia del Instituto Catalán de Evaluación de Incapacidades y la Comisión de Evaluación de Incapacidades.
    Finalmente, el Director Provincial del Instituto referido dictará resolución expresa declarando el grado de incapacidad, la cuantía de la pensión – que variará en función del grado - y el plazo en el que deberá revisarse la incapacidad para ver si se agrava o se atenúa.
    La situación de incapacidad puede revisarse por agravación, mejoría, error de diagnóstico o por la realización de trabajos, pudiendo dar lugar a la confirmación o modificación del grado o a la extinción de la incapacidad y por tanto de la pensión. Esta revisión es posible sólo mientras no se hayan cumplido los 65 años, y una vez transcurrido el plazo dictado en la resolución. No será necesario que haya transcurrido dicho período de tiempo – si es igual o inferior a dos años, el trabajador tendrá derecho a reserva de su puesto de trabajo - si el pensionista está ejerciendo algún trabajo, o si la revisión se funda en un error del diagnóstico.
    En cuanto a los requisitos para ser beneficiario de la prestación cabe señalar, de forma genérica, que dependiendo del grado de incapacidad se exigen unos requisitos generales y de cotización. Si la incapacidad deriva de accidente, sea o no de trabajo o de enfermedad profesional, no se exigen cotizaciones previas.
    En lo que a la cuantía se refiere, vendrá determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica según el grado de incapacidad permanente reconocido. Así:
    • Incapacidad permanente parcial, consiste en una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal.
    • Incapacidad permanente total, 55% de la base reguladora. Se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual.
    • Incapacidad permanente absoluta, 100% de la base reguladora (además no tiene retención del IRPF)
    • Gran invalidez, 100% de la base reguladora incrementado con un mínimo del 45% destinado a remunerar a la persona que atiende al gran inválido (tampoco tiene retenciones por IRPF).
  • Por último y, en lo que a las lesiones permanentes no invalidantes se refiere, se prevé el pago de una indemnización económica a tanto alzado o por una sola vez. La cuantía de esta indemnización está determinada en el baremo establecido al efecto para cada tipo de lesión, recogido en la Orden TAS/1040/2005, de 18 de abril, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes (BOE 22/04/2005).
    El procedimiento de reconocimiento de la prestación es el previsto para la incapacidad permanente.

Logotipo de las Naciones UnidasArtículo de María Bueyo Díez Jalón.
Abogada del Estado-Jefe en el Ministerio de Sanidad

  • I. Introducción
  • II. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad
  • III. La capacidad jurídica de las personas con discapacidad: análisis del artículo 12 de la Convención Internacional
  • IV. Sistemas de protección de las personas con discapacidad
  • V. A modo de conclusiones
  • VI. Notas

I. Introducción

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Ambos textos constituyen jurídicamente tratados internacionales, por ende, fuente del Derecho (artículo 1.5 Código Civil). Estos textos recogen los derechos de las personas con discapacidad y lo más importante, las obligaciones de los Estados partes de promover, proteger y asegurar tales derechos inherentes a la dignidad de la personas.

La redacción de la Convención ideada desde la ONU constituye la suma de varios esfuerzos para la culminación de la evolución en la consideración social y jurídica de la discapacidad, pues no hemos de olvidar las aportaciones de las instituciones de derechos humanos nacionales y de las organizaciones no gubernamentales entre las que asumieron un papel muy destacado las plataformas sociales [1] en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.

Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la “visibilidad” de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos [2], y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008 (BOE 21 de abril de 2008) y entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año.

En una primera aproximación al tema que constituye este trabajo es esencial el punto de partida del que parte la Convención Internacional en el reconocimiento de la capacidad jurídica y de obrar que con carácter universal atribuye a las personas con discapacidad, por lo que mal puede casar con nuestro sistema civil sustantivo que utiliza términos e instituciones tales como la privación de la capacidad de obrar o incapacitación y los sistemas sustitutivos o de representación de la persona declarada por sentencia judicial firme como “incapacitado”.

II. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Eficacia jurídica vinculante: valor normativo

La Jefatura del Estado con fecha de 23 de noviembre de 2007 ordenó expedir el oportuno Instrumento de ratificación (BOE 21 de abril de 2008) respecto del medio centenar de preceptos que integran la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad elaborada por las Naciones Unidas (Nueva York, 13 de diciembre de 2006) disponiendo expresamente aquél instrumento que esta última se halla vigente en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008 y por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.1º de la Constitución Española (en adelante, CE) y en el artículo 1.5 del Código Civil (en adelante, Cc) la Convención pasa a formar parte de nuestro Derecho positivo, debiendo incluso ser un amparo interpretativo de las normas internas por mor del artículo 10.2 CE.

Con estas normas constitutivas de tratados internacionales quedaba plasmada una de las aspiraciones incluidas en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 26 de marzo de 2003 [3] sobre la Comunicación relativa a un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

La finalidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue crear una norma jurídicamente vinculante para los Estados miembros mediante el depósito de los instrumentos de ratificación al texto de la Convención y al Protocolo Facultativo, y así con la ratificación hecha por el Reino de España el texto de aquélla pasa a formar parte de nuestro Ordenamiento jurídico interno; todo ello, sin perjuicio de las necesarias reformas que los principios, el espíritu y el texto de la Convención conllevan en un gran número de normas sustantivas y procesales.

El objetivo principal de la Convención no es otro que el de promover, defender y garantizar el “goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad” así como promover también el respeto de su dignidad (artículo 1 de la Convención) [4].

Tal vez podría antojarse un texto redundante pues ya existe, desde 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero en esencia no constituye tal redundancia pues sin incorporar nuevos derechos lo cierto es que la Convención Internacional de derechos de las personas con discapacidad constituye la respuesta de la ONU a la corriente inobservancia o desconocimiento de la práctica totalidad de textos vinculantes a nivel supranacional, en especial, cuando la persona se encuentra desvalida o vulnerable por motivo de su discapacidad.

Con ello la Convención y gracias a su eficacia jurídica vinculante pues ha pasado a formar parte de nuestro Ordenamiento Jurídico interno mediante su publicación oficial en el BOE emerge de la generalidad (derechos humanos inherentes a toda persona) a la especialidad (derechos humanos de las personas con discapacidad). Por consiguiente, pasa de lo genérico a lo específico en el ámbito de los derechos humanos gracias al llamado modelo de la “diversidad” a modo de examen de conciencia internacional acerca de un problema concreto cual es, la desatención o despreocupación hacia las personas discapacitadas y su anhelada inclusión social.

La propia CE ofrece, ya desde 1978, cobertura suficiente para llevar a cabo políticas activas de integración de discapacitados. Así lo expresa el artículo 49 de la Carta Magna ubicado dentro del Capítulo III del Título I bajo la rúbrica “Los principios rectores de la política social y económica” aunque utiliza la palabra “disminuidos”, término éste que resulta incompatible con la terminología de la Convención centrada en el término “discapacidad” y personas con discapacidad [5].

Sin embargo no se trata únicamente de una cuestión de orden terminológica sino que la Convención Internacional viene a producir un sustancial cambio en el mundo de la discapacidad con plenos efectos jurídicos vinculantes para los Estados partes que la han ratificado. La cuestión es de un gran calado: se trata de la consideración de las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y de protección social. Apuesta de forma decida por la transformación de un “modelo médico o rehabilitador” en un “modelo social” de la discapacidad.

La Convención de la ONU se ha decantado por llevar a un texto jurídico internacional la demanda y exigibilidad a los poderes públicos de políticas normativas y administrativas que faciliten el acceso y el ejercicio de los distintos derechos de las personas con discapacidad y su inclusión efectiva en la sociedad en igualdad de oportunidades.

Efectos de la Convención en el Ordenamiento Jurídico interno: la Ley 26/2011, de 1 de agosto

El texto normativo de la Convención de Nueva York culmina desde el punto de vista internacional una evolución en la consideración social y jurídica de la discapacidad. Asume principios básicos y novedosos, al menos en su tratamiento y reconocimiento normativo, que venían siendo reivindicados por sectores sociales, médicos, educativos o incluso jurídicos.

Desde una perspectiva jurídica va a imponer a los Estados partes una serie de obligaciones, principalmente de reformas normativas y de adecuación de sus políticas activas en el mundo de la discapacidad a los principios fundamentales que vienen relacionados y con eficacia jurídico vinculante en el artículo 3 de la Convención.

A saber, los principios inspirados del texto normativo de la Convención son:

  • El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
  • La no discriminación.
  • La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
  • El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas.
  • La igualdad de oportunidades.
  • La accesibilidad.
  • La igualdad entre el hombre y la mujer.
  • El respeto a la evolución.

La Convención siguiendo dichos principios y reiterando en varios de sus preceptos referidos al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad declara prohibida expresamente la “discriminación por discapacidad”, entendiendo por tal cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades públicas en todos los ámbitos como el político, el económico, el cultural, el social, el civil o el de otro tipo (artículo 2).

Para la consecución de los principios inspiradores y la abolición de cualquier género de discriminación por motivos de discapacidad, la propia Convención en el mismo artículo 2 introduce el concepto de “ajustes razonables” que impone a los Estados suscriptores. De esta forma se entiende por ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades públicas.

Por ello desde los dos primeros preceptos del texto de la Convención deja claro que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, esto es, como ya advertíamos más arriba, las personas con discapacidad no son sujetos pasivos receptores de medidas asistenciales sino que son auténticos sujetos de derecho y su personalidad jurídica les confiere plena capacidad jurídica para el ejercicio de los derechos humanos personalísimos y con las medidas de apoyo necesarias el ejercicio de los demás derechos cuya titularidad es inherente a su dignidad.

De ahí que los Estados partes han de reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Pero desde el punto de vista de nuestro vigente Derecho Civil nos asalta una primera duda, a saber, sí dicha capacidad jurídica hemos de restringirla a la titularidad de los derechos o se ha de ampliar también al ejercicio de los mismos, esto es, a la capacidad de obrar. Esta cuestión la abordaremos más adelante.

Los efectos jurídicos vinculantes de la ratificación por el Estado español del texto de la Convención Internacional y del Protocolo Facultativo ha impuesto una serie de obligaciones generales para hacer efectivos dichos principios generales, y sin lugar a duda, el principal deber que pesa es el de la modificación normativa del Derecho interno para ajustarlo a los predicamentos del texto internacional.

De esta forma lo preceptúa el artículo 4 de la Convención Internacional cuyo tenor literal reza así:

“1. Los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados se comprometen a:

  • Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención.
  • Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad” (…)”.

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es Derecho positivo y forma parte, a todos los efectos, del Ordenamiento jurídico español desde su entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, sin que necesite ninguna operación jurídica de transposición. Sus normas son directamente aplicables vinculantes e invocables ante los Tribunales de justicia.

No obstante, por razones de eficacia y seguridad jurídica de las normas es necesario llevar a cabo un proceso de análisis, adaptación y revisión transversal de toda la legislación interna vigente, que ha de incluir la modificación y/o derogación de las normas de Derecho interno que entren en contradicción con la Convención. Este proceso es complejo, pues en el Ordenamiento jurídico español existe una normativa muy variada y dispersa en materia de discapacidad.

Siguiendo los imperativos de la Convención, el Estado español al que afecta el contenido normativo ha procedido a la reforma normativa de varias leyes para ajustarlas al espíritu y tenor de aquella. Fruto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010 por el que se aprobó el Informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y se encomendó a diversos departamentos ministeriales que, en el ámbito de sus competencias, impulsaran las reformas comprometidas en tal Acuerdo, fue la vigente Ley 26/2011, de 1 de agosto.

La denominación de la norma no puede ser más expresiva, Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La norma fue informada favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad en el que toman parte varias organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias.

La técnica legislativa empleada dentro del ámbito de competencias estatales “ex” artículo 149.1.1ª CE resulta un tanto compleja pues se trata de un cuerpo normativo dedicado a reformar un total de diecinueve leyes relacionadas con la discapacidad para ajustarlas al nuevo modelo social y a los principios generales de respeto a la dignidad inherente a la persona, a la autonomía individual, a la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.

Únicamente y sin entrar en detalle en el análisis de lo reformado, pues se escaparía del contenido del presente, procedemos a relacionar las normas modificadas por la Ley 26/2011 con el objetivo de adecuar su contenido a la Convención Internacional. Son:

  • Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  • Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
  • Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  • Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto-Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
  • Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplante de órganos.
  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
  • Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
  • Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
  • Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
  • Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación ce las profesiones sanitarias.
  • Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
  • Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil.
  • Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo.
  • Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro.
  • Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal.
  • Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
  • Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
  • Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
  • Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.

En la tramitación parlamentaria de esta Ley se incorporó el texto de la Disposición Adicional 7ª [6] en lo tocante a la adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, una de las aspiraciones suscritas por el CERMI y que ansiaba la necesaria reforma sustantiva, la del Código Civil y procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil para los procesos de modificación de la capacidad civil de las personas.

Los resultados de la tramitación parlamentaria fueron diferir la reforma procesal y sustantiva a un momento posterior, pues la Ley 26/2011 no atajó el problema y así el tenor literal de su Disposición Adicional 7ª reza así:

“El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación de la normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad que la precisen”.

Será al nuevo Gobierno de la Nación al que le compete acometer en el plazo dado en la citada Disposición Adicional 7ª de la Ley 36/2011 encargando un informe sobre el alcance y las propuestas de modificaciones legales pertinentes, que han de alcanzar como mínimo al Código Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que tras su aprobación por el Consejo de Ministros se plasme en el correspondiente proyecto de ley a someter al obligado trámite parlamentario hasta lograr su aprobación por las Cortes Generales y su sanción y promulgación real, respetando los principios y el contenido imperativo del artículo 12 de la Convención Internacional.

De esta forma el propio Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [7] en varias de sus observaciones ha recomendado al Estado español que revise las leyes que regulan la guarda y la tutela y que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplacen los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones por la asistencia en la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.

III. La capacidad jurídica de las personas con discapacidad: análisis del artículo 12 de la Convención Internacional

Hemos de recordar que el Informe elaborado en los trabajos previos de preparación de la vigente Ley 26/2011, se planteo con gran acierto el impacto del tratado internacional que supone la Convención de Nueva York en varios campos del Derecho, fundamentalmente en áreas como la civil y la procesal en relación directa con tres de sus preceptos:

  • La igualdad en el reconocimiento como personas ante la Ley (artículo 12 de la Convención Internacional).
  • La igualdad de acceso a la justicia (artículo 13 de la Convención).
  • El respeto al hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad (artículo 23 de la Convención).

En atención a estos preceptos y a los principios inspiradores de la Convención el mentado Informe relacionaba los siguientes textos legales sobre los que provoca su impacto. A saber: el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Registro Civil, la Ley del Notariado y la Ley Hipotecaria, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita e incluso el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Partiendo del derecho a la personalidad jurídica de todo ser humano y del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad el Informe abordaba el impacto de la Convención en la regulación de la capacidad jurídica de la siguiente forma:

“No obstante, es necesario adoptar al espíritu y también a la terminología de este texto internacional, la legislación sustantiva y procesal interpretada por la Jurisprudencia, a fin de garantizar que la modificación de la capacidad de obrar de las personas que no están en condiciones de gestionar por sí solas sus intereses sea la estrictamente necesaria para su adecuada protección y cumpla los requisitos de proporcionalidad y adecuación al fin perseguido. Igualmente, ha de insistirse en garantizar el respeto a los derechos de la personalidad de las personas con discapacidad y, en particular, que las medidas de apoyo en la toma de decisiones y protección establecidas en su beneficio se articulen tomando en consideración sus deseos y preferencias”.

Lógico corolario de lo hasta aquí esbozado nos dirige a estudiar un precepto esencial de la Convención, el artículo 12 y sobre todo su impacto en nuestro Derecho sustantivo, los Títulos IX y X del Libro I del Código Civil en lo relativo a conceptos como la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, las causas de incapacitación y como no, su impacto en las normas procesales, la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Capítulo II del Título I del Libro IV relativo a los procesos sobre capacidad de las personas (artículos 756 a 763).

No hemos de olvidar que al tratar el proceso de incorporación de la Convención en el derecho interno, las mayores discrepancias entre ésta y nuestro sistema jurídico se producen en el ámbito de la regulación de los derechos de la personalidad y capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad.

El artículo 12 de la Convención en lógica coherencia con los principios generales de no discriminación y de igualdad de oportunidades expresa cuanto sigue:

  • “Los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su capacidad jurídica.
  • Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
  • Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la personas, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
  • Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.

El precepto, en efecto, obliga a revisar los sistemas legales vigentes en cinco puntos fundamentales que se pueden extraer de su contenido literal:

  • La consagración y reafirmación del derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas con discapacidad no deben recibir un trato discriminatorio por motivos de su discapacidad.
  • La afirmación de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de hombres y mujeres, en todos los aspectos de la vida.
  • El establecimiento de un sistema de apoyos para el ejercicio normalizado de la personalidad y la capacidad jurídica, como único admisible en lo sucesivo. La prestación de asistencia para que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica parte del supuesto de la plena capacidad jurídica, incluso cuando la persona necesite asistencia para ejercerla.
  • La adopción de salvaguardas como garantía para un funcionamiento regular de los mecanismos de apoyo, basadas siempre en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona. Las salvaguardas han de ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias, y han de estar sujetas al control de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.
  • Revisión de los ordenamientos nacionales que restringen la capacidad jurídica por razón de discapacidad.

Incidencia de la Convención en las situaciones de incapacitación

El artículo 12 de la Convención fue uno de los más polémicos en las negociaciones del Tratado [8], hasta el punto de poner en peligro la aprobación del texto en las últimas sesiones, pues implica un cambio fundamental en la regulación de la capacidad legal de las personas con discapacidad, especialmente en aquellas situaciones en las cuales puede resultar necesario algún tipo de intervención de terceros, cuando la persona tiene limitaciones o restricciones para tomar decisiones propias.

La Convención consagra en su artículo 12 el igual reconocimiento como persona ante la Ley de las personas con discapacidad. Mediante esta norma los Estados reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho a que se reconozca su personalidad. Ésta es una cuestión sumamente importante, pues sus efectos se extienden y se proyectan a todos los campos de la capacidad jurídica y de obrar, entre las que no cabe establecer diferencia alguna, obligando a una profunda revisión de instituciones tan arraigadas como los complementos de la capacidad (tutela, curatela, guarda de hecho, prórroga de la patria potestad, etc.), los procesos de la hasta ahora llamada incapacitación judicial y otras figuras jurídicas, como el régimen de representación, el mandato, la capacidad de transmitir, de administrar, de testar, de donar, de ejercer el comercio, la capacidad para ejercer derechos y deberes de familia (matrimonio, paternidad, adopción), etc...

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es contraria a cualquier forma de intervención restrictiva o limitación de la capacidad, y orienta la legislación de los Estados partes a la regulación de apoyos y asistencias para que la completa capacidad sea una realidad, exigiendo la adopción de garantías o salvaguardas por parte de los Estados miembros que hagan posible esa asistencia, eviten situaciones de abuso e injusticias y permitan el acceso de las personas con discapacidad a derechos patrimoniales básicos en igualdad de condiciones con el resto de la población.

Ante tales nuevos principios y basándose en el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y de si el mismo implicaba también no sólo la titularidad de los derechos sino también su ejercicio, con gran expectación se esperaron los primeros pronunciamientos judiciales una vez entrada en vigor la Convención Internacional y con plenos efectos normativos en nuestro Ordenamiento Jurídico siendo incluso invocable ante los Tribunales de justicia.

En este sentido la compatibilidad de la normativa civil sobre la capacidad jurídica, la capacidad de obrar y los procesos de incapacitación al abrigo de los postulados de la Convención fue analizada por la conocida Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009 [9]. Tras el estudio del Derecho comparado sobre los sistemas protectores, la Sentencia fundamenta una serie de reglas interpretativas de la legislación civil vigente en materia de incapacitación para conciliarla con los principios y predicamentos del artículo 12 de la Convención Internacional. El FJ 7º de la Sentencia citada hace una interpretación compatible del sistema civil español con la Convención de Nueva York trayendo además a colación una importante Sentencia del Tribunal Constitucional. El tenor de tal interpretación es el siguiente:

“La STC 174/2002, de 9 de octubre dice que <<En el plano de la constitucionalidad que nos corresponde hemos de declarar que el derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948, lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la persona, por lo que toda restricción o limitación de la capacidad de obrar afecta a la dignidad de la personas y a los derechos inviolables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 CE). En consecuencia, la declaración de incapacitación de una persona sólo puede acordarse por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley (artículo 199 Cc), mediante un procedimiento en el que se respeten escrupulosamente los trámites o diligencias que exigía el artículo 208 CC (y que en la actualidad se imponen en el vigente artículo 759 LECivil que, en la medida en que van dirigidas a asegurar el pleno conocimiento por el órgano judicial de la existencia y gravedad de las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que concurren en el presunto incapaz y que le inhabilitan para gobernarse por sí mismo, que son la causa y fundamento de la incapacitación (artículos 199 y 200 Cc), se erigen en las garantías esenciales del proceso de incapacitación. La incapacitación total solo deberá adoptarse cuando sea necesario para asegurar la adecuada protección de la persona del enfermo mental permanente, pero deberá determinar la extensión y límites de la medida y deberá ser siempre revisable>>.

De este modo, sólo esta interpretación hace adecuada la regulación actual con la Convención, por lo que el sistema de protección establecido en el Código Civil sigue vigente, aunque con la lectura que se propone:

  • Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección. Ésta es la única posible interpretación del artículo 200 Cc y del artículo 760.1 LEC.
  • La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando de una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona porque le impiden autogobernarse, por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada.

A pesar de dicha interpretación, el propio CERMI y las Observaciones del Comité están exigiendo una necesaria reforma sustantiva y procesal. Se demanda un cambio sustancial de la regulación pasando de la incapacitación a la modificación de la capacidad de obrar y del sistema legal de sustitución al sistema de apoyos.

La personalidad jurídica, la igualdad ante la ley y los ajustes razonables

La personalidad jurídica es el reconocimiento por el Derecho de la existencia y esencia de una persona, de su aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, titular activo y pasivo de relaciones jurídicas. Es, por tanto, un requisito previo necesario para la adquisición de derechos y deberes concretos. La personalidad jurídica es una cualidad jurídica que se adquiere al nacer y que debe prolongarse a lo largo de la vida de la persona. Por lo tanto, es el nacimiento de la persona lo único que podrá determinar la atribución y adquisición de la personalidad jurídica, y sólo la muerte la extinguirá.

La capacidad jurídica es la aptitud para poder ser titular de derechos y deberes. Si toda persona por el hecho de ser persona goza de personalidad jurídica, también cualquier persona, sin distinción alguna, ha de tener capacidad jurídica. Personalidad jurídica y capacidad jurídica constituyen un todo único y se unifican en la condición de persona, con independencia de cualquier circunstancia física, psíquica o sensorial que le pueda afectar y que pudiera ser determinante de cualquier tipo de discapacidad.

Pero también tenemos que tener en cuenta otro concepto, la capacidad de obrar, que es la aptitud para poder realizar actos jurídicos con plenos efectos. La capacidad jurídica es la misma para todas las personas, mientras que la capacidad de obrar puede variar en atención a las circunstancias que afecten a la persona.

De acuerdo con el artículo 12.3 de la Convención, los Estados quedan obligados a adoptar las medidas apropiadas para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, todo ello abonado por dos principios esenciales: la igualdad ante la ley, la realización de los ajustes razonables en aras a la protección y defensa del interés superior de la persona discapacitada.

La proclamación del principio de igualdad ante la ley de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás unifica la capacidad jurídica y la capacidad de obrar en un todo inseparable, como sucede con cualquier persona y a partir de aquí, proporcionando los mecanismos de apoyos adecuados garantiza a la persona con discapacidad, su plena capacidad de ejercicio para realizar cualquier acto o negocio jurídico.

Los ajustes razonables definidos por el artículo 2 de la Convención como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades públicas.

La capacidad jurídica y su ejercicio

La capacidad jurídica o de derecho considerada en abstracto, como atributo de la personalidad, reúne los caracteres de fundamental, una, indivisible, irreductible y esencialmente igual, siempre y para todos los hombres.

La capacidad de obrar o de ejercicio podemos definirla como la cualidad de la persona que determina, conforme a su estado, la eficacia jurídica de sus actos, y que puede verse afectada por circunstancias que la restrinjan o la modifiquen, como la declaración judicial de incapacidad.

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad consagra el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Los apartados 3 y 4 del artículo 12 de la Convención recogen una importante novedad consistente en dar libertad a los Estados firmantes para adoptar un sistema de apoyo o ayuda personalizado para evitar situaciones injustas en el tráfico jurídico que impidan a las personas con discapacidad ejercer libremente su capacidad de obrar y establece un sistema de garantía o salvaguardia proporcionado a través de exámenes periódicos por parte de una autoridad, órgano judicial o incluso una fundación tutelar sometidos todos a la superior vigilancia del Ministerio Fiscal.

El concepto de capacidad jurídica que utiliza el artículo 12 de la Convención es más amplio que la simple capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, pues abarca también la capacidad de ejercer derechos o asumir obligaciones. En definitiva, la “capacidad jurídica” de la Convención engloba tanto la de goce como la de ejercicio. El mencionado artículo 12.2 no establece distinción alguna entre capacidad jurídica y capacidad de obrar.

La Convención es contraria al sistema tradicional de sustitución en la toma de decisiones que implica la incapacitación en la mayoría de las legislaciones internas y aboga por un nuevo sistema, basado en el modelo social en el que está inspirada la Convención, de apoyo en la toma de decisiones, que impida la anulación o disminución de la capacidad jurídica. Aún queda lo más difícil, que es construir los mecanismos nacionales para implementar este nuevo modelo, cuestión que queda a la imaginación, creatividad e ingenio de los Estados.

Pero esto plantea cuestiones legales de distinta índole, pues existen normas internacionales que son contrarias al nuevo sistema de apoyos que propone la Convención. El conflicto debe resolverse en todo caso a favor de la Convención, al ser una lex posterior y en virtud del articulo 10.2º CE, según el cual el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano.

Todo ello junto con el principio de superior protección de las personas con discapacidad el artículo 12 de la Convención pretende que su protección se vertebre a través del mencionado apoyo y asistencia y no, por el mero hecho de que concurra la discapacidad proceder a la incapacitación, mediante la sustitución o anulación de la persona afectada.

Tengamos en cuenta que la superior protección de las personas discapacitadas requiere conjugar en la regulación del nuevo sistema dos principios esenciales en la Convención, a saber: el primero, el de la intervención mínima y el segundo, el de favorecer su autogobierno.

IV. Sistemas de protección de las personas con discapacidad

Situación normativa actual: procesos de incapacitación versus procesos de modificación de la capacidad

La LECivil dentro del Libro IV “De los procesos especiales” en el Título I Capítulo II hallamos el iter procesal de los llamados desde el año 2000 “Procesos sobre la capacidad de las personas” (artículos 756 a 763). En este procesos se desarrollan las normas sustantivas en las que semánticamente aparecen las palabras “incapacitación”, “incapacitados” o “persona incapaz”. Términos que entran ya en una primera lectura en contradicción con el espíritu y la letra de la Convención Internacional donde se proscribe la supresión o pérdida de la capacidad jurídica (incluida la de obrar) de las personas con discapacidad.

Al abordar la situación actual de los todavía referidos “procesos de incapacitación” nos acercamos a una realidad objetiva según los datos ofrecidos por el CGPJ [10] en torno al 95 % de las demandas de incapacitación terminan con una sentencia de incapacitación plena, para todos los actos y tal vez para siempre, pues son muy pocos los procesos iniciados para la rehabilitación de la capacidad de obrar.

A renglón seguido nos asalta una duda: ¿el 95 % de las personas declaradas plenamente incapacitadas por sentencia judicial firme son plena y totalmente incapaces de obrar?

Pues bien, en nuestro Derecho Civil sustantivo hemos de ir a dos Títulos del Libro I del Cc., en los que se siguen utilizando expresiones contrarias a la Convención tales como incapacitación o incapacitados. Son:

  • Título IX “De la incapacitación” (artículos 199 a 201) [11].
  • Título X “ De la tutela, de la curatela y la guarda de los menores o incapacitados” (artículos 215 a 304) [12].

En la actualidad y con la normativa sustantiva y procesal reseñada el juicio de incapacidad tiene como objeto “petitum” determinar si una persona en menor o en mayor grado es inhábil para regir su persona y sus bienes, y en consecuencia y de acuerdo con el grado de inhabilidad declarar su incapacidad legal para realizar determinados actos.

Con los procesos judiciales de incapacitación en la normativa española actualmente en vigor se pretende proteger a la persona que no se encuentra en condiciones de decidir por sí misma, pues queda demostrado en la prueba del juicio que es incapaz de hecho, determinando además desde que se dicta la Sentencia que no puede realizar todos los actos, o determinados actos (incapacitación total o parcial), los cuales si se celebran en un momento posterior a la resolución judicial de incapacitación, serán nulos de pleno Derecho.

Del mismo modo y de forma correlativa, una vez que se ha declarado dicha incapacidad, y que por lo tanto, se ha retirado el poder de decidir por sí misma que cualquier persona tiene (privación de la capacidad de obrar); tal declaración judicial lleva aparejada el nombramiento de un representante legal que supla esa restricción o la supresión judicial del autogobierno de la personas, de suerte que pase a actuar en nombre del incapacitado y siempre en beneficio de éste.

Este es nuestro sistema actual, considerando que la entrada en vigor de la vigente LECivil introdujo como novedad en los artículos 759.2 y 760.2 de nombrar ya en la sentencia de incapacitación la institución tutelar que suple la falta total o parcial de la capacidad de obrar de la persona.

En esta línea el Código Civil, en sus artículos 215, 222, 286 y 287 prevé la graduación de la incapacidad como total o parcial de manera proporcional a la inhabilitación detectada.

De esta forma se declara judicialmente la incapacidad total de la persona por considerar que su enfermedad o deficiencia es persistente y le impide absolutamente en su esfera personal y también en la patrimonial gobernarse por sí misma y conlleva la pérdida total de su capacidad de obrar siendo sustituida su voluntad por la del cargo tutelar, esto es, su tutor o sus padres mediante la rehabilitación o la prórroga de la patria potestad.

La incapacidad parcial de la persona se contrae generalmente a la esfera patrimonial extendiéndose en determinadas ocasiones al ámbito personal tal y como puede ser el tratamiento médico, la toma de medicación o la decisión de aspectos transcendentales en la vida. Con la incapacidad parcial la institución tutelar en nuestro Ordenamiento Jurídico es la curatela de tal suerte que el curador asiste a la persona para aquellos actos que no pueda realizar por sí sola, esto es, se requiere la concurrencia de ambos (del incapacitado parcialmente y el curador).

Expuesto someramente el sistema español basado en la privación total o parcial de la capacidad de obrar, en la clásica distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar y en la sustitución de la voluntad del incapacitado judicialmente en virtud de una sentencia judicial firme, en un proceso contradictorio con todas las garantías y con la presencia del Ministerio Fiscal, puede provocar varias fricciones con los principios de la Convención Internacional de Nueva York y más todavía con el tan traído y expuesto artículo 12 del referido Tratado Internacional.

Análisis de las instituciones tutelares al amparo de la Convención de Nueva York

Discapacidad y tutela.

La declaración judicial por la que se declara la incapacitación de la persona implica la privación de la capacidad de obrar y la protección de la persona por una de las instituciones tuitivas reconocidas en nuestro Derecho Civil. A saber y según el artículo 225 Cc.:

“La guarda y la protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados se realizará en los casos que proceda mediante: 1º. La tutela. 2º. La curatela. 3º. El defensor judicial”.

A estas instituciones tutelares lógicamente hemos de añadir la patria potestad prorrogada o rehabilitada y el guardador de hecho.

¿Es compatible la tutela que, implica una sustitución de la voluntad de la persona declarada incapaz por la del tutor, con el artículo 12 de la Convención Internacional?.

La tutela constituye el paradigma de sustitución de la voluntad y por ello difícilmente asumible como mecanismo de protección por los imperativos del artículo 12 de la Convención. La tutela institucional [13] procede, según el artículo 222 CC, respecto de los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido , y son funciones del tutor representar al menor o incapacitado, salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí sólo, ya sea por disposición expresa de la ley o de la sentencia de incapacitación.

En la tutela la voluntad de la persona declarada judicialmente incapaz queda sustituida por la voluntad del tutor, de tal modo que la declaración de la voluntad negocial, el contenido del negocio jurídico y la propia decisión de llevarlo a cabo son de la esfera privada del tutor, se entiende que inspirado en la protección del superior interés de la persona a quien representa.

De esta guisa nuestro actual sistema civil y procesal resultando que la incapacitación sólo se gradúa en total y parcial conlleva que más del 95 % de las sentencias de incapacidad son de la total y por ende, la institución protectora es la tutela implicando una anulación de la voluntad del discapacitado que es sustituida por la del tutor. La privación de la capacidad de obrar es contraria a la Convención como lo es la designación del tutor que opera en representación de la persona discapacitada y por lo tanto, sustituyendo su capacidad.

Esta institución de protección de la persona requiere por ende, la previa declaración judicial de incapacitación; de ello resulta que la persona con discapacidad que requiera el apoyo o asistencia que preconiza la Convención como medio para el ejercicio de su capacidad jurídica, necesariamente ha de verse previamente privado de ella.

En la práctica cuando una persona discapacitada no incapacitada judicialmente pretende concluir un negocio jurídico para el que necesitaría de apoyo y esta situación es detectada por un operador jurídico (un abogado y/o un notario), la única salida que se ofrece es que para valerse de dicha asistencia sea previamente incapacitado. Por lo que, en vez de recibir asistencia y apoyo para el ejercicio de su capacidad, se ve privado de esa misma capacidad que se pretende asistir y apoyar.

En conclusión la tutela tal y como está configurada en nuestro Ordenamiento jurídico civil choca frontalmente con las llamadas medidas de asistencia y apoyo que pretende el artículo 12 de la Convención dado que se trata de una institución en la que la protección de la persona discapacitada se funda en la sustitución de su iniciativa como titular de los derechos e intereses en juego, de su sustitución en la emisión y perfeccionamiento del negocio jurídico y de su sustitución en la negociación del acto jurídico de que se trate.

Además con la tutela queda reflejada la sustitución de la persona con carácter general para todos los ámbitos jurídicos, personales o patrimoniales, con la sola excepción de los de carácter personalísimo.

Esta institución por consiguiente choca en esencia con la búsqueda de apoyos y asistencias a las que hace referencia la Convención y repugna el propio espíritu de ésta en la que garantiza la plena capacidad jurídica (incluida la de obrar) de las personas con discapacidad.

Por ello y pese a la interpretación dada por la Sentencia de la Sala 1ª del TS de 29 de abril de 2009 y mientras no se proceda a la reforma de las instituciones tuitivas de protección a las personas con discapacidad que no conlleven la previa declaración de incapacitación, hemos de entender reservada la tutela para aquellas tomas de decisión en que no sea posible conocer la voluntad de la persona con discapacidad en relación con los actos que le afecten, limitándola a actos concretos, a situaciones concretas, y no a una incapacitación generalizada y universal como ocurre en cerca del 95 % de las sentencias dictadas en materia de la capacidad de las personas.

Discapacidad y curatela.

De acuerdo con el artículo 287 Cc, procederá la curatela para “las personas a quienes la sentencia de incapacitación o en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento”. Es un mecanismo de protección de la persona mediante la “asistencia”, y por ende, más acorde con el espíritu y la letra del artículo 12 de la Convención Internacional al referirse a medidas de apoyo o asistencia. Y así tiene por objeto según el artículo 289 Cc, “la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido”.

No obstante, en la práctica esta figura se muestra escasa, primero porque la mayor parte de las sentencias de incapacitación son de privación total de la capacidad de obrar y por lo tanto con nombramiento de tutor y segundo porque se utiliza para aquellos supuestos en que la sentencia de incapacitación limita la sustitución del incapacitado a determinados ámbitos de interés, generalmente sólo patrimoniales.

Por ello y de lege ferenda la curatela ha de constituir un mecanismo básico para articular las medidas de apoyo a fin de que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad de obrar: graduable, flexible y abierto en función de las necesidades concretas de la persona con discapacidad y las circunstancias de cada caso, potenciando su intervención de modo similar a la autotutela y a los poderes preventivos.

Se trata a la luz de la Convención de huir de la generalidad y de la perpetuidad y en definitiva buscar para la persona discapacitada las medidas de apoyo o asistencia necesarias, esto es, no sólo “un traje a medida”, sino también la confección de tantos trajes a medida como fueran necesarios para cada caso puntual en el tiempo.

Todo ello bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y la superior vigilancia del Ministerio Fiscal, cuya actuación deberá enmarcarse en nuevo cauce procesal que posibilite la asunción y la configuración del procedimiento como tendente no únicamente a privar a la persona con discapacidad de la capacidad que la convención le reconoce expresamente, sino a su asistencia y apoyo.

Además y de lege ferenda deberían potenciarse cauces adecuados para que la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, en la medida de sus posibilidades tuvieran su reflejo en la constitución y funcionamiento de las medidas de apoyo o asistencia, como los mencionados poderes preventivos y autotutela, a través de los cuales, y sin necesidad de intervención judicial, dichos apoyos pudieran establecerse por la propia persona afectada como mecanismos de apoyo voluntario.

Además medie o no resolución judicial declarativa de la medida de apoyo para un determinado acto o negocio jurídico, sería necesario con el fin de dotar de máxima seguridad jurídica a los negocios celebrados por personas con discapacidad, de la intervención de una autoridad pública que vele en el tráfico extrajudicial, de una valoración adecuada de su discapacidad, de la inexistencia de vicios en la formación de la voluntad, de la adecuación a la legalidad y de la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Aquí entraría en juego el papel de la institución notarial configurándose el Notario como un auténtico “ombudsman-social” [14], pues han de extremar el celo profesional en el juicio de capacidad presente en todo documento notarial.

Discapacidades no incapacitantes: la protección de patrimonios y la guarda de hecho.

Son muchas las discapacidades no incapacitantes por lo que la doctrina más reciente propugne un gran protagonismo de la guarda de hecho y de los patrimonios protegidos.

La regulación de la guarda de hecho en nuestro Derecho Civil es prácticamente testimonial casi cercana al cuasi contrato de la gestión de negocio ajeno sin mandato. No obstante, es de gran eficacia en la protección de los patrimonios de las personas con discapacidad pero con una discapacidad no incapacitante.

Su virtualidad quedaría reducida a actos y negocios celebrados en representación de otra persona como su guardador de hecho y siempre que no sean perjudiciales para la persona discapacitada.

Desde el punto de vista legal la figura del guardador de hecho va adquiriendo un gran protagonismo por ejemplo a la hora de constituir un patrimonio protegido o a la hora de solicitar las ayudas de la ley de dependencia.

En la constitución de los patrimonios protegidos de conformidad con la Ley 41/2003, de 18 de noviembre especial función desempeñan las autoridades notariales en el momento de formalizarlos. Y así la referida norma legal los conceptúa como la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y además la norma establece los medios adecuados para garantizarla afección de tales bienes y derechos, así como de sus frutos, productos y rendimientos a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.

V. A modo de conclusiones

A la luz del artículo 12 de la Convención al referirse a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad provoca un gran impacto en la concepción clásica de nuestro Derecho Civil. A tal efecto entendemos que debe desterrarse la regla de acuerdo con la cual, la incapacitación priva al declarado incapaz de ejercer todos o parte de sus derechos y de obrar conforme a sus preferencias, siendo sustituido por un tutor.

La figura sustitutiva y vigente más acorde en el Derecho español sería el curador, en cuanto que se configura como graduable y abierta al apoyo para actos determinados en función de las necesidades del caso y de las circunstancias concretas, siempre que su actuación cuente con la voluntad de la persona incapaz, con sus preferencias, para actos concretos y su apoyo a los actos que se le marquen sean revisables por los tribunales.

La declaración de incapacidad vulnera la dignidad de la persona incapaz y su derecho a la igualdad en cuanto le priva de la capacidad de obrar y le discrimina respecto de las personas capaces.

La discapacidad es un proceso en permanente evolución, de ahí la propia definición del artículo 1 de la Convención, “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Es por lo tanto, un concepto mínimo, abierto dado que el Preámbulo de la Convención reconoce que, “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones”; al tiempo que reafirma “la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación.

Este carácter dinámico de la discapacidad resulta esencial a la hora de interpretar las disposiciones relativas a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y a la determinación de los apoyos que requieran para ejercer en plenitud su capacidad de obrar. Con esta nueva definición se persigue asegurar desde una perspectiva múltiple, una clasificación del funcionamiento y de la discapacidad como un proceso en permanente evolución.

La Convención adopta un modelo social de la discapacidad que sustituye al modelo médico o rehabilitador. La configuración tradicional de la incapacitación desde el modelo médico implica una limitación excesiva e incluso absoluta “privación” de la capacidad de obrar, en aquellas personas que con alguna deficiencia física, intelectual o psicosocial, impidiéndoles la realización de actos de carácter personal o patrimonial, suponiendo en la práctica un modelo de sustitución en la toma de decisiones. Sin embargo la Convención tanto en su Preámbulo como en sus disposiciones articuladas, adopta el modelo social y principio de no discriminación, por lo que colisiona con la figura tradicional de la incapacitación como mecanismo sustitutivo de la capacidad de obrar, y obliga a que el legislativo reforma el CC y la LEC para instaurar una nueva herramienta basada en el sistema de apoyos que se proyecte sobre las circunstancias concretas de la persona, el acto o el negocio a realizar.

Los Estados deben adoptar las medidas normativas oportunas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Estas personas al abrigo del artículo 12 de la Convención tienen derecho en todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, poseyendo capacidad jurídica y capacidad de obrar en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y para conseguir dicha igualdad, se han de adoptar las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de la discapacidad.

La Convención unifica la capacidad jurídica y la capacidad de obrar en un todo, como sucede con cualquier persona y a partir de la necesaria “igualdad”, proporcionándole los mecanismos de apoyos adecuados, asegura a la persona con discapacidad, su plena capacidad para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas y restringe el instrumento de la “modificación” si afecta a la discapacidad afecta a la anulación de la capacidad de obrar.

La Convención propugna el cambio del modelo de sustitución en la toma de decisiones por el nuevo modelo de apoyo o asistencia en la toma de decisiones, aunque deja la determinación del apoyo y su extensión a la regulación propia del derecho interno de cada Estado parte.

El artículo 12 supone un desafío para nuestro sistema civil pues no solo afecta a los conceptos tradicionales de capacidad jurídica y capacidad de obrar sino que incide de ello en el proceso especial de capacidad de las personas incorporando el modelo de apoyos que se enfrenta directamente al sistema de tutela.

La implantación de la Convención exige soluciones frente a determinadas situaciones en las que no es posible conocer la voluntad de la persona (pensemos discapacidad intelectual grave, o una enfermedad neorodegenerativa grave) y en las cuales es necesario tomar una decisión en nombre de ésta. Mientras no se adapte el sistema civil español la curatela interpretada a la luz de la Convención, desde el modelo de apoyo y asistencia y el principio del superior interés de la persona con discapacidad parecen la respuesta más idónea. La curatela ofrece al juez un mecanismo más eficaz para determinar las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad de obrar. Además la curatela ofrece un marco graduable y abierto en función de las necesidades y circunstancias de apoyo en la toma de decisiones. Se trata de hacer un traje a medida para cada persona y de hacer los trajes a medida que le hagan falta.

La eliminación de las instituciones sustitutivas de la capacidad de obrar y la adopción del nuevo sistema de apoyos requieren necesariamente una profunda reforma legislativa.

A las reformas sustantivas que afectarán al Código Civil se han de sumar las que han de quedar reflejadas en el Título I del Libro IV de la LEC pues requieren procesales de lo que vendrá a llamarse “proceso de modificación de la capacidad de las personas”. La regulación de este proceso especial al amparo del artículo 10 CE y de la Convención Internacional partirá de las siguientes premisas:

  • El respeto a la dignidad inherente de la personas, por lo que toda restricción de la capacidad de obrar ha de ser interpretada de forma restrictiva.
  • La discapacidad sólo puede ser causa de modificación de la capacidad de obrar, si impide a la persona autogobernarse.
  • La ineptitud para el autogobierno es circunstancial en el sentido de que, para su determinación habría que ponderar lo que hace ordinariamente la persona con discapacidad, lo que necesita hacer y lo que no puede hacer por sí misma.
  • En las áreas en las que no puede hacer o procurarse por sí mismo, ésta será el área de falta de autogobierno que ha de ser completada por la figura de apoyo o asistencia.
  • Deben arbitrarse medidas de asistencia y apoyo que tengan carácter puntual.
  • Las medidas de asistencia y apoyo han de ser flexibles e incluso de carácter mixto, esto es, que junto a las actuaciones o negocios con trascendencia jurídica en los que podría ser necesaria y estar justificada la representación de la persona protegida, pudieran darse otros en los que la protección se arbitrara mediante una medida de apoyo o incluso, sin necesidad de asistencia.
  • En el diseño de las medidas de apoyo se ha de procurar siempre que sea posible la intervención de la persona afectada para potencia su autonomía de la voluntad.
  • La decisión judicial de una medida de apoyo ha de diseñarse con un criterio finalista o funcional, partiendo no de la intensidad de la discapacidad de la persona sino para qué actos de trascendencia jurídica se solicita el apoyo.
  • Hacia un nuevo modelo de procesos judiciales de “modificación” de la capacidad de las personas. Distinción entre la causa y el motivo del proceso especial.
  • Garantizar la accesibilidad de las personas discapacitadas a las actuaciones jurisdiccionales.

En definitiva la Convención impone un reto al Legislador, a los operadores jurídico y al tejido social. El reto es: realizar un fuerte esfuerzo de creatividad para establecer normativamente las nuevas instituciones de protección de las personas con discapacidad, basadas en otros valores, principios y conceptos y contemplando en todo momento su dignidad y sus derechos humanos.

VI. Notas

[1] En este sentido hemos de citar la importante labor del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI). Para apoyar la participación española en el proceso de elaboración de la Convención, el Real Patronato sobre Discapacidad creó, en el marco de su Comisión de Legislación, la Subcomisión de Expertos sobre la Convención de la ONU, compuesta por expertos de diversos ámbitos (asociativo, académico y gubernamental). Los informes elaborados por la Subcomisión de Expertos sirvieron de base para el posicionamiento de España durante el proceso de negociación de la Convención. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, también participó activamente en el proceso tanto a través de la citada Subcomisión de Expertos como a través del Foro Europeo de la Discapacidad. Atendiendo a una demanda del CERMI, en las últimas fases de la negociación la representación gubernamental española incorporó en su delegación a una persona con discapacidad, Ana Peláez, Comisionada de Género del CERMI, consejera general de la ONCE y actualmente Vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Convención. [Volver]

[2] Como señala el profesor Francisco J. Bariffi (2009) “La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad se erige actualmente como el máximo estándar de protección universal de derechos humanos de las personas con discapacidad”. [Volver]

[3] Este texto fue publicado en el DOC nº 133 de 6 de junio de 2003. [Volver]

[4] El artículo 1 de la Convención Internacional hemos de ponerlo en conexión con los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 e incluso con los artículos 10.1 y 14 de la CE. También hemos de traer a colación en el mismo sentido los artículos 1 y 21 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. [Volver]

[5] Lo cierto es que desde el impulso del artículo 49 CE tanto el Legislador estatal como los autonómicos han dictado varias normas para el desarrollo de la discapacidad pasando de un modelo médico a un modelo social y de integración, superando el concepto de la persona con discapacidad como un mero demandante de servicios a un concepto activo, esto es, una persona con sus derechos e igualdad ante la ley. Sin ánimo de traer a colación todas las normas rectoras de esta materia si que merecen su cita algunas de ellas, tales como: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos; Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad; Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (conocida como la LIONDAU); la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de los discapacitados; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; la Ley 27/2007, de 23 de octubre, de Signos, y la reciente Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. [Volver]

[6] La Disposición Adicional 7ª de la Ley 26/2011 fue fruto de la Enmienda nº 19 del Grupo Popular en el Senado (cfr. BOCG-Senado de 5 de julio de 2011) relacionada con la adaptación al artículo 12 de la Convención Internacional. Esta enmienda se refería escuetamente a la “capacidad jurídica” de las personas con discapacidad. [Volver]

[7] El Comité de los derechos de las personas con discapacidad es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención. [Volver]

[8] Agustina Palacios (2008) ha descrito con gran nivel de detalle el proceso de negociación de este artículo, que constituye una de las disposiciones más complejas y vanguardistas de la Convención. [Volver]

[9] Esta Sentencia fue dictada en virtud del recurso de casación e infracción procesal interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 20 de marzo de 2006 desestimatoria del recurso de apelación formalizado contra la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Salamanca de 9 de julio de 2002 por la que se declaró incapaz de modo absoluto para regir su persona y administrar sus bienes a una persona y se nombraba tutoras a dos de sus hijas mediante una tutela conjunta y solidaria. [Volver]

[10] El día 1 de diciembre de 2011 el CGPJ ha firmado un convenio para colaborar en la puesta en marcha de un Observatorio sobre procesos de incapacidad destinado al análisis de las sentencias y del diagnóstico de los enfermos con discapacidad cognitiva. El objeto de este convenio es la elaboración de un proyecto de campo sobre el proceso de incapacitación, centrado en conocer el grado de satisfacción y los beneficios obtenidos con las sentencias. Se busca así dar a conocer a las autoridades los puntos fuertes y débiles de los actuales procesos de incapacitación y de la documentación especializada aportada en las causas judiciales. [Volver]

[11] Los artículos 202 a 214 fueron derogados por la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [Volver]

[12] La redacción de estos preceptos fue dada por la Ley 13/1983, de 24 de octubre, y afectados por la reforma introducida por la Ley 41/2003, de protección de los patrimonios de las personas con discapacidad. [Volver]

[13] Nos referimos a la tutela institucional por contraposición a la anterior tutela familiar recogida en la redacción originaria del Cc, antes de proceder a la reforma de estos preceptos acometida por la Ley 13/1983, de 24 de octubre. [Volver]

[14] Denominación empleada por Castro-Girona Martínez, A. “La Convención de los derechos de las personas con discapacidad y la actuación notarial: el Notario “ombudsman social”. [Volver]

  • ¿Quién puede realizar la gestión?
  • ¿Cuándo podrá la mutua realizar esta gestión?
  • ¿Qué asume la mutua cuando realiza esta gestión?
  • ¿Cuáles son sus nuevas funciones?
  • ¿Cuáles son sus obligaciones?
  • ¿Cuáles son las principales características?
  • ¿En qué momento se ejercita la opción?
  • ¿Qué puede contestar la mutua?
  • ¿En qué casos se puede negar la mutua?
  • ¿La empresa podrá contratar esta gestión con otra mutua o empresa privada?
  • ¿Cuál es la vigencia de este contrato?
  • ¿Cómo se formaliza la opción?
  • ¿Qué revisión médica puede realizar?
  • ¿Cuáles son los límites y condiciones de estas revisiones médicas?
  • ¿En qué consiste la prestación sanitaria?
  • ¿En qué consiste el control de los requisitos?
  • ¿Qué son los actos de declaración?
  • ¿Qué son los actos de determinación inicial, modificación o suspensión del subsidio?
  • ¿Qué son los actos de extinción del subsidio?
  • ¿Cuándo se pierde o se suspende el derecho?
  • ¿Quién tiene competencia para realizar una propuesta de alta?
  • ¿Cuándo podrán formular una propuesta de alta?
  • ¿A quién hay que remitir la propuesta de alta?
  • ¿Cuál es el plazo de resolución?
  • ¿Qué ocurre en caso de silencio o discrepancia médica?
  • ¿A quién realizarán la comunicación de alta médica?

¿Quién puede realizar la gestión?

La Seguridad Social, empresas colaboradoras y las MATEPSS. Las MATEPSS están autorizadas desde 1995, a realizar la gestión de la prestación económica de la I.T. siempre que el empresario lo concierte por escrito y previa consulta a los representantes de los trabajadores. Art. 69 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas Art. 35 Ley 42/1994.

 

¿Cuándo podrá la mutua realizar esta gestión?

Siempre que exista una petición de la empresa en este sentido la mutua estará obligada a asumirla. Art. 69 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas

Esta petición la realizará el empresario en el momento de formalizar con la MATEPPS la cobertura de las contingencias profesionales o cuando cumpla dicho concierto y su duración será la misma (anual). Por tanto sólo hay un día al año en que el empresario podrá realizar dicha contratación. Art. 35 Ley /1994. Ver Capítulo II.

 

¿Qué asume la mutua cuando realiza esta gestión?

Cuando la MATEPSS realiza la gestión asume: Arts. 71 y 72. R.D.1993/95 Reglamento Colab. Mutuas

  • El pago de la prestación económica por I.T. derivada de contingencias comunes, en lugar del INSS.
  • El coste de las gestiones administrativas que la mutua realice en relación con estas prestaciones.
  • El coste de los controles médicos de comprobación de la I.T.

¿Cuáles son sus nuevas funciones?

Las funciones de las MATEPPS en la gestión de ITCC son: Art. 35 Ley 42/94 Art. 82:

  • Gestión del subsidio por I.T. por enfermedad común a partir del día 16 de la baja, en lugar del INSS. R.D. 1993/85 Reglamento Colab. Mutuas
  • Prestación sanitaria a partir del día 16 de baja, con el consentimiento del trabajador/a y condicionado a la existencia de lista de espera en el Sistema Público. Art. 82 R.D. 576/97
  • Revisión del estado de salud del trabajador/a, mientras dure la baja, guardando la confidencialidad de los datos clínicos. El trabajador/a no se podrá negar a realizarla, la negativa infundada puede dar lugar a la propuesta de alta. Art. 3, 4 y 6 R.D. 576/97
  • Posibilidad de hacer propuesta de alta médica al Sistema Público de Salud. La Mutua no podrá dar el alta directamente.
  • Posibilidad de anular y suspender el pago de subsidio de baja por I.T. si no se cumplen: el período de carencia, el alta a la Seguridad Social o el estar al corriente de cotización. Art. 5 y 6 bis R.D. 575/97. En este último caso asumirá el subsidio el propio INSS, que demandará sus obligaciones a la empresa. Art. 80 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas

¿Cuáles son sus obligaciones?

Las MATEPSS tienen que cumplir una serie de obligaciones:

  • La petición de la empresa de contratar la gestión de la IT por contingencias comunes con la Mutua debe ir acompañada de un informe del Comité de Empresa y/o Delegado/a de Personal, informe que es preceptivo pero no vinculante para el empresario. Al no ser vinculante el mencionado informe del Comité de Empresa para el empresario, su inexistencia no supone la anulación del contrato pero sí un defecto de forma. En Cataluña la Inspección de Trabajo ha entendido que es una obligación de la Mutua controlar que el contrato se ajusta a la normativa por lo que ante la ausencia de informe, debiendo existir éste, ha procedido a sancionar a la empresa y a la Mutua. Art. 69, Art. 61.3 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas Art.3.3 R.D.575/97
  • Obligatoriedad de mantener la confidencialidad de los datos clínicos de los trabajadores/as. Art. 13.3 Orden 19-6-97
  • Informar a la comisión de control y seguimiento de la MATEPSS de su actividad. Art. 37 R.D. 993/95 Reglamento Colab. Mutuas
  • Incluir la actividad de gestión de la I.T. en los presupuestos de la mutua. Art. 73 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas

¿Cuáles son las principales características?

  • En este tipo de gestión, las mutuas tienen los mismos derechos que la SS y las entidades gestoras de la SS, excepto la posibilidad de dar el alta médica
  • Las mutuas, una vez recibida la notificación de baja harán la declaración del derecho al subsidio, previo examen o revisión médica del trabajador/a, y en consecuencia podrán:
    • Aceptar, denegar, suspender, anular o extinguir el subsidio por I.T. a lo largo de todo el proceso de baja.
  • Cuando la mutua declare improcedente la baja, percibirá las cantidades indebidamente abonadas al trabajador/a, es decir, el trabajador deberá devolver el dinero percibido.
  • Las mutuas podrán solicitar a la Inspección de la Seguridad Social el alta del trabajador/a.
  • Los partes de confirmación mensuales deberán ir acompañados de un parte de exploración del médico de cabecera, con diagnóstico, marcha del tratamiento y previsión de duración de la baja.
  • En el caso de que el trabajador que se encuentra en estado de I.T. finalice su contrato de trabajo, la MATEPSS seguirá controlando el estado de esa baja (por ejemplo. mediante revisiones médicas, posibilidad de realizar propuesta de alta, etc.), aún después de la fecha de finalización del contrato.

¿En qué momento se ejercita la opción?

Cuando el empresario opte por formalizar la protección respecto de las contingencias de AATT y EEPP de su personal con una MATEPSS, podrá asimismo, realizar una petición para que la cobertura de la prestación económica por I.T. derivada de contingencias comunes de ese mismo personal, se lleve a efecto por la misma mutua. (Mediante anexo al documento de asociación). Art. 69 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas.

Sólo podrá optarse a esta gestión en el momento del contrato o del vencimiento de las contingencias comunes. Esta situación sólo ser da una vez al año. Ver Capítulo XIII.

 

¿Qué puede contestar la mutua?

Esta opción deberá aceptarse obligatoriamente por la mutua, y comprenderá a la totalidad de los trabajadores/as de las actividades y centros de trabajo de la empresa. Art. 69 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas.

 

¿En qué casos se puede negar la mutua?

La mutua podrá negarse a realizar esta gestión económica de la IT por CC cuando la empresa no quiera incluir a la totalidad de los/as trabajadores/as a su servicio.

 

¿La empresa podrá contratar esta gestión con otra mutua o empresa privada?

La empresa NO podrá contratar la ITCC con una mutua diferente a la que ya está cubriendo las contingencias profesionales. Tampoco podrá contratar este servicio, en ningún caso, con una empresa privada. Art. 69 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas.

 

¿Cuál es la vigencia de este contrato?

La vigencia de la gestión económica de la IT por CC será la misma que la del documento de asociación con la mutua. Esto quiere decir que se mantendrá por un período de un año, entendiéndose prorrogada tácitamente por períodos anuales. Art. 69 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas.

No obstante, el empresario podrá renunciar a esta cobertura por la mutua, a cuyo efecto cursará a la mutua notificación, que deberá realizarse debidamente y con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de vencimiento del convenio de asociación. Ver Capítulo II.

Realizada esta renuncia, el empresario no podrá acogerse nuevamente a la cobertura por la mutua de la prestación económica por I.T. por contingencias comunes de su personal, hasta el próximo vencimiento de su convenio de asociación, en cuyo momento podrá efectuar nueva comunicación a la entidad, también con una antelación mínima de un mes a la fecha de dicho vencimiento" .

 

¿Cómo se formaliza la opción?

La opción se formaliza a través de un "anexo al documento de asociación" del empresario a la mutua, y en el que se recogen los derechos y obligaciones del empresario y la entidad. Art. 70 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas

Una vez formalizada la cobertura, la mutua asumirá la gestión de la prestación económica de I.T. por contingencias comunes del personal al servicio de sus asociados, en los mismos términos y con igual alcance que las entidades gestoras de la SS. Ver Capítulo XIII

En el momento de formalizar esta cobertura con una MATEPSS, el empresario deberá entregar a la entidad informe emitido al respecto por le comité de empresa o delegado/a de personal, salvo que no existiesen dichos órganos. Art. 69.3 y 61.3 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas.

 

¿Qué revisión médica puede realizar?

Las mutuas que gestionan la I.T. por contingencias comunes, a partir del día 16 de la baja pueden disponer que los trabajadores/as que se encuentren en situación de I.T. sean reconocidos por sus servicios médicos. Art. 6 R.D. 575/97

Si el trabajador/a se niega a pasar esta revisión médica, dicha negativa puede dar lugar a una propuesta de alta. Esta propuesta se remitirá a través de la Inspección Médica de los servicios públicos de salud, al facultativo del servicio público de salud, para que se pronuncie respecto a la misma. Si éste no lo hace, y la Inspección Médica lo considera conveniente, ésta puede acordar el alta o la continuación de la baja.

 

¿Cuáles son los límites y condiciones de estas revisiones médicas?

  • Los reconocimientos médicos de la MATEPSS sólo podrán practicarse a partir del día 16º de baja, que es el día en el cual la entidad que gestiona la I.T. asume el pago del subsidio. Art. 20.4 R.D.L. 1/1995 E.T.
    • En los primeros 15 días de baja, los reconocimientos médicos se pueden realizar a instancia del empresario, y su coste corre a su cargo. Art. 3 R.D. 575/97
    • En los reconocimientos médicos, siempre se ha de cumplir rigurosamente con la obligación de guardar la confidencialidad de los datos médicos de la persona. A nivel normativo existe la posibilidad de negociar el tratamiento codificado de datos. Art. 3 R.D. 575/97
  • Los reconocimientos médicos deben basarse en los datos que fundamenten el parte médico de baja y los partes de confirmación de la baja, así como en los derivados específicamente de los últimos reconocimientos y dictámenes realizados por el personal médico del servicio público de salud y/o mutua. Art. 3 R.D. 575/97
  • Para que los reconocimientos médicos cuenten con el mayor respaldo técnico posible, se pondrá a disposición de los médicos a los que competen dichas actuaciones tablas de duración media de las distintas patologías susceptibles de generar incapacidades laborales. Art. 3 R.D. 575/97
  • Los reconocimientos médicos se podrán realizar en los siguientes lugares:
    • El domicilio del trabajador/a, en caso de que éste/a voluntariamente así lo acepte
    • Las instalaciones de la mutua.
    • Las instalaciones de la empresa.
    • En unas instalaciones adecuadas para la realización de dicho reconocimiento.

¿En qué consiste la prestación sanitaria?

Cuando la MATEPSS tiene encomendada la gestión económica de la IT por CC, a partir del día número de 16 de la baja, puede ofrecer asistencia sanitaria al paciente, con la finalidad de adelantar la curación y por tanto el alta médica.

Esta asistencia sanitaria, en todos los casos, debe contar con el consentimiento del trabajador/a, y siempre es voluntaria.

Esta asistencia sanitaria, suele traducirse en adelantar la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos de rehabilitación, intervenciones quirúrgicas...

 

¿En qué consiste el control de los requisitos?

Cuando la mutua tenga la gestión económica de I.T. por contingencias comunes, será la competente para realizar los actos de declaración, denegación, extinción, modificación, anulación y suspensión del subsidio de I.T. Art. 80 R.D. 1993/95 Reglamento Colab. Mutuas Modificado mediante R.D. 576/97

Estos actos, deberán ser siempre motivados y por escrito, quedando condicionada la eficacia de los mismos a la notificación a los beneficiarios, así como a sus empresarios, además de contar con la aprobación expresa del Sistema Público cuando dichos actos requieran el alta correspondiente.

 

¿Qué son los actos de declaración?

La mutua declarará el derecho al subsidio, una vez examinada la concurrencia de los hechos que constituyen la situación legal de I.T. y de los requisitos que condicionan el nacimiento del derecho. Art. 80.1 R.D. 576/97

Los requisitos para que nazca el derecho son:

  • Estar en situación de alta en el momento del hecho causante.
  • Que el empresario esté al corriente de pago de cuotas.
  • Que el trabajador/a tenga el tiempo de carencia suficiente (el requisito de carencia para esta prestación es tener cotizados 180 días en los 5 años anteriores). Art. 81 R.D. 576/97

¿Qué son los actos de determinación inicial, modificación o suspensión del subsidio?

Las cantidades que perciba el trabajador/a en concepto de subsidio de I.T. tendrán carácter de provisionales durante el plazo de 2 meses, contado desde la fecha en que se efectuó la liquidación y pago. Art. 81 R.D. 576/97

Al transcurrir estos 2 meses, adquiere el carácter de definitivo, excepto en los casos en que la mutua, con anterioridad a la finalización del mismo, realice el reconocimiento de derecho expresamente.

Durante este plazo las mutuas podrán dictar actos por los que determinen inicialmente y con carácter provisional el importe del subsidio. Art. 113 bis LGSS.

Durante este período se podrán realizar modificaciones en la cuantía de la prestación o suspensión del pago de la prestación económica. Art. 80.2 R.D. 576/97.

 

¿Qué son los actos de extinción del subsidio?

El derecho al subsidio por I.T. se extinguirá por las siguientes causas:

  • Por invalidez. Art. 113 bis LGSS
  • Por ser dado de alta médica el trabajador/a con efectos del día siguiente al de su expedición, salvo que dicha fecha sea festivo o víspera de festivo, en cuyo caso el derecho se mantendrá en tales días. Art. 80.2 R.D. 576/97
  • Por haber sido reconocido al beneficiario el derecho al percibo de la pensión de jubilación.
  • Por fallecimiento del trabajador/a.

¿Cuándo se pierde o se suspende el derecho?

El derecho al subsidio por I.T. podrá ser denegado, anulado o suspendido: Art. 132 LGSS

  • Por actuación fraudulenta del beneficiario para obtener o conservar el subsidio.
  • Por trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción del subsidio.

¿Quién tiene competencia para realizar una propuesta de alta?

Las entidades competentes para realizar las propuestas de alta son: Arts. 5 y 6 bis. R.D. 575/97

  • Las entidades gestoras de la S.S. Arts. 14 y 15. Orden 19 de junio de 1997
  • Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

¿Cuándo podrán formular una propuesta de alta?

Se podrá formular la propuesta motivada de alta médica cuando consideren, las entidades gestoras y las mutuas, que el trabajador/a puede no estar impedido para el trabajo, a la vista de los datos contenidos en: Arts. 5 R.D. 575/97

  • Partes de baja.
  • Partes de confirmación.
  • Informe médico complementario.
  • Informe de control.

No es posible realizar una propuesta de alta motivada, sin haber tenido un contacto previo con el paciente.

 

¿A quién hay que remitir la propuesta de alta?

Se debe remitir a las unidades de inspección médica de los servicios públicos de salud, para su entrega a los facultativos o servicios médicos correspondientes. Arts. 5.2 R.D. 575/97.

 

¿Cuál es el plazo de resolución?

Las unidades de inspección médica de los servicios públicos de salud, harán llegar las propuestas de alta médica a los facultativos o servicios médicos correspondientes, y estos, tendrán un plazo de 10 días para pronunciarse sobre: Arts. 5.2 R.D. 575/97

  • La confirmación de la baja médica, señalando las atenciones o controles médicos accesorios.
  • Admitir la propuesta de alta, expidiendo el parte de alta médica". Arts. 5.2 R.D. 575/97

¿Qué ocurre en caso de silencio o discrepancia médica?

En ese caso, la Inspección Médica podrá acordar:

  • La confirmación de la baja médica, y comunicará, en todo caso y dentro del plazo de los 5 días siguientes, la actuación realizada a la entidad gestora o a la MATEPSS, según corresponda.
  • El alta médica, efectiva e inmediata, y comunicará, en todo caso y dentro del plazo de los 5 días siguientes, la actuación realizada a la entidad gestora o a la MATEPSS según corresponda. Arts. 5.2 R.D. 575/97

¿A quién realizarán la comunicación de alta médica?

Si se acuerda el alta médica, ya sea por los facultativos o servicios médicos correspondientes, o bien por la Inspección Médica del correspondiente Servicio Público de Salud, se deberá comunicar la misma a:

  • Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
  • Trabajador/a.
  • Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la SS.

Índice de preguntas y respuestas frecuentes Página de las siguientes preguntas y respuestas frecuentes

  • ¿Quién tiene derecho a la prestación?
  • ¿Qué situaciones protege?
  • ¿Cuál es la prestación económica?
  • ¿Y si en las causas del AATT o la EEPP ha habido una infracción por parte del empresario?
  • ¿Y quién pagará ese recargo en la prestación?
  • ¿Quién tiene competencia para declarar y cuantificar el recargo en la prestación?
  • ¿Cuándo se tiene derecho a la prestación?
  • ¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar la situación de I.T.?
  • ¿Cuándo puede prorrogarse los efectos de la I.T.?
  • ¿Cuáles son los efectos de las prórrogas?
  • ¿Cuándo se acaba la situación de I.T.?
  • ¿Cuándo se puede perder el derecho a la prestación?
  • ¿Quién es el encargado de conceder la prestación económica por I.T.?
  • ¿Quién debe pagar la prestación?

¿Quién tiene derecho a la prestación?

Las personas integradas en el régimen general de la SS que reúnan los siguientes requisitos: Art. 130 LGSS

Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta en la fecha del hecho causante, mientras reciban asistencia sanitaria de la SS y estén impedidas para el trabajo. Si la incapacidad deriva de AATT o EEPP, se considerarán de pleno derecho afiliados/as y en alta, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones.

Tener cubierto un período de cotización de:

  • En caso de enfermedad común, 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Art. 130 a LGSS
  • En caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se exige período previo de cotización. Art. 130 b LGSS

¿Qué situaciones protege?

Las situaciones protegidas son las siguientes:

  • Las debidas a enfermedad, comunes o profesionales, y a accidente, sean o no de trabajo, mientras el trabajador/a esté impedido para el trabajo y reciba asistencia sanitaria. Art. 128.1 a y b LGSS
  • Los períodos de observación por enfermedad profesional, en los que se prescriba la baja en el trabajo.

¿Cuál es la prestación económica?

En el caso de trabajadores/as afiliados/as al régimen general, la prestación consiste en un subsidio cuya cuantía está en función de la base reguladora y de los porcentajes aplicables a la misma: Art. 129 LGSS

Base reguladora :

Es el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador/a en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la incapacidad por el número de días a que dicha cotización se refiere.

Base Reguladora: Base de cotización del mes anterior / Nº de días a que se refiere el mes

El divisor será concretamente: 30, si el trabajador/a tiene salario mensual y 30, 31, 28 ó 29 si tiene salario diario.

No obstante, si el trabajador/a ingresa en la empresa en el mismo mes en que se inicia la incapacidad, se tomará para el cálculo la base de cotización de dicho mes, dividida por los días efectivamente cotizados. Se tomará como divisor los días efectivamente trabajados.

Porcentajes y prestación económica:

En caso de enfermedad común o accidente no laboral:

  • Los 3 primeros días no están cubiertos por el sistema.
  • Desde el día 4 hasta el 20 inclusive corresponde el 60% de la base reguladora
  • Desde el día 21 en adelante corresponde el% de la base regulador

En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional:

  • El día del accidente o la enfermedad el salario íntegro a cargo del empresario.
  • Desde el día siguiente a la baja el 75% de la base reguladora

ATENCIÓN: Tanto para contingencias comunes y/o profesionales, la cuantía de estas prestaciones puede verse mejorada mediante la negociación colectiva.

 

¿Y si en las causas del AATT o la EEPP ha habido una infracción por parte del empresario?

En el caso de que una de las causas del A.T. o la E.P. esté en la falta de medidas de prevención o protección por parte del empresario, todas las prestaciones económicas que pudieran derivarse de ese AATT o EEPP, se incrementarán según la gravedad de la infracción de un 30 a un 50 por 100. Art. 123 LGSS.

 

¿Y quién pagará ese recargo en la prestación?

La responsabilidad del pago del recargo recae directamente sobre la empresa infractora y no puede ser objeto de seguro alguno. Art. 123.2 LGSS Esta responsabilidad es independiente y compatible con responsabilidades de otro orden, penal o civil, que puedan derivarse de la infracción.

 

¿Quién tiene competencia para declarar y cuantificar el recargo en la prestación?

La Dirección Provincial del INSS es la competente para declarar y determinar en vía administrativa la responsabilidad y alcance del recargo, previo informe de la Inspección de Trabajo.

 

¿Cuándo se tiene derecho a la prestación?

  • En caso de enfermedad común o accidente no laboral, desde el cuarto día de la fecha de baja en el trabajo , puesto que los tres primeros días son a cargo del propio trabajador/a. Art. 131.1 LGSS
  • En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día del accidente.

Atención:

  • Estas prestaciones pueden verse mejoradas por la negociación colectiva.
  • El derecho al subsidio NO nace durante las situaciones de huelga o cierre patronal, puesto que se considera una suspensión temporal del contrato de trabajo. Art. 131.3 LGSS

¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar la situación de I.T.?

En caso de accidente o enfermedad, sea por causa común o causa profesional:

  • El tiempo máximo son 12 meses prorrogables por otros 6 cuando se presuma que durante esta prórroga es posible el alta médica por curación. A efectos del cómputo del período máximo de duración y de su posible prórroga, se sumarán los periodos de recaída y de observación, si los hubiera habido. (Total 12+6= 18 meses). Art. 128.1 a LGSS
  • En caso de períodos de observación por enfermedad profesional, seis meses prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. (Total 6+6= 12 meses). Art. 128.1b LGSS

¿Cuándo puede prorrogarse los efectos de la I.T.?

Si no hay alta médica y NO hay posibilidad de mejora, (Total 18+3 = 21 meses) Art. 131 bis LGSS

Cuando la incapacidad temporal se extinga por agotamiento del plazo máximo de duración de 18 meses, el INSS examinará necesariamente, en el plazo máximo de 3 meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado que corresponda, como incapacidad permanente.

Si no hay alta médica, pero SI hay posibilidad de mejora, (Total 18+12 = 30 meses) Art. 131 bis LGSS

Cuando, continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la calificación, ésta podrá retrasarse por el período preciso que, en ningún caso, podrá rebasar los 30 meses siguientes a la fecha de iniciación de la incapacidad temporal. En este caso, TODOS los efectos de la situación de incapacidad temporal (prestación económica, duración máxima) se prorrogarán hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente.

Esta prórroga, en la que sí hay posibilidad de mejora, requerirá, como condición previa, el oportuno dictamen de los servicios médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que se señale la conveniencia de no proceder de inmediato a la calificación de la incapacidad permanente, atendida la situación clínica del interesado y la necesidad de continuar con el tratamiento médico prescrito.

 

¿Cuáles son los efectos de las prórrogas?

Cuando la extinción se haya producido por agotamiento del plazo máximo o por alta médica con declaración de incapacidad permanente, los efectos de la situación de incapacidad temporal se prorrogarán, hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente (entendiéndose producida la calificación en la fecha de la resolución del director provincial del INSS), en cuya fecha se iniciarán las prestaciones económicas de la invalidez correspondiente, salvo que las mismas sean superiores a las que venía percibiendo el trabajador, en cuyo caso se retrotraerán aquéllas al momento en que se haya agotado la incapacidad temporal.

Durante estos períodos de prórroga de efectos no existe la obligación de cotizar.

Ejemplo gráfico de lo explicado anteriormente sobre los efectos de las prórrogas, con enlace a otra página con la descripción

¿Cuándo se acaba la situación de I.T.?

  • Cuando transcurre el plazo máximo establecido para la situación de incapacidad temporal de que se trate. Art. 131 bis LGSS
  • Cuando se produce el alta médica del trabajador, con o sin declaración de incapacidad permanente.
  • En caso de que se reconozca la pensión de jubilación.
  • En caso de que se produzca el fallecimiento del trabajador/a.

¿Cuándo se puede perder el derecho a la prestación?

  • Por actuación fraudulenta del beneficiario para obtener o conservar el subsidio.
  • Por trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción del subsidio. Art. 132 LGSS
  • Por rechazar o abandonar el tratamiento sin causa razonable.

¿Quién es el encargado de conceder la prestación económica por I.T.?

El reconocimiento del derecho a percibir la prestación económica por IT corresponde a:

  • El INSS: cuando la situación derive de enfermedad común, accidente no laboral y de situaciones de alta de pleno derecho.
  • La Mutua, cuando el empresario opte por formalizar la gestión económica de la I.T., derivada de contingencias comunes, con la misma mutua con la que formalice la protección de las contingencias profesionales. Si bien es el Sistema Público de Salud el encargado de dar la baja y el alta en contingencias comunes a todos los efectos.
  • El INSS cuando la situación de derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional y el empresario no esté asociado a una Mutua.
  • La MATEPSS, cuando derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional y el empresario esté asociado a una Mutua.
  • A las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión del régimen general, cuando la causa corresponda a las contingencias a las que se refiere su colaboración.

¿Quién debe pagar la prestación?

  • La prestación corre a cargo del INSS, MATEPPS o empresa autorizada para colaborar en la gestión (según quién tenga la cobertura).
  • El abono de la prestación económica se efectúa por la empresa con la misma periodicidad que los salarios, en virtud de la colaboración de las empresas en la gestión del régimen general de la Seguridad Social (pago delegado). Art. 131 LGSS
  • En los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo, ambos inclusive, se atribuye al empresario. A partir del día 16 de baja, la responsabilidad del abono incumbe al INSS o a la MATEPSS, en su caso, aun cuando la materialidad del pago se continúe llevando a cabo en concepto de pago delegado por el mismo empresario. Art. 131 bis LGSS.
  • ¿Qué se entiende por accesibilidad?
  • ¿En qué normas se recoge la regulación jurídica de la accesibilidad?
  • La accesibilidad en los edificios en régimen de propiedad horizontal
  • La accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y edificaciones
  • La accesibilidad en las relaciones con la administración general del estado
  • La accesibilidad referida al ejercicio del derecho al voto
  • La accesibilidad referida a la sociedad de la información y los medios de comunicación social
  • La accesibilidad en los transportes

1.- ¿Qué se entiende por accesibilidad?

Se puede entender la accesibilidad como la posibilidad de tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía.

En este sentido, se puede hablar de:

  • Accesibilidad urbanística, referida al medio urbano o físico.
  • Accesibilidad arquitectónica, referida a edificios públicos y privados.
  • Accesibilidad en el transporte, referida a los medios de transporte públicos.
  • Accesibilidad en la comunicación, referida a la información individual y colectiva.

2.- ¿En qué normas se recoge la regulación jurídica de la accesibilidad?

El artículo 9 de la Constitución Española exige a los poderes públicos garantizar el máximo bienestar de vida a todos los ciudadanos, facilitando a su vez su participación en la vida política, económica, cultural y social. Asimismo, la Constitución, en su artículo 49, teniendo en cuenta la existencia en nuestra sociedad de un círculo considerable de ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, preconiza una política de previsión e integración de dichas personas.

Por otra parte, el artículo 148.1.3.º y 20.º del Texto Constitucional atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de asistencia social. En virtud de tales competencias casi todas ellas han establecido normativa que garantiza, en mayor o menor medida, la accesibilidad en las ciudades, las edificaciones, el transporte y la comunicación, siendo la normativa básica al respecto la siguiente:

  • Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad del País Vasco
  • Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción a la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Cataluña, desarrollada por Decreto 135/1995, de 24 de marzo
  • Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, desarrollada por Decreto 35/2000, de 28 de enero
  • Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía
  • Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras de Asturias, desarrollada por Decreto 37/2003, de 22 de mayo
  • Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación de Cantabria
  • Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad de La Rioja, desarrollada por Decreto 19/2000, de 28 de abril
  • Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad general de la Región de Murcia, que, hasta la aprobación de su propio Reglamento, ha de entenderse desarrollada por Decreto 39/1987, de 4 de junio
  • Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación de la Comunidad Valenciana, desarrollada por Decreto 39/2004, de 5 de marzo
  • Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación de Aragón, desarrollada por Decreto 19/1999, de 9 de febrero
  • Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, desarrollada por Decreto 158/1997, de 2 de diciembre
  • Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de Canarias, desarrollada por Decreto 227/1997, de 18 de septiembre
  • Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, desarrollada por Decreto 8/2003, de 28 de enero
  • Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas de las Islas Baleares, desarrollada por Decreto 20/2003, de 28 de febrero
  • Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, desarrollada por Decreto 13/2007, de 15 de marzo
  • Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León, desarrollada por Decreto 217/2001, de 30 de agosto
  • Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales de Navarra

Todas estas disposiciones, así como su normativa de desarrollo, están disponibles para su consulta en el apartado Legislación de discapnet.

En lo que a la normativa estatal se refiere, debe mencionarse una norma de especial relevancia a estos efectos, como es la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE de 3 de diciembre de 2.003). En desarrollo de las previsiones contenidas en su artículo 10 y, en cumplimiento del mandato recogido en diferentes Disposiciones Finales, durante el año 2.007 se aprobaron disposiciones tan relevantes en este ámbito como:

  • El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, desarrollado por Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero.
  • El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
  • El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
  • El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Centrándonos en la accesibilidad en edificios, merecen destacarse:

  • El Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios (BOE de 23 de mayo de 1.989), en el que se establecen una serie de medidas mínimas que deben garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, sólo resulta aplicable en ausencia de normativa autonómica, por lo que tiene escasa relevancia práctica.
  • La Ley 15/1995, de 30 de mayo, por la que se establecen límites al dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, cuya regulación se explica con detalle en la pregunta 3.6.

3.- La accesibilidad en los edificios en régimen de propiedad horizontal

3.1.- ¿Qué se necesita para instalar elementos que faciliten la movilidad de las personas discapacitadas - un ascensor o una rampa - en un edificio en régimen de propiedad horizontal?

Desde la reforma de la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal (BOE de 23 de julio de 1.960), llevada a cabo en el año 2003, la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, es decir, de la configuración inicial del edificio en conjunto y de cada piso o local en particular, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Esto quiere decir que exige una doble mayoría. En primer lugar de propietarios; esto es, si son 7 propietarios, deberían estar a favor, como mínimo 4. En segundo lugar, de cuotas. Cuando se construye una casa de pisos, cada uno de ellos cuenta con una participación en los elementos comunes de la totalidad del inmueble, participación que se determina con un porcentaje. Dicha cuantía viene en la escritura de cada uno de los pisos. Hace falta que el porcentaje sumado de las personas que quieren instalar el ascensor o la rampa alcance, como mínimo, el 51%.

El camino a seguir sería solicitar mediante un escrito al Presidente de la Comunidad, del que habrá que quedarse con una copia firmada que acredite la recepción por éste, que, conforme al artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, la Junta de propietarios habría de estudiar y pronunciarse sobre la instalación de un ascensor o de una rampa. El presidente estará obligado a incluir dicha mención en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre.

Tal como se encarga de establecer la Ley en su artículo 17.1, ”Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los propietarios”. Esto quiere decir que si la mayoría de los vecinos están de acuerdo en instalar un ascensor o una rampa, por ejemplo, dicho acuerdo obliga al resto de los copropietarios.

A estos efectos, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la Comunidad en el plazo de treinta días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.

Una vez tomado el acuerdo, debe cumplirse pues, conforme establece la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 18.4, los acuerdos de la Junta de Propietarios son ejecutivos. Por tanto, existiendo el acuerdo de la instalación del ascensor o la rampa, deberá requerirse al Presidente de la Comunidad para que se ejecute el acuerdo tomado. Asimismo, sería interesante solicitar un certificado del contenido concreto del acuerdo.

En el caso en que la Comunidad no hiciera nada, el paso siguiente sería acudir ante el juez para que obligase a la citada Comunidad a hacer la obra. Sin embargo, se trataría de un proceso lento y que tendría costes, y aunque se terminase ganando (lo cual es lo normal), se retrasaría el proceso de instalación.

Así, la medida más rápida y efectiva sería denunciar este hecho al Servicio de Urbanismo Municipal de la Localidad donde se resida. Asimismo, denunciar dicho hecho ante la Consejería de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de residencia. Esto es así, ya que existe normativa sectorial que regula la eliminación de barreras arquitectónicas. A través de la vía administrativa, que podría llegar a la imposición de sanciones a la Comunidad, se podría “motivar” a esta a la instalación de la rampa o ascensor.

Por otra parte, si se convoca la Junta de Propietarios y ésta vota en contra de la propuesta de instalación, el paso a realizar sería impugnar judicialmente el acuerdo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 49/1960, solicitando al juez la anulación del acuerdo y que se declare la obligación de realizar la instalación del ascensor o de la rampa.

3.2.- ¿Es necesario contar con un determinado porcentaje de minusvalía para exigir la instalación de elementos que faciliten la accesibilidad?

Ni la Ley de Propiedad Horizontal ni en la normativa autonómica se establece la necesidad de una determinada minusvalía para poder instalar este tipo de elementos. Estos pueden ser instalados por la mera conveniencia o comodidad para los propietarios de un inmueble.

Ahora bien, en caso de falta de acuerdo entre estos y, de cara a la utilización de los recursos legales previstos en casos de discapacidad, se considera que valdría únicamente con contar con una minusvalía declarada de al menos el 33 %.

3.3.- ¿Quién ha de pagar la instalación del ascensor o la rampa?

Conviene tener presente, a este respecto, las previsiones contenidas en la Ley de Propiedad Horizontal (tras la modificación operada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) en relación con esta cuestión. Esta norma establece en su artículo 10.2. que:

“Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.”

Es decir, la Comunidad está obligada a realizar y costear obras de accesibilidad solicitadas por personas discapacitadas o mayores de 70 años siempre y cuando el coste de las mismas no supere las tres mensualidades de gastos comunes. ¿Qué ocurre si las obras superan ese coste?.

El artículo 11.3 de la misma Ley establece que:

“Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedara obligada al pago de los gastos aun cuando su importe exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.”

Es decir, si el coste de las obras supera las tres mensualidades de gastos comunes, la comunidad quedará obligada igualmente a realizar y costear las obras de accesibilidad siempre que haya un acuerdo válidamente adoptado al respecto. En este sentido, el artículo 17.1.ª, párrafo tercero, de la Ley establece que:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley , la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con minusvalía, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.”

Es decir, bastaría que suscribieran el acuerdo una mayoría de propietarios que, a su vez, representaran el 51 % de cuotas de participación (Cuando se construye una casa de pisos, cada uno de ellos cuenta con una participación en los elementos comunes de la totalidad del inmueble, participación que se determina con un porcentaje. Dicha cuantía viene en la escritura de cada uno de los pisos).

Por otra parte y, conforme a lo establecido en el artículo 9 e) de la misma Ley, los propietarios deberán contribuir a financiar la instalación “con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”. Esto quiere decir que se debe pagar conforme al porcentaje establecido en la escritura de división horizontal de la casa, siendo ilegal el pacto de establecer un sistema de pagos diferenciado para el ascensor o la rampa.

En el caso de los ascensores, suele suceder que los vecinos propietarios de pisos bajos de las casas o de las primeras plantas, muchas veces no tienen inconveniente a que se instale el ascensor, ya que en principio no lo utilizarían (caso de las plantas bajas), pero lo que no quieren es pagar. Tal como le hemos dicho, el acuerdo de instalación obliga a todos los propietarios a pagar, pero algunas comunidades llegan a algún tipo de acuerdo con los propietarios que no quieren pagar, mediante el cual estos dan su consentimiento a la obra, pero no pagan. En algunos casos lo que se suele hacer es instalar una llave en el ascensor, de forma que éste sólo funcione si la persona tiene la llave. Ésta se le entrega a los propietarios que han pagado, y si alguna persona que no pagó, en su día quiere incorporarse, se le liquidaría la parte que debiera haber pagado (art. 11 LPH), y se incorpora al uso del ascensor.

En definitiva, el pago debería distribuirse conforme al sistema de porcentaje establecido en la escritura de división horizontal, o en su defecto por las normas generales de la Comunidad. En principio, sería ilegal la modificación de dichas cuotas.

3.4.- Una vez acordada por la Comunidad la instalación de un ascensor o rampa, ¿Qué trámites son los siguientes?

Una vez adoptado el acuerdo de instalación de un ascensor debe realizarse un proyecto de obra, firmado por Arquitecto o Arquitecto Técnico. Los servicios competentes del Ayuntamiento de que se trate, a la vista del mencionado proyecto, concederán, o no, la licencia de obra. Es decir, la licencia de obra es posterior al acuerdo de instalación del ascensor.

Si se aprueba en la Junta de Propietarios la instalación de un ascensor, y el Ayuntamiento concede la correspondiente licencia de obra, los propietarios que se oponen no podrían hacer nada. No podrían denunciar la obra al Ayuntamiento, ya que éste la ha autorizado, y las molestias que se les causen deberían soportarlas, conforme establece el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Normalmente y, en relación con la con la instalación de ascensores, se suele plantear el problema de la reducción del hueco de la escalera. En cuanto a las dimensiones de ésta, en principio, las normas técnicas de la edificación, establecen que debe tener una anchura mínima de 100 cms. Sin embargo, y así lo constata la propia experiencia, en algunos casos los Ayuntamientos han concedido licencia para reducir la escalera, incluso hasta a 90 cms., si con ello se facilitaba la instalación de ascensores para personas ancianas o discapacitadas. Especialmente en los supuestos en los que existen empresas que construyen ascensores a medida para casas que instalan dichos aparatos a posteriori, una vez construidas las casas. Incluso, los Ayuntamientos conceden licencia para instalar ascensores pequeños, donde no llega a entrar una silla de ruedas, porque tienen la consideración que un ascensor pequeño es mejor que no tener ascensor.

3.5.- ¿Qué ocurre si, para instalar un ascensor, hay que invadir parte de una vivienda particular?

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal efectuada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, favorece la instalación de ascensores, si bien aún se plantean algunos problemas cuando dicha instalación requiere “expropiar” parte de la vivienda de otros propietarios.

Con carácter general, conforme al artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Sin embargo, las obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirán solamente el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Por tanto, con carácter general, la instalación de un ascensor necesitaría únicamente la mayoría de los propietarios.

Ahora bien, el propio articulo 17.1 LPH se encarga de establecer una mención: “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta Ley”.

Concretamente, en el artículo 10 se determina que será obligación de la Comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad. Asimismo, la Comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Dado que la instalación de un ascensor excede el importe superior a tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, sería de aplicación el artículo 11 LPH.

Así, en el apartado tercero de dicho artículo se establece que cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la Comunidad quedará obligada al pago de los gastos aun cuando su importe exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Sin embargo, en el apartado siguiente se establece que las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.

Por tanto, aunque conforme al artículo 17.1 LPH bastase únicamente el voto afirmativo de la mayoría de los propietarios que a su vez fuesen mayoría de cuotas de participación para instalar el ascensor, es requisito si ne qua non el consentimiento expreso de los propietarios de las viviendas que resulten afectadas por la instalación.

¿Qué podría hacer la Comunidad?

Normalmente, lo que se suele hacer es tasar por una inmobiliaria o por una sociedad de tasación los metros afectados, e indemnizar al propietario en cuestión. Ahora bien, si los propietarios no quisieran vender, o si pidieran un precio desproporcionado, poco se podría hacer. Esto es así porque legalmente no se puede obligar a un propietario a sufrir esa merma o “expropiación” de su propiedad.

¿Cuál sería la única vía de actuación?

Convocar una Junta General Extraordinaria que llevara como único punto del orden del día “instalación de ascensor: medidas a adoptar”. En esa Junta a la que deberían ser citados todos los propietarios se estudiarían los presupuestos del ascensor y se ofrecería a los propietarios de los locales afectados la indemnización por la obra a realizar; si estos la rechazaran por insuficiente, o pidieran mayor cantidad; no habría acuerdo. En tal caso, sólo quedaría la posibilidad, incierta en su resultado, de impugnar el acuerdo de la Comunidad, solicitando al Juez que declarase la obligación de los dueños de las viviendas afectadas de ceder la parte necesaria de las mismas para la instalación del ascensor.

3.6.- ¿Hay alternativas a la negativa de la Comunidad de Propietarios de instalar el ascensor o la rampa?

En el caso en que no se pueda aprobar la instalación del ascensor o la rampa, con carácter general, puede recurrirse a lo establecido por la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad (BOE de 31 de mayo de 1.995).

Dicha Ley se aplica a las obras de adecuación de fincas urbanas ocupadas por personas minusválidas que impliquen reformas en su interior, si están destinadas a usos distintos del de la vivienda, o modificación de elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la instalación de dispositivos electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior.

Dentro del campo de aplicación se encuentran las personas con discapacidad, pero se establece expresamente que son directamente aplicables por los mayores de setenta años sin que sea necesario que acrediten su discapacidad con certificado de minusvalía.

Los requisitos materiales se encuentran en su artículo 3:

  • a) Ser el titular o el usuario de la vivienda una persona con disminución permanente para andar, subir escaleras o salvar barreras arquitectónicas, se precise o no el uso de prótesis o de silla de ruedas.
  • b) Ser necesarias las obras de reforma en el interior de la finca urbana o en los pasos de comunicación con la vía pública para salvar barreras arquitectónicas, de modo que se permita su adecuado y fácil uso por personas con discapacidad, siempre que las obras no afecten a la estructura o fábrica del edificio, que no menoscaben la resistencia de los materiales empleados en la construcción y que sean razonablemente compatibles con las características arquitectónicas e históricas del edificio.

El procedimiento es el siguiente:

La persona discapacitada notificará por escrito al propietario, a la Comunidad o a la Mancomunidad de propietarios, la necesidad de ejecutar las obras de adecuación por causa de minusvalía. Se acompañará al escrito de notificación el proyecto técnico detallado de las obras a realizar.

En el plazo máximo de sesenta días, la Comunidad o la Mancomunidad de propietarios comunicarán por escrito al solicitante su consentimiento o su oposición razonada a la ejecución de las obras; también podrán proponer las soluciones alternativas que estimen pertinentes. En este último supuesto, el solicitante deberá comunicar su conformidad o disconformidad con anterioridad al ejercicio de las acciones judiciales pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la expresada comunicación, se entenderá consentida la ejecución de las obras de adecuación, que podrán iniciarse una vez obtenidas las autorizaciones administrativas precisas. La oposición comunicada fuera de plazo carecerá de eficacia y no impedirá la realización de las obras.

Comunicada en el tiempo y forma señalados la oposición a la ejecución de las obras de adecuación, o no aceptadas las soluciones alternativas propuestas, el titular o usuario de la finca urbana podrá acudir en defensa de su derecho a la jurisdicción civil, tramitándose el procedimiento como juicio verbal – arts. 437 y ss. Ley de Enjuiciamiento Civil –. El juez dictará sentencia reconociendo el derecho a ejecutar las obras en beneficio de las personas discapacitadas, pudiendo, no obstante, declarar procedente alguna o parte de las alternativas propuestas por la parte demandada.

Los gastos que originen las obras de adecuación de la finca urbana o de sus elementos comunes correrán a cargo del solicitante de las mismas, sin perjuicio de las ayudas, exenciones o subvenciones que pueda obtener, de conformidad con la legislación vigente. Normalmente suelen existir subvenciones concedidas por los servicios de vivienda y urbanismo, así como los servicios sociales, para la remoción de las barreras que impiden, o dificultan, la movilidad de las personas con discapacidad.

Las obras de adecuación realizadas quedarán en beneficio de la propiedad de la finca urbana.

4.- La accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y edificaciones

4.1.- ¿Qué norma regula esta materia?

Esa norma se corresponde con el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (BOE de 11 de mayo de 2.007), con el que se desarrolla la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, de 2 de diciembre de 2003, tal y como se prevé en la Disposición Final Novena de la misma, en relación con su artículo 10.

Este Real Decreto regula las condiciones básicas de accesibilidad en edificios y espacios públicos urbanizados para garantizar a todas las personas un uso independiente y seguro de los mismos, y esto con la finalidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas que presentan alguna discapacidad.

La norma armoniza y unifica las condiciones requeridas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Además, establece unas condiciones básicas para garantizar la accesibilidad desde el diseño pensado en todos y para su autonomía personal, con una visión más abierta de las necesidades existentes, asumiendo la pluralidad dentro de la discapacidad y mejorando los mecanismos de control existentes.

4.2.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad contempla el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, en relación con los edificios?

El Real Decreto referido establece las siguientes condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en lo que a su acceso y utilización se refiere:

  • a) Accesos (Art. 2):
    En todo edificio existirá un itinerario accesible fácilmente localizable que comunique al menos una entrada principal accesible con la vía pública y con las plazas accesibles de aparcamiento, que deberán existir siempre.
    Las puertas de las entradas accesibles contarán con señalización e iluminación suficiente para ser localizadas tanto desde el interior como desde el exterior.
    Asimismo, carecerán de desnivel en el umbral y a ambos lados existirá un espacio para el acceso de usuarios en sillas de ruedas. El pavimento deberá contar con la textura adecuada para disminuir los riesgos de resbalamiento.
    Se habilitarán pasos alternativos accesibles cuando los sistemas de control de acceso al edificio supongan un obstáculo para personas con discapacidad.
    Los edificios contarán con los elementos necesarios para permitir el acceso y uso de los mismos a personas acompañadas de perros guía o cualquier otro tipo de ayuda.
  • b) Accesibilidad en los espacios destinados a usos o servicios de un edificio público y en los espacios comunes de edificios de vivienda (Art. 3):
    Dichos espacios contarán con las características necesarias para permitir su utilización independiente por personas con discapacidad, estando comunicados por itinerarios accesibles.
  • c) Espacios situados a nivel (Art. 4):
    Contarán con un itinerario accesible que comunique el acceso y la salida del edificio, las zonas de refugio y los ascensores u otros elementos de comunicación vertical accesibles.
    Ese itinerario debe garantizar la circulación de personas en silla de ruedas y la comunicación visual de determinados espacios, según su uso, en beneficio de las personas sordas. Además, su pavimento ha de ser adecuado para reducir la posibilidad de resbalamientos.
  • d) Espacios situados en diferentes niveles (Art. 5):
    Contarán, en todo caso, con un medio accesible alternativo a las escaleras. En el caso de edificios de pública concurrencia de más de una planta, siempre contarán con ascensor accesible, mientras que en el caso de edificios de viviendas con más de dos plantas, contarán con rampa o ascensor accesible, o bien cumplirán las condiciones que permitan su instalación posterior.
    El espacio frontero a la puerta del ascensor debe permitir el acceso al mismo por personas en silla de ruedas o necesitadas de otras ayudas técnicas, salvo cuando esto no sea posible en el caso de edificios ya existentes.
  • e) Utilización accesible (Art. 6):
    El mobiliario de los edificios será dispuesto de tal forma que permita la utilización segura e independiente por personas con discapacidad, especialmente discapacitados visuales o usuarios en silla de ruedas.
    Además, en salones de actos, salas de espectáculos y locales con asientos fijos deberán existir asientos convertibles cercanos a las vías de salida.
    Todos los edificios públicos de nueva planta estarán dotados de aseos accesibles.
  • f) Información y señalización (Art. 7):
    La información, señalización e iluminación del edificio deberá permitir a los usuarios del edificio, cualquiera que sea su discapacidad, la localización de las distintas áreas del mismo y de sus itinerarios accesibles, así como su utilización en condiciones de seguridad.
  • g) Seguridad en caso de incendio (Art. 8):
    Los edificios contarán con mecanismos que permitan a las personas discapacitadas percibir la existencia de un incendio, así como con señalización óptica, acústica y táctil en los recorridos de evacuación. Del mismo modo, contarán con ascensores de emergencia con accesos en cada planta y con zonas de refugio en todos los niveles donde no haya salidas de emergencia, dependencias que habrán de ser resistentes al fuego.

4.3.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad recoge dicho Real Decreto en relación con los espacios públicos urbanizados?

Con el objeto de garantizar a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, el Real Decreto establece las siguientes condiciones básicas de accesibilidad:

  • a) Itinerarios peatonales y su accesibilidad (Arts. 10 y 11):
    Los itinerarios peatonales son los espacios públicos destinados al tránsito no discriminatorio de los peatones. Han de garantizar, tanto en plano rasante como en altura, el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección de cualquier persona. Serán continuos, sin escalones sueltos y con pendientes que posibiliten la circulación, especialmente, de personas en silla de ruedas o acompañadas de perro guía.
    Habrá itinerarios de estas características en zonas de estancia tales como plazas, parques y jardines, áreas de juegos infantiles, playas urbanas etc., que continuarán hasta los puntos de interés o uso público. Las personas usuarias de perros guía gozarán plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso por esta circunstancia.
  • b) Elementos de urbanización (Art. 12):
    En los itinerarios peatonales la pavimentación ha de constituir una superficie continua y sin resaltes y contar con la suficiente textura que disminuya los riesgos de resbalamiento, textura que también deberán respetar en cuanto a colores para evitar confusiones a los discapacitados visuales. En los vados peatonales el pavimento será distinto en textura y color para hacerlos reconocibles, algo que también ocurrirá en el caso de límites con desnivel, zonas de peligro o arranque de rampas o escaleras.
    Los elementos para salvar desniveles contarán con las dimensiones adecuadas para su utilización autónoma por todos los peatones, así como con elementos de ayuda (barandillas, zócalos...), dispositivos de manejo accesibles y señalización e iluminación que permita localizarlos y detectarlos fácilmente.
    Las rejillas, registros y demás elementos de infraestructuras deberán estar enrasados o fuera del espacio de los itinerarios peatonales. Además, en el caso de rejillas y sumideros, deberán estar diseñados de manera que no entorpezcan el paso de sillas de ruedas y eviten la entrada de bastones, muletas etc.
  • c) Puntos de cruce, entradas y salidas de vehículos: (Art. 13):
    Los vados de peatones que formen parte de los itinerarios peatonales tendrán las dimensiones necesarias para garantizar la circulación peatonal. Las pendientes en el pavimento y el encuentro con la calzada deben garantizar un paso sin dificultad a cualquier persona discapacitada, contando con un pavimento diferente en cuanto a textura y color para garantizar su fácil detección.
    Los pasos de peatones tendrán la misma anchura que los vados que los unen, procurando que se
    an perpendiculares a la acera para facilitar el cruce de discapacitados visuales. Se señalizarán con pintura antideslizante y estarán ubicados donde sean fácilmente localizables por los conductores. En todo caso habrá de garantizarse la visibilidad de los semáforos peatonales y de la calzada, que no podrá verse dificultada por obstáculos de ningún tipo (vegetación, señales, bolardos...).
    Los semáforos peatonales dispondrán de señal sonora e, incluso, de señal de emergencia acústica y luminosa si se colocan en zonas cercanas a pasos de vehículos de emergencia (bomberos, hospitales, policía...). De igual forma existirán señales visuales y acústicas de peligro o precaución en las salidas de emergencia de los edificios de pública concurrencia.
  • d) Urbanización de frentes de parcela (Art. 14):
    Las obras de este tipo se realizarán de manera que no interfieran en el itinerario peatonal colindante con la fachada.
  • e) Mobiliario urbano (Art. 15):
    Los elementos de mobiliario urbano como farolas, señales etc., se dispondrán de manera que no invadan el itinerario peatonal. Con carácter general, se colocarán lo más cerca posible de la calzada, salvo en el caso de zonas estrechas, en que se ubicarán adosados a las fachadas.
    A la hora de elegir el mobiliario urbano se considerará el que su utilización sea cómoda y segura y su fácil detección.
    Las marquesinas de espera y refugio serán accesibles y no deberán obstruir el itinerario peatonal, debiendo situarse en plataformas adicionales o ensanches del mismo.
  • f) Aparcamiento y elementos de control y protección del tráfico rodado (Art. 16):
    Se reservarán plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en los principales centros de actividad de la ciudad, con independencia de las existentes por residencia o trabajo. Tales plazas, que deben estar adecuadamente señalizadas, estarán lo más cerca posible a los accesos al edificio y siempre junto a un vado peatonal. Por otra parte, tendrán las dimensiones suficientes, con independencia del tipo de aparcamiento, como para permitir la aproximación de la silla de ruedas y la posterior transferencia de la misma al vehículo.
    Se evitarán en la medida de lo posible los sistemas antiaparcamiento que, en ningún caso, podrán obstruir los itinerarios peatonales, y las vallas y elementos de delimitación y protección habrán de ser estables y fácilmente detectables.
  • g) Obras en la vía pública (Art. 17):
    En lo que a las obras se refiere, deberán estar perfectamente delimitadas con elementos estables, rígidos y fácilmente detectables, garantizándose así la seguridad del peatón, sin que en los itinerarios peatonales pueda haber resaltes ni elementos salientes que dificulten un paso seguro y continuo.
    La señalización en zonas de obras debe ser adecuada y perceptible por todas las personas con independencia de su discapacidad.
  • h) Actividades comerciales en la vía pública (Art. 18):
    Por lo que a las actividades comerciales respecta (quioscos, terrazas de bares, cajeros...), no podrán invadir los itinerarios peatonales. Además, no podrán tener salientes en altura, toldos bajos o expositores de difícil detección.
    En todo caso, se garantizará el acceso de las personas discapacitadas a cajeros automáticos, máquinas expendedoras, cabinas de teléfono etc.
  • i) Señalización e información urbana (Art. 19):
    Se garantizará la fácil localización de los principales espacios y equipamientos del entorno, mediante señalización direccional que garantice su lectura por peatones desde los itinerarios peatonales, facilitando su orientación dentro del espacio público.
    Los itinerarios peatonales dispondrán de una completa señalización que asegure la ubicación y orientación de los peatones con cualquier tipo de discapacidad.
    En el Anexo del Real Decreto se recogen algunas definiciones de los términos utilizados en el mismo.

4.4.- ¿En qué plazo serán de obligado cumplimiento las condiciones básicas de accesibilidad impuestas por el Real Decreto 505/2007?

Según establece la Disposición Final Quinta del mismo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones serán obligatorias a partir de 2.010 para los espacios urbanizados y edificios nuevos, así como para las obras de ampliación o reforma que se lleven a cabo en los ya existentes. Para los espacios públicos ya urbanizados y para los edificios ya existentes las condiciones básicas serán exigibles a partir de 2.019, siempre que las mismas se puedan implantar de forma razonable.

Al menos un año antes de que entre en vigor la obligatoriedad apuntada para los edificios nuevos, las condiciones básicas aludidas se incorporarán al Código Técnico de Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE de 28 de marzo de 2.006).

5.- La accesibilidad en las relaciones con la administración general del estado

5.1.- ¿Qué norma regula las condiciones de accesibilidad en esta materia?

El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado (BOE de 24 de marzo de 2.007), que busca garantizar la accesibilidad y eliminar cualquier discriminación de este colectivo en los accesos a oficinas, impresos, medios telemáticos y cualquier otra vía de comunicación oficial (art. 1).

Con esta finalidad, el texto define las condiciones de accesibilidad que habrán de reunir las oficinas y servicios de atención al ciudadano, inspirándose para ello en los principios consagrados en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (art. 2).

5.2- ¿Qué condiciones de accesibilidad contempla el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, en relación con las Oficinas de Atención al Ciudadano?

Entre esas condiciones cabe citar las siguientes:

  • a) La ubicación de las Oficinas en entornos que garanticen el acceso a personas con discapacidad (Art. 4):
    La Oficina se ubicará en planta a nivel de la vía pública. En caso contrario, deberá disponer de rampas de acceso o ascensores con características que permitan su uso autónomo y seguro por personas con discapacidad.
    La Oficina debe estar correctamente señalizada visualmente desde el exterior, de tal forma que sea fácilmente identificable. La señalización deberá ser diseñada de modo que resulte inteligible y comprensible por parte de las personas con discapacidad intelectual.
    Las Oficinas de Atención al Ciudadano, en caso de disponer de plazas de aparcamiento, reservarán un número suficiente de plazas, convenientemente señalizadas, destinadas en exclusividad a personas con movilidad reducida, con dimensiones adecuadas para el acceso lateral y posterior a los vehículos, garantizando la existencia de itinerarios accesibles entre las plazas y la propia Oficina
  • b) Acceso a las Oficinas (Art. 5):
    El espacio adyacente, tanto interior como exterior, a la puerta de acceso a la oficina debe ser horizontal y no presentar obstáculos, permitiendo la aproximación y la apertura de la puerta de forma autónoma a todos los usuarios.
  • c) Recepción en las Oficinas de Atención al Ciudadano (Art. 6):
    Los sistemas de control de acceso no supondrán obstáculo para la circulación de personas con problemas de deambulación o usuarias de sillas de ruedas, ni para la circulación de personas que utilicen otros dispositivos de ayuda a la movilidad como perros-guía o de asistencia o bastón de movilidad. Tampoco deben interferir con dispositivos personales electromagnéticos tales como marcapasos y prótesis auditivas.
    El vestíbulo de recepción se organizará de forma que facilite la orientación a los usuarios. A estos efectos, se señalizarán de forma visual y táctil los recorridos que den acceso a las diferentes zonas y usos del edificio. Si la oficina estuviera dotada de zona de espera, ésta contará con mobiliario concebido con arreglo a criterios de diseño para todos.
  • d) Señalización interior accesible (Art. 7):
    El contenido de la información será conciso, básico y con símbolos sencillos, fácilmente comprensible, evitando toda información superflua.
    La información relevante se dispondrá, al menos, en dos de las tres modalidades sensoriales: visual, acústica y táctil (altorrelieve o braille) para que pueda ser percibida también plenamente por las personas con discapacidad visual y auditiva.
    La megafonía estará acondicionada con los bucles de inducción magnética y amplificadores de campo magnético necesarios para posibilitar la mejor audición a personas usuarias de audífonos. Toda la información emitida por megafonía debe mostrarse también en paneles textuales bien visibles.
  • e) Configuración de los puestos de atención (Art. 8):
    La altura de los mostradores y puntos de información debe ser adecuada para recibir a todo tipo de usuarios Al menos una parte del mostrador o mesa de atención ha de estar a la altura de una mesa de trabajo, para atender a personas de diferentes alturas, usuarios de sillas de ruedas y muletas o, en general, personas que necesiten sentarse.
    Los puntos con información telefónica, así como cualquier tipo de servicio de atención telefónica al ciudadano, estarán dotados con sistemas de telefonía de texto, de fax y, de permitirlo técnicamente, de videotelefonía para facilitar la lectura labial. Asimismo, el personal deberá estar formado y conocer su correcta utilización.
  • f) Sistemas interactivos de información (Art. 9):
    Toda la información en formato texto debe estar también en modo sonoro. Toda la información sonora debe estar transcrita en formato texto. Los dispositivos audiovisuales que se empleen deben contar con sistemas de amplificación y mejora de la señal auditiva. Debe existir confirmación con mensajes sonoros de todas las acciones activadas.
    Los mandos, el teclado y los botones deberán estar adaptados con etiquetas o iconos de alto contraste, letras grandes, en altorrelieve y braille. Las pantallas deben de ser antirreflectantes y tener buen contraste. La información debe ser clara, sin demasiadas opciones en una misma pantalla y permitir un dilatado tiempo de respuesta.
  • g) Elementos complementarios de accesibilidad (Art. 10):
    Las Oficinas de Atención deberán contar, al menos, con un área higiénico-sanitaria accesible, para cuya configuración se tendrán en cuenta las características y especificaciones técnicas a las que se refiere la Disposición Final Segunda del Real Decreto.

5.3.- ¿En qué plazo serán de obligado cumplimiento estas condiciones de accesibilidad?

La Secretaría General para la Administración Pública será la que determinará las Oficinas de Atención al Ciudadano que deberán cumplir las condiciones previstas con anterioridad al 4 de diciembre de 2012. A estos efectos, se establecerá un calendario de adaptación gradual de las Oficinas, que será objeto de actualización y seguimiento periódico (Disposición Transitoria, apartado Primero).

5.4.- ¿Qué condiciones de accesibilidad se establecen en relación con los impresos y documentos?

Entre esas condiciones cabe citar las siguientes:

  • a) Disponibilidad de documentos e impresos (Art. 12):
    Se garantizará mediante su ubicación en estantes, dispensadores u otro mobiliario que permitan la máxima autonomía de estas personas para obtenerlos.
    A requerimiento de la persona con discapacidad, se ofrecerán en formatos alternativos utilizando tipografías grandes o ampliadas, en braille o bien se contará con personal de apoyo para facilitar su cumplimentación.
    Además, los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en las correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible.
  • b) Accesibilidad del contenido y estructura (Art. 13):
    Los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo, sin que se utilicen siglas o abreviaturas. Los documentos básicos de información de uso más habitual deberán contar con versiones simplificadas para personas con discapacidades intelectuales o problemas de comprensión escrita.
    En los impresos destinados a cumplimentación por los ciudadanos se reservarán espacios apropiados en tamaño para ser rellenados con comodidad y se evitará la utilización de fondos con dibujos y tintas que presenten poco contraste. Deberán ir acompañados de instrucciones claras y concisas.

5.5.- ¿En qué plazo serán de obligado cumplimiento esas condiciones de accesibilidad previstas para impresos y documentos?

Los documentos e impresos, la prestación de los servicios de atención (a los que se refiere la siguiente pregunta) y demás medios existentes deberán cumplir estas condiciones en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto (Disposición Transitoria, apartado Segundo), que se produjo el 25 de marzo de 2.007.

5.6.- ¿Qué condiciones de accesibilidad se contemplan en relación con la prestación de servicios de atención al ciudadano?

En la formación del personal de la Administración General del Estado encargado de la prestación de servicios de atención al ciudadano se atenderá especialmente al conocimiento de las distintas discapacidades y sus consecuencias en el desarrollo de los servicios de atención, en el trato e interacción con las personas con discapacidad y en el uso de medios auxiliares facilitadores de dicho trato.

5.7.- ¿Han sido desarrolladas o concretadas las previsiones del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo?

En efecto, las especificaciones y características técnicas de concreción de este Real Decreto se recogen en la Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero (BOE de 25 de febrero de 2.008). Las especificaciones y características técnicas de dicha Orden serán de aplicación a las Oficinas de Atención al Ciudadano, a los servicios de atención al ciudadano, a los impresos y cualesquiera otros medios que, comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 336/2007, la Administración General del Estado dedique específicamente (art. 1.2).

En relación con la configuración de los puestos de atención al ciudadano, las áreas higiénico-sanitarias, el pavimento y los sistemas de seguridad contra incendios de las Oficinas de Atención al Ciudadano, las especificaciones técnicas serán exigibles en aquellas oficinas previamente determinadas mediante resolución de la Secretaría General de la Administración Pública (art. 1.3).

Se concretan en el artículo 2 las condiciones de diseño que, en al menos una parte de 100 cm, deberán presentar los puestos de atención al público en las Oficinas de Atención al ciudadano, tales como mostradores o mesas para permitir el acercamiento a los usuarios de silla de ruedas.

En el precepto tercero se prescribe las características técnicas que han de presentar las áreas higiénico-sanitarias de las Oficinas de Atención al Ciudadano para permitir el acceso, la movilidad interior y el uso del mismo a todas las personas que puedan utilizar el edificio o espacio donde se encuentran, incluidas las personas con discapacidad, a través de los siguientes apartados:

  • Dotación
  • Utilización
  • Condiciones ambientales
  • Mecanismos de control ambiental
  • Condiciones de seguridad
  • Condiciones de señalización
  • Condiciones de diseño de aparatos

En referencia a la pavimentación de las Oficinas de Atención al ciudadano deben presentar, conforme al artículo 4, una serie de características técnicas para cumplir con su estabilidad y dureza, su capacidad antideslizamiento en seco y en mojado, la ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza, la ausencia de deslumbramientos y reflejos, y la correcta transmisión de información.

En el artículo 5 se recogen las recomendaciones y características técnicas que han de poseer los sistemas de seguridad contra incendios de las Oficinas de Atención al Ciudadano, tales como la señalización de emergencia de salidas, vías de evacuación y sistemas de extinción que deben indicar mediante el símbolo SIA, los sistemas de alarma con emisión de mensajes en diferentes modalidades sonora y visual, y los pulsadores de alarma y extintores que deberán estar ubicados de modo que permitan su uso a todas las personas, entre otros.

Se regulan en el artículo 6 las condiciones de accesibilidad de documentos e impresos en soporte papel, los cuales deberán tener en consideración, entre otras, las siguientes especificaciones y características técnicas:

  • el texto debe estar justificado, debe redactarse de forma directa, con frases sencillas y evitando un lenguaje complejo.
  • ha de usarse un tamaño de letra entre 14 y 18 puntos, como mínimo de 12 puntos y con un espacio y medio entre líneas.
  • el texto debe imprimirse con el mejor contraste posible entre el fondo y los caracteres.
  • ha de incluirse en todos los impresos unas instrucciones de cumplimiento con explicaciones claras, sencillas y fácilmente comprensibles.

En último lugar, el artículo 7 establece, entre otras, las siguientes especificaciones en la prestación de servicios verbales de atención al ciudadano a través de interlocución personal presencial o por medio del canal telefónico o análogo:

  • se procurará tener establecido un servicio de intérprete de lengua de signos española y a disposición de la persona sorda que lo solicite.
  • los servicios telefónicos de atención al ciudadano deben estar dotados de telefonía de texto y de fax, y el personal deberá conocer el manejo y funcionamiento de estos sistemas para permitir el acceso a la comunicación de las personas sordas o con discapacidad auditiva.
  • en los casos en que la persona que tiene que realizar el trámite, gestión o consulta, necesite o desee estar acompañado, se debe dejar pasar al acompañante (siendo casos de especial consideración el de las personas mayores y el de las personas con discapacidad).
  • los perros-guías y los perros de asistencia para personas con discapacidad serán siempre admitidos, no podrán ser separados de la persona que los necesita, y no serán molestados ni distraídos.
  • se debe promover la integración de los servicios de atención, implementando el sistema de “ventanilla única de servicios”, para evitar desplazamientos y facilitar las gestiones administrativas.

Las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación de esta orden ministerial serán exigibles antes del 4 de diciembre de 2012 conforme a un calendario de adaptación gradual de las Oficinas de Atención al Ciudadano elaborado por la Secretaría General para la Administración Pública -que será objeto de actualización y seguimiento periódico-, de acuerdo con la previsión de la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.

6.- La accesibilidad referida al ejercicio del derecho al voto

6.1.- ¿Qué normativa regula esta materia?

Uno de los Derechos Fundamentales reconocido en el artículo 23 de la Constitución es el derecho de sufragio universal, cuyo ejercicio por parte de las personas con discapacidad visual está regulado en el artículo 87 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que, hasta finales del año 2.007, se limitaba a reconocer la posibilidad de que en el ejercicio del derecho de votación, las personas con discapacidad visual pueden ser asistidos de una persona de su confianza (Art. 87.1).

Esta situación cambió tras la aprobación de la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, por la que se introdujo un apartado segundo en el artículo 87 referido, en virtud del cual se encomendaba al Gobierno la regulación de un “procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto”.

En cumplimiento de tal previsión, el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio (BOE de 8 de diciembre de 2.007), regula un procedimiento de voto accesible que permita a las personas con discapacidad visual usuarias del sistema Braile identificar su opción de voto sin ser asistidas de una persona de su confianza, y, por ello, con plenas garantías para el secreto de su sufragio.

Para ello, conjuga el principio de proporcionalidad en la utilización de los medios públicos con las reivindicaciones tradicionales del colectivo de personas con discapacidad visual. Por ello, se ha optado por la utilización de papeletas y sobres de votación normalizados a los que se acompaña documentación complementaria en sistema Braille que va a permitir a la persona con discapacidad visual identificar la papeleta y el sobre de votación sin necesitar la colaboración de una tercera persona, procediendo, a continuación, a depositar su voto en la mesa electoral correspondiente.

De esta manera, el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, y la Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2.007), que lo desarrolla, representan una medida de acción positiva que asegura la participación de los discapacitados visuales en la vida política y los procesos electorales, promoviendo así la plena ciudadanía y la inclusión de las personas con discapacidad en el medio social, tal y como exigen la Ley 13/1982, de 7 de abril, y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

6.2.- ¿Qué previsiones recogen el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, y la Orden que lo desarrolla?

En el Art. 1 del Real Decreto se contempla, como objeto del mismo, la regulación de un procedimiento de voto accesible que permite la identificación de la opción de voto, con autonomía y plena garantía para el secreto del voto, a las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

El procedimiento será aplicado en las consultas directas al electorado (Referéndum), a las elecciones al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados, al Senado y a las Asambleas Legislativas de las CCAA (Art. 2 RD).

Para utilizar este procedimiento de voto accesible, las personas con discapacidad visual que conozcan el sistema de lectura-escritura Braile, y tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% o sean afiliados a la ONCE, deben comunicarlo expresamente al Ministerio del Interior en un plazo de 27 días a contar desde la convocatoria del proceso (Art. 3.1 RD) utilizando el teléfono gratuito habilitado al efecto (Art. 1.1 Orden).

La Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre, señala en su artículo 1.2 que los electores deben indicar, en concreto, su nombre, apellidos, domicilio, número de DNI, y número de teléfono de contacto, recibiendo en ese mismo momento, vía telefónica, la confirmación de la recepción de su solicitud por parte de la Administración. Además, deberán manifestar que conocen el sistema de lectura-escritura Braile, y que tienen reconocido el grado de minusvalía anunciado o que son afiliados a la ONCE, pues todo ello le habilitará, previa presentación del DNI, para recoger la documentación en la Mesa electoral correspondiente.

La Administración podrá requerir en cualquier momento la verificación de los datos personales del elector con discapacidad visual solicitante de esta modalidad de voto (Art. 3.4 RD).

El Ministerio del Interior realizará una campaña informativa, en formato accesible, que se emitirá gratuitamente en los medios de comunicación de titularidad pública, conforme al artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Art. 3.1 RD), en la que se informará, entre otros, acerca del teléfono gratuito del Ministerio del Interior, antes mencionado (Art. 1.3 Orden).

En desarrollo de la previsión contenida en el artículo 8 del Real Decreto, la Orden INT/3817/2007 establece, en sus artículos 2 y 3, que los electores podrán consultar las candidaturas proclamadas y los candidatos integrados en las mismas en la sede electrónica del Ministerio del Interior, “página web” - creada a tal fin en formato accesible -, y en el teléfono gratuito mencionado, así como obtener información acerca del procedimiento de voto accesible en este último; estando, en ambos casos, tal información disponible hasta el día de la celebración de las elecciones.

En el artículo 4 del Real Decreto se regula el procedimiento y documentación para el voto accesible. Este procedimiento consiste en la utilización de papeletas normalizadas, junto con una documentación específica en sistema Braile que se encontrará bajo la custodia del Presidente de la Mesa Electoral en la que corresponda ejercer el derecho al voto. La documentación específica utilizada estará integrada por un sobre que indicará, en tinta y en sistema Braile, las elecciones que se celebran y la fecha de la votación, y que debe incluir:

  • unas instrucciones sobre la utilización de la documentación, impresas en sistema Braile.
  • un sobre de votación normalizado.
  • un sobre por cada una de las candidaturas con la indicación de ésta en tinta y en sistema Braile.

En relación con las elecciones a las Cortes Generales, el artículo 5 del Real Decreto establece que el sobre anteriormente referido incluirá, además de lo mencionado, otros dos sobres, uno para la votación al Congreso de los Diputados y otro para la del Senado, llevándolo indicado en tinta y en sistema Braile en su exterior.

La documentación que incluye el sobre para la votación del Congreso será la ya señalada, mientras que la de la votación del Senado será la siguiente:

  • un sobre de votación normalizado.
  • una plantilla que permita identificar a cada candidato para lo cual llevará troqueladas las ventanas correspondientes a los candidatos, en las que el elector debe marcar su opción de voto.
  • la papeleta de votación normalizada, que irá colocada dentro de la plantilla anterior.
  • una guía en Braile, e identificada en tinta, que recoja los candidatos de la circunscripción que figura en la papeleta normalizada.

El elector con discapacidad visual se dirigirá el día de la elección al Presidente de la Mesa electoral en la que le corresponde votar. Éste o alguno de los vocales le entregará la documentación que integra el procedimiento de voto accesible y le indicará el espacio del Colegio electoral habilitado para su manipulación (Art. 6 RD).

El Real Decreto prevé que los locales electorales deben disponer de un espacio concreto, accesible y adecuado que garantice la privacidad del elector y que se encuentre lo más cerca posible de la Mesa en la que le corresponde ejercer su derecho de sufragio (Art. 7 RD).

La Comisión Braile española, bajo la supervisión de la Administración Electoral, homologará la correspondencia entre los textos Braile y tinta de un ejemplar de cada modelo distinto de etiqueta o documento a utilizar en el procedimiento de voto accesible, así como que la documentación que se encuentre bajo la custodia de los miembros de la Mesa electoral (Art. 9 RD).

Por último, se señala en el artículo 10 del Real Decreto que todos los intervinientes en el procedimiento de voto accesible observarán especialmente la normativa en materia de protección de datos carácter personal, velando por su cumplimiento efectivo.

Conforme a la Disposición Adicional Única, el Gobierno evaluará los resultados de la aplicación del procedimiento regulado en el Real Decreto y estudiará las necesarias adaptaciones para las Elecciones Locales, pues dadas las singulares características de éstas, requerirán de una regulación específica.

7.- La accesibilidad referida a la sociedad de la información y los medios de comunicación social

7.1.- ¿Qué norma regula las condiciones básicas de accesibilidad en esta materia?

El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social (BOE de 21 de noviembre de 2.007), norma que es fruto de diferentes mandatos normativos contenidos en preceptos tan diversos como los siguientes:

  • La Disposición Final Séptima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, en la que se dispone que “en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, que serán obligatorias en el plazo de cuatro a seis años desde la entrada en vigor de esta ley para todos los productos y servicios nuevos, y en el plazo de ocho a diez años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.”
  • La Disposición Adicional Quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE de 12 de julio de 2.002), que obliga a las Administraciones Públicas a adoptar las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.
  • El artículo 3, “Objetivos y principios”, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE de 4 de noviembre de 2.003), en el que se contempla la defensa de los intereses y la satisfacción de las necesidades de las personas con necesidades especiales, tales como las personas con discapacidad, y el artículo 22 de la misma norma, que establece, dentro del ámbito del servicio universal, que los usuarios finales con discapacidad deben tener acceso al servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija y a los demás elementos del servicio universal en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales.
  • La Disposición Adicional Quinta de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo (BOE de 15 de junio de 2.005), que garantiza la accesibilidad de la televisión digital terrestre para las personas con discapacidad.
  • El artículo 4.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOE de 23 de junio de 2.007), en el que se establece el principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
  • El Plan Avanza (http://www.planavanza.es/Abre ventana nueva) también vincula a los Ministerios de Administraciones Públicas, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria, Turismo y Comercio en el mismo sentido.
    Así, en cumplimiento de los mandatos señalados, el Real Decreto referido establece los criterios y condiciones que se consideran básicos para garantizar la accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de servicios relacionados con las telecomunicaciones, la Sociedad de la Información y los medios de comunicación social (Art. 1), y lo hace inspirándose en los principios establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, fundamentalmente, accesibilidad universal y diseño para todos (Art. 2.c) y d) de la Ley).
    Y es que, tal y como se pone de manifiesto en el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 (Visualizar PDF, 1.15MB: http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/lex/AccePlan2004-2012.pdfAbre ventana nueva), las personas con discapacidad utilizan intensamente las tecnologías, sistemas, productos y servicios relacionados con la comunicación, incluso por encima de la media española, estando la utilización de estos recursos tecnológicos singularmente vinculada a la calidad de vida y la integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Por ello, las barreras que se producen en este campo deben ser eliminadas de raíz.

7.2.- ¿Qué medidas contempla el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, en materia de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones?

Se amplían las prestaciones del servicio a través de la modificación de su Reglamento regulador, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril (BOE de 29 de abril de 2.005). En concreto:

  • Se incorpora la obligación de que la guía telefónica “universal” sea accesible a través de Internet con las condiciones de accesibilidad previstas para las páginas web de la Administración Pública (Disposición Adicional Primera, que modifica el artículo 30.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril).
  • Se amplían las obligaciones relativas a la adaptación de los teléfonos públicos de pago para facilitar su accesibilidad por los usuarios con discapacidad y, en particular, por los usuarios ciegos, en silla de ruedas o de talla baja (Disposición Adicional Primera, que modifica el artículo 32.4 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril).
  • Se establece la obligación para el operador de garantizar una oferta suficiente de terminales fijos adaptados a los distintos tipos de discapacidad, tales como teléfonos de texto, videoteléfonos o teléfonos con amplificación para personas con discapacidad auditiva, o soluciones para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los contenidos de las pantallas de los terminales (Disposición Adicional Primera, que modifica el artículo 33.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril).
  • Se obliga a los operadores a poner a disposición de los usuarios ciegos, o con grave discapacidad visual, una determinada franquicia en las llamadas al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, así como la de facilitar, de forma gratuita, las facturas y las condiciones de prestación del servicio, en sistema Braille o en letras grandes (Disposición Adicional Primera, que modifica el artículo 35.2.a) del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril).
  • Se impone a todos los operadores la obligación de que los sistemas de atención al cliente permitan su acceso por personas con discapacidad, así como la de facilitar a los abonados con discapacidad visual que lo soliciten, en condiciones y formatos accesibles, los contratos, facturas, y demás información suministrada a todos los abonados (Art. 3).
  • Se encomienda al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la labor de promover la existencia de una oferta suficiente de terminales de telefonía móvil adaptados a los diferentes tipos de discapacidades, considerándose, a tal efecto, elementos o funcionalidades como la marcación vocal, la información de las diferentes opciones disponibles en cada momento o de cualquier cambio que se produzca en la pantalla a través de una síntesis de voz, los conectores para instalar equipos auxiliares tales como auriculares, amplificadores con bobina inductiva, pantallas externas, o teclados para enviar mensajes, o las pantallas de alto contraste, con caracteres grandes o ampliados y posibilidad de configuración por el usuario (Art. 4).

7.3.- ¿Qué medidas recoge el Real Decreto en materia de accesibilidad a servicios de la Sociedad de la Información?

  • Se establecen los criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de Internet de las Administraciones Públicas o con financiación pública. En concreto, se prevé que las páginas de Internet se adapten al nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004 (Art. 5).
  • De igual forma, se establece que las Administraciones Públicas promoverán el cumplimiento progresivo de los criterios de accesibilidad por páginas de Internet privadas, principalmente cuando sus contenidos sean de índole educativa, sanitaria y de servicios sociales (Art. 6).
  • Se determinan tanto las entidades competentes como el procedimiento a seguir para certificar la accesibilidad de las páginas de Internet (Art. 7).
  • Se establecen unas condiciones básicas de accesibilidad a los equipos informáticos y a programas de ordenador, y se prevé que deberán ser accesibles a las personas con discapacidad (Art. 8).
  • Se prevé que las normas sobre accesibilidad de páginas de Internet y las condiciones básicas de accesibilidad a equipos informáticos y a programas de ordenador sean aplicables a los servicios y dispositivos de firma electrónica (Art. 9).

7.4.- ¿Y en materia de accesibilidad a medios de comunicación social?

  • Se establecen las condiciones básicas de accesibilidad a los contenidos de televisión. Se indica que los contenidos audiovisuales serán accesibles a todas las personas con discapacidad mediante la incorporación de subtitulación, audiodescripción e interpretación con lengua de signos en los términos previstos específicamente en la legislación general audiovisual (Art. 10).
  • Se regulan las condiciones de accesibilidad a la televisión digital. A estos efectos, se establece que las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital, así como una oferta suficiente de equipos receptores de televisión digital que permitan recibir sus contenidos de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todos (Art. 11).
  • Se establecen las condiciones básicas de accesibilidad a publicidad institucional en soporte audiovisual. Las campañas de publicidad institucional que se difundan en este tipo de soporte preverán en sus pliegos de cláusulas los procedimientos de acondicionamiento destinados a permitir que los mensajes contenidos sean accesibles a todas las personas con discapacidad y de edad avanzada (Art. 12).

7.5.- ¿En qué plazo serán de obligado cumplimiento estas medidas?

Los plazos en los que todas las medidas habrán de cumplirse necesariamente, según establece la Disposición Transitoria Única del Real Decreto aprobado, se corresponden con los siguientes:

  • Serán exigibles desde el 4 de diciembre de 2009 para todos los productos y servicios nuevos, y desde el 4 de diciembre de 2013 para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
  • En lo que las páginas de Internet de las Administraciones Públicas o con financiación pública se refiere, las nuevas deberán ajustarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 139803:2004 desde la entrada en vigor de este Real Decreto, que se produjo el 22 de noviembre de 2.007, o en 6 meses tras dicha entrada en vigor si de páginas existentes se trata.
    No obstante lo anterior, a 31 de diciembre de 2008 todas las páginas, tanto existentes como de nueva creación, deberán cumplir la prioridad 2 de la Norma UNE referida.
  • Por lo que respecta a las obligaciones introducidas en el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (Real Decreto 424/2005, de 15 de abril - BOE de 29 de abril de 2.005), serán exigibles a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, salvo en lo referente a la accesibilidad a la guía telefónica universal a través de Internet, supuesto en que serán de aplicación los plazos establecidos para las páginas de las Administraciones Públicas.

7.6.- ¿Qué apoyos complementarios se establecen para estas medidas?

Finalmente, interesa destacar que la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 c) de la Ley 51/2003, establece que las personas con discapacidad y sus familias podrán beneficiarse de las subvenciones y ayudas económicas que se establezcan para la adquisición de los elementos, bienes, productos y servicios de la sociedad de la información. Del mismo modo, gozarán de prioridad a la hora de acceder a las iniciativas, programas y acciones de infoinclusión y de extensión de la sociedad de la información que desarrollen las Administraciones Públicas.

En este sentido, el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Industria Turismo y Comercio habilitarán una página de InternetAbre ventana nueva, accesible a las personas con discapacidad, que contendrá información global, completa y actualizada sobre este particular.

8.- La accesibilidad en los transportes

8.1.- ¿Qué norma regula las condiciones básicas de accesibilidad en esta materia?

El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad (BOE de 4 de diciembre de 2.007).

Con esta norma se viene a dar un paso más en el camino para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad recogido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que entronca con los principios consagrados en los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución, como son los de libertad, igualdad, participación y atención a las personas con discapacidad, garantizando unos niveles mínimos extensibles a todo el Estado sin los cuales se podrían sufrir desequilibrios territoriales que generarían discriminaciones y desventajas al grupo ciudadano de las personas con discapacidad.

Por otra parte, el Real Decreto aprobado no es sino cumplimiento del mandato contenido en el artículo 10 de la Ley referida, en el que se establece que el Gobierno “regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad”.

De esta manera, el Real Decreto 1544/2007, en cuya elaboración han colaborado, además de las Administraciones implicadas y de las asociaciones profesionales y empresas del sector, el CERMI y el Consejo Nacional de la Discapacidad, determina las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para su utilización por las personas con discapacidad para los modos de transporte ferroviario, marítimo, aéreo, por carretera, en autobús urbano y suburbano, ferrocarril metropolitano, taxi y servicios de transporte especial, fijando también su calendario de implantación, en el marco de lo establecido por la Disposición Final Octava de la Ley 51/2003.

No obstante y, según se deriva de la Disposición Final Tercera del Real Decreto aprobado, a estas condiciones de accesibilidad y no discriminación, que tienen carácter básico, podrán adicionarse otras por parte de las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.

Interesa destacar, finalmente, que, para atender a los costes derivados de la aplicación de este Real Decreto a las infraestructuras y medios de transporte de competencia estatal, en la Disposición Final Quinta se prevé la adopción de las medidas presupuestarias necesarias para que los Ministerios responsables de su aplicación puedan afrontarlos sin menoscabo de la ejecución de los planes que tengan establecidos.

8.2.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte ferroviario y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?

Además de la normativa europea en materia de especificaciones técnicas de interoperatividad (ETI) sobre accesibilidad de las personas con movilidad reducida, al transporte ferroviario serán de aplicación las condiciones básicas de accesibilidad que recoge el Anexo I del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, distinguiendo, a tal efecto, entre:

1.- Las estaciones, para las que se establecen las siguientes previsiones:

  • a) En sus aparcamientos deberán existir plazas reservadas para personas con discapacidad autorizadas y con identificación.
  • b) Contarán con Itinerarios accesibles tanto en el entorno inmediato a la estación como en el interior de las mismas, de manera que quede conectado el acceso adaptado de la estación con los puntos esenciales de la misma: venta de billetes, información, aseos, cafetería y andenes.
    • No podrán formar parte de estos itinerarios las escaleras que no cuenten con algún dispositivo que permita que sea salvada por usuarios de sillas de ruedas, ni tampoco las escaleras mecánicas.
    • Por su parte, las rampas fijas en los recorridos principales, cuyo suelo será antideslizante, tendrán una anchura libre de paso mínima de 90 centímetros, medido entre barandillas. En lo que a las rampas mecánicas o pasillos rodantes se refiere, contarán con pasamanos laterales a 90 centímetros de altura y una pendiente máxima del 21,26%.
    • Los pasos elevados y subterráneos que formen parte de un itinerario accesible deberán disponer a lo largo de los mismos de un área libre de obstáculos de 160 centímetros de ancho y una altura libre de 220 centímetros.
    • Los ascensores de uso público integrados en el itinerario deberán permitir su uso a usuarios de sillas de ruedas con su equipaje y acompañados de una persona.
  • En cuanto a los accesos, existirá, al menos, una puerta designada como accesible, de acceso a la estación y otra de entrada a los andenes, en su caso.
  • Los aseos estarán acondicionados para permitir su utilización por personas en silla de ruedas.
  • El mobiliario, complementos y elementos en voladizo de la estación contrastarán con el entorno y tendrán sus bordes redondeados, de manera que sean fácilmente identificables por personas con discapacidad visual y no puedan causarles daño.
  • Los mostradores de venta de billetes, información y atención al cliente serán fácilmente identificables y, al menos uno de ellos, será accesible a efectos de desempeñar estas tres funciones.
  • En cada grupo de máquinas expendedoras y otros elementos interactivos, como las cabinas de teléfono público, deberá existir un elemento adaptado para personas con discapacidad.
  • Las informaciones sobre variaciones de última hora, incidencias o situaciones de emergencia deberán proporcionarse de manera visual y acústica, de tal modo que la información sea fácilmente comprensible por las personas con discapacidad.
  • Los andenes de nueva construcción asegurarán, en la medida de lo posible, que las puertas de los trenes designadas para usuarios de sillas de ruedas no queden enfrentadas con elementos fijos (tales como pilares, postes, escaleras, ascensores, rampas, etc.) que impidan el normal desenvolvimiento de éstos, algo que se garantiza mediante el establecimiento de distancias libres mínimas.
    El suelo del andén deberá ser antideslizante y, en la zona de aproximación a la vía, se colocarán bandas cuyos colores intensos y relieves permitan a la persona discapacitada identificarla fácilmente.

2. El acceso al tren, en relación con el cual deberá existir una puerta a cada lado del mismo que conecte una zona adaptada del propio tren con el andén, contando además con algún dispositivo que cubra la distancia que, en su caso, exista entre coche y andén.

Aquellos trenes que no se hayan adaptado a la altura de los andenes en los que presten servicio una vez transcurrido el período de adaptación de 13 años establecido en el artículo 2.5, deberán contar con un elevador a bordo (plataforma elevadora) situado bien en cada lado del tren o bien con equipos móviles en andén, que serán manejados por el personal de la operadora del transporte.

Como condición básica que necesariamente ha de observarse en las estaciones de tren se establece que la entidad responsable de los servicios de asistencia en las estaciones y los operadores de los servicios de transporte de viajeros acordarán la forma en que todo usuario de silla de ruedas sea auxiliado con los medios precisos para subir o bajar del tren en toda estación en condiciones de dignidad y seguridad.

3. Los trenes, que deberán contar con:

  • a) Asientos prioritarios para uso de las personas con discapacidad, debiendo habilitarse:
    • Al menos un 10 % en los trenes o servicios ferroviarios cuya utilización no requiera reserva previa de asiento.
    • 1, 2, 3 o 4 asientos dependiendo de si el tren tiene menos de 110 metros, de 110 a 205 metros, de 205 a 300 metros y de más de 300 metros, respectivamente. Estos asientos los ocuparán viajeros que acceden al tren en silla de ruedas pero que viajan en un asiento convencional.
  • b) En el caso de viajeros que no abandonen su silla de ruedas, se habitarán, en función de la longitud del tren antes referida, de 1 a 4 espacios destinados a ellos, en los que se deberá garantizar la correcta sujeción de la silla.
  • c) Todas las puertas del tren, tanto exteriores como interiores, deberán ajustarse a las medidas de accesibilidad que precisan las personas con discapacidad visual o física.
  • d) Cuando un tren lleve aseos, y las dimensiones interiores de los coches lo permitan, se facilitará un aseo universal (diseñado para ser utilizado por todos los viajeros, incluidas todas las categorías de personas con discapacidad) adyacente al espacio destinado a las sillas de ruedas y, en su caso, a las plazas de camas accesibles, y se ajustará tanto a los requisitos de los aseos estándar (no está diseñado para uso por parte de personas en silla de ruedas) como a los requisitos de los aseos universales.
  • e) Los pasillos y zonas inmediatas a los espacios destinados a los viajeros en sillas de ruedas contarán con las dimensiones necesarias para facilitar el normal desenvolvimiento de estas personas.
  • f) La información al viajero se facilitará de tal forma que sea accesible y comprensible por el mayor número de personas con discapacidad y, así, se recurrirá al color y al contraste en los trenes, andenes y accesos, procurando, en la medida de lo posible, que los mensajes orales también se muestren en forma de texto escrito.
    Esto será especialmente importante en el caso de señales de seguridad, advertencia, obligación y prohibición, que se incluirán en pictogramas.
  • g) En lo que a los desniveles se refiere, la huella de todos los escalones de una escalera será destacada por una banda en el borde, que será de textura y coloración diferente y bien contrastada.
  • No se permiten escalones entre el vestíbulo de una puerta exterior accesible para sillas de ruedas, el espacio destinado a las sillas de ruedas, un compartimento dormitorio universal y el lavabo universal.
  • h) Por su parte, se colocarán pasamanos a ambos lados de las entradas que tengan más de dos escalones.
  • i) En el caso de que el tren disponga de plazas de camas para los viajeros llevará un vehículo en el que habrá por lo menos una plaza de cama accesible para personas usuarias de sillas de ruedas, que deberán reunir las condiciones de accesibilidad oportunas y contar con un lavabo universal cercano.
  • j) En lo que a los estribos que ayudan a subir o bajar el tren se refiere, serán no deslizantes y tendrán una anchura real y sin obstrucciones tan amplia como el vano de la puerta.
    En el caso de estribos movibles, funcionarán en conjunción con las secuencias de apertura/cierre de la puerta, de manera que la extensión del estribo deberá quedar completada antes de que se inicie la apertura de la puerta, y, a la inversa, la retracción del estribo sólo podrá comenzar cuando la puerta esté completamente cerrada. Por otra parte, estarán provistos de un dispositivo que detenga su movimiento de salida si su borde anterior entra en contacto con cualquier objeto rígido.
  • k) Finalmente, se recogen los requisitos generales de accesibilidad y seguridad que deben reunir los medios auxiliares para la subida al tren de viajeros en sillas de ruedas, estableciendo las concreciones oportunas en el caso de rampas, rampas semiautomáticas y planchas-puente, que son aquellas integradas en el coche, automáticas o manuales, activadas, cuando sean automáticas, en conjunción con las secuencias de apertura/cierre de las puertas.

En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según establece el artículo 2 del Real Decreto aprobado, las condiciones de accesibilidad que se han puesto de manifiesto deberán reunirlas las estaciones que soporten un tráfico de viajeros superior a 1000 viajeros / día de media anual o las de capitales de provincia en un plazo no superior a 8 años desde la entrada en vigor del mismo, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007.

Las estaciones de tráfico menor o igual a 1000 viajeros / día y superior a 750 viajeros / día deberán cumplir sólo algunas de las especificaciones apuntadas (marcadas con un asterisco en el Anexo I del Real Decreto) en un plazo no superior a 13 años.

No obstante lo anterior, tales medidas serán de aplicación a las estaciones nuevas o las existentes que sufran modificaciones estructurales, en las condiciones que determinada la Disposición Adicional Primera, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto.

En lo que a los trenes se refiere, los que se adquieran tras los 12 primeros meses de vigencia del Real Decreto deberán adaptarse a las condiciones establecidas en el mismo. Los que ya estén en servicio o se adquieran dentro de esos 12 meses siguientes a la aprobación del Real Decreto deberán adaptarse a las medidas contempladas en el plazo máximo de trece años. Los trenes de valor histórico o patrimonial serán objeto de adaptación e la medida en que la misma no suponga detrimento o pérdida de dichos valores.

8.3.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte marítimo y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?

Al transporte marítimo serán de aplicación las condiciones básicas de accesibilidad previstas en el Anexo II del Real Decreto aprobado, distinguiéndose al respecto entre:

1. Medidas aplicables en el entorno urbanístico de las instalaciones portuarias:

a) En las zonas de estacionamiento deberá reservarse un número de plazas suficientes destinadas a los vehículos que transporten personas con discapacidad permanente, situadas inmediatamente, o tan cerca como sea posible de los itinerarios peatonales destinados a acceder a las instalaciones marítimas y otras instalaciones de uso público.
En el caso de garajes o aparcamientos con más de una planta, se establecerán itinerarios de entrada y salida accesibles y, en caso de que sea necesaria la instalación de un ascensor, su cabina y las puertas de entrada serán accesibles, estando colocado lo más cerca posible de los espacios reservados para aparcamiento adaptado y lo más próximos posibles a los itinerarios de acceso.
Tanto las zonas de aparcamiento reservadas a las personas con discapacidad como los ascensores accesibles deberán estar dotados de los medios de comunicación suficientes que permitan solicitar asistencia del personal de los puertos en caso de necesidad.

b) Deberá haber al menos un itinerario peatonal que conecte las plazas reservadas en los aparcamientos para las personas con discapacidad con el resto de las infraestructuras e instalaciones portuarias de uso público, lo más directo posible, respetándose, a este respecto, las condiciones de accesibilidad necesarias en cuanto a anchura, rampas, pavimento, etc.
Respecto de los espacios de los muelles e instalaciones de embarque, deberán tomarse medidas específicas para la circulación cómoda y segura de las personas con discapacidad física y visual, singularmente, con el pavimento adecuado, vías de encaminamiento, señalización de cantiles y puntos peligrosos y cubrimiento y techado de dichas vías.

2.- Accesos a los edificios de uso público de los puertos y estaciones marítimas, que deberán permitir el fácil desenvolvimiento de las personas con discapacidad, cuidando de forma especial la iluminación, la señalización de puertas y accesos y la accesibilidad y seguridad de desniveles y rampas.

3.- Accesibilidad dentro de los edificios de uso público de los puertos y estaciones marítimas:

  • a) Los vestíbulos, salas de espera y zonas de servicio al público deberán de estar dotados de itinerarios señalizados mediante sistemas gráficos o acústicos y adaptados a su uso por personas con discapacidad. Además, su pavimento ha de ser antideslizante y continuo.
  • b) El mobiliario cercano a los itinerarios internos de los edificios anteriormente citados, así como el existente en las zonas de servicio y espera, deberá adaptarse de forma que sus acabados, cantos y esquinas estén redondeados, a efectos de evitar golpes y lesiones a las personas con discapacidad visual, a la par que permitan la mayor movilidad posible y el acceso más cómodo a los servicios a las personas usuarias de sillas de ruedas.
  • c) Deberán tomarse las medidas precisas para el descanso de las personas con discapacidad física, con asientos y apoyos isquiáticos, debiendo estar ambos dispositivos colocados en los lugares y según el diseño más adecuado para las necesidades de las personas con discapacidad física.
  • d) Las instalaciones de atención a los usuarios con discapacidad, tales como mostradores, ventanillas, máquinas expendedoras de billetes y puntos de información. Deberán estar diseñadas de forma que permitan el fácil acceso a las mismas, con especial atención a establecer espacios suficientes que garanticen y faciliten un radio de giro adecuado para las personas usuarias de sillas de ruedas, estando ubicadas en zonas aledañas o en su defecto, lo más próximas posibles a los itinerarios accesibles. Además, deben facilitar su uso por personas con discapacidades visuales, auditivas o intelectuales.
  • e) En cada grupo de teléfonos públicos debe instalarse al menos uno de ellos específicamente habilitado para personas con discapacidad auditiva, visual o física.
  • f) Los aseos estarán especialmente habilitados para usuarios de sillas de ruedas, de forma que dentro de cada batería de aseos se disponga de uno que permita su utilización en adecuadas condiciones por los usuarios citados sin necesidad de ayuda externa.
    Además, en los aseos comunes de uso público deberán tomarse medidas precisas para facilitar su utilización por las personas con discapacidad visual, auditiva o de baja talla.
  • g) Deberán tomarse las medidas que permitan establecer las mejores condiciones posibles de accesibilidad y seguridad en las vías, medios y equipos de circulación de uso público de la estación marítima, tales como escaleras fijas, escaleras mecánicas, rampas fijas, ascensores y plataformas elevadoras.
  • h) En las zonas de embarque y desembarque deberán implementarse las medidas de accesibilidad que faciliten soluciones de continuidad en la circulación puerto-buque, mediante el establecimiento de los correspondientes pasos peatonales, barandillas en corredores, escaleras, rampas, plataformas, elevadores o ascensores.
  • i) La Información sobre situación de elementos e instalaciones deberá ser accesible para personas con discapacidad, especialmente cuando se trate de dar a conocer situaciones de emergencia (paneles o señalizaciones visuales o en braille, así como de sistemas de megafonía apoyados por bucles de inducción magnética).
    Además, se pondrá a disposición de las personas con discapacidad que así lo soliciten y deban desplazarse en sillas de ruedas, camillas o que tengan afectada la visión en más de un 50 por ciento, un servicio de acompañamiento.
  • j) En todo caso, las personas que precisen del acompañamiento de perros guía y de asistencia podrán acceder a los edificios e instalaciones de uso público de los puertos y de las estaciones marítimas.
  • k) En los planes de emergencia de los puertos y de las estaciones marítimas deberán contemplarse las medidas precisas para garantizar la evacuación de las personas con discapacidad, así como dotar las instalaciones, espacios y edificios portuarios y de las estaciones marítimas de uso público de los elementos que sean precisos para el tratamiento de las situaciones de emergencia, tales como alarmas, vías de evacuación y formación de personal.

4.- Adaptabilidad de los buques de pasaje, en relación con lo cual las administraciones públicas competentes en materia de transporte marítimo adoptarán las medidas precisas, siempre que ello sea factible por razón de la seguridad del buque, para que las personas con discapacidad puedan gozar de un acceso y una estancia cómodos y seguros a bordo de los buques de pasaje de las clases A, B, y C y en todas las naves de pasaje de gran velocidad. En este sentido:

  • a) En el acceso a los buques referidos mediante pasarelas o rampas deberá garantizarse la seguridad de personas discapacitadas.
  • b) En el desplazamiento dentro de los buques, ya sea horizontal o vertical, deberá garantizarse el paso para las sillas de ruedas y la seguridad para las personas con discapacidad visual o que deban utilizar elementos de apoyo para su desplazamiento. En todo caso los pasillos y corredores deberán contar con pisos no deslizantes y estar debidamente señalizados y marcados mediante sistemas luminosos o acústicos.
  • c) Las instalaciones y zonas de servicios, incluidas las zonas comerciales, recreativas y consultorios médicos, en su caso, deberán permitir los desplazamientos con sillas de ruedas y evitar en la medida de lo posible, de acuerdo con las características estructurales del buque, resaltes y desniveles, debiendo estar suficientemente indicadas mediante la utilización de medios de señalización, tanto luminosa como acústica.
    Por otra parte, habrán de habilitarse espacios, debidamente acondicionados, destinados tanto a personas con discapacidad que no abandonen la silla de ruedas durante la travesía como a personas que sí la abandonen.
  • d) De acuerdo con las dimensiones y los parámetros de seguridad estructural del buque, se habilitarán aseos que permitan su utilización por personas discapacitadas en condiciones de seguridad.
  • e) Se adoptarán las medidas necesarias para que las personas sordas y con discapacidad auditiva disfruten de los medios audiovisuales y accedan a la información transmitida por megafonía (bucles de inducción magnética, instalación de frecuencia modulada, infrarrojos, subtitulación, lengua de signos y otras medidas técnicas), .
    Respecto de las personas con discapacidad visual se ha de disponer de una adecuad iluminación de las posibles ayudas técnicas que auxilien en la realización de la travesía; además, se señalizarán en braille los asientos se están numerados.
    En todo caso, se permitirá la utilización de perros de asistencia con sujeción a las normas a este respecto aplicables en las instalaciones portuarias y siempre que se respete la normativa en materia de sanidad exterior.
  • f) Los camarotes de los buques deberán estar adaptados para su utilización por personas con discapacidad, habilitándose uno de cada cien o fracción del total de los mismos para su utilización por pasajeros con sillas de ruedas, y tres camarotes para su uso por personas con discapacidad distintas de los usuarios de sillas de ruedas.
  • g) En lo que a las situaciones de emergencia se refiere, la camarotes que ocupen las personas con discapacidad se ubicarán los más cerca posible de los medios de evacuación, se establecerán vías de evacuación o, en su caso, áreas de rescate asistido, considerando las necesidades de las personas con discapacidad y los elementos de aviso (alarmas y señalización), información (instrucciones) y salvamento deberán ser fácilmente accesibles a las personas con discapacidad.
  • h) Las compañías marítimas deben formar a la tripulación, de acuerdo con los protocolos que al efecto establezcan los organismos competentes, para el trato a las personas con discapacidad, su asistencia y auxilio para los que precisen en toda la travesía de forma singular en el camarote, los espacios públicos, los aseos, y de forma especial en las emergencias y evacuaciones.
  • i) Precisamente con el objeto de atender a pasajeros con discapacidad en la forma debida, los miembros de la tripulación deberán conocer de qué pasajeros se trata.

En el mismo sentido, las personas con discapacidad deberán hacer constar su condición y el tipo de discapacidad que padecen en el momento de adquirir su billete, además de la circunstancia de si precisan algún tipo de asistencia o atención especial, de manera que se pueda garantizar su seguridad durante las operaciones de embarque y la navegación, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las navieras tanto en lo que se refiere a la reserva de camarotes, espacios reservados para aparcar vehículos, dotación de equipos adaptados, etc.

En cada buque y de forma proporcional a sus características se dispondrán ayudas técnicas a los pasajeros con discapacidad, en especial a los usuarios de sillas de ruedas (sillas adaptadas a las condiciones de los buques, andadores, bastones) y a las personas sordas, o con discapacidad auditiva (despertadores y timbres, luminosos y vibratorios, Internet, con sistema de videoconferencia, televisión con teletexto, teléfonos de texto, etc.).

En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según dispone el artículo 3 del Real Decreto aprobado, las estaciones marítimas existentes deberán adaptarse a las condiciones básicas de accesibilidad apuntadas en el plazo máximo de cuatro años desde su entrada en vigor, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007. Por su parte, la nuevas instalaciones portuarias deberán ser accesibles a partir de los dieciocho meses desde esa entrada en vigor.

En lo que a los buques se refiere, las empresas dedicadas al transporte marítimo deberán contar, al menos, con un barco accesible a las personas con discapacidad para cada línea regular de viajeros, en cada día de servicio y en cada sentido de la derrota, en un plazo máximo de 3 años desde la vigencia del Real Decreto. Los nuevos buques deberán cumplir las condiciones de accesibilidad previstas a partir de los dos años siguientes a la aprobación del Real Decreto.

8.4.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte aéreo y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?

Adicionalmente a las normas de protección y asistencia recogidas en el Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, se establecen en el Anexo III del Real Decreto aprobado otras condiciones de accesibilidad relativas tanto a las infraestructuras aeroportuarias como a los sistemas de información y comunicación.

1.- En lo que a las infraestructuras aeroportuarias se refiere, la entidades gestoras del aeropuerto garantizarán:

  • a) La accesibilidad de todas las nuevas instalaciones y equipamiento de las infraestructuras bajo su responsabilidad, tanto en el interior de los edificios terminales, como en el exterior a los mismos.
  • b) La existencia de una ruta alternativa accesible cuando las puertas de embarque y desembarque no se encuentren comunicadas mediante pasarelas telescópicas con la puerta de la aeronave, o el embarque y desembarque se realice a nivel de la plataforma del aeropuerto.
  • c) La interconexión mediante vías accesibles entre las terminales de transportes públicos metropolitanos terrestres y las terminales del aeropuerto, entre los aparcamientos y los puntos de llegada o salida, entre éstos y las instalaciones de facturación y recogida de equipaje, entre los diferentes edificios terminales que puedan dar servicio al aeropuerto, entre los mostradores de facturación y la aeronave y entre las puertas de llegada y las salas de recogida de equipaje.
  • d) La intercomunicación telefónica entre determinadas plazas de aparcamiento reservadas para las personas con discapacidad y los puntos de llegada o salida, que habrán de ser accesibles en la medida de lo posible.
  • e) La existencia de infraestructuras de intercomunicación y solicitud de ayuda accesibles en la medida de lo posible para todas las discapacidades, incluidas las de telefonía, entre los puntos de llegada o salida y las organizaciones que han de prestarle asistencia.
  • f) La disponibilidad de sistemas de telecomunicación e información accesibles a los pasajeros con discapacidad auditiva y visual.
  • g) La existencia de un equipo automático de emisión de billetes y de facturación para ser utilizado por personas discapacitadas en el caso de que haya dos o más.
  • h) La existencia de una máquina expendedora accesible cuando haya dos o más máquinas expendedoras del mismo tipo en cada área.
  • i) El acondicionamiento de vías de evacuación accesibles.

2.- Por lo que a las condiciones básicas del sistema de información y comunicación respecta:

  • a) Con la finalidad de alcanzar un sistema coordinado e integrado de atención a las personas con discapacidad, la entidad gestora del aeropuerto deberá utilizar en sus comunicaciones con cualquiera de los órganos de gestión afectados, la clasificación y códigos establecidos en el Documento 30 de la Conferencia Europea de Aviación Civil y basados principalmente en la Resolución 700 y las Prácticas recomendadas 1700 de la IATA.
  • b) Por su parte, los transportistas aéreos y sus agentes autorizados y los operadores turísticos, deberán:
    • Como mínimo y, a petición de una persona con discapacidad, proporcionar información relativa a las condiciones de acomodación a bordo de una aeronave (disponibilidad de asientos y aseos accesibles, de elementos de desplazamiento a bordo, de almacenaje en cabina de sillas de ruedas, incluidas las eléctricas, y de transporte en cabina de perros guía o de asistencia certificados).
    • Informar a las personas con discapacidad que lo soliciten sobre las condiciones de accesibilidad de los aeropuertos de destino en el extranjero.
    • Procurar, en la medida que lo permita la tecnología, medios y procedimientos de telecomunicación, que las personas discapacitadas tengan las mismas oportunidades que el público en general a la hora de obtener información sobre las condiciones del transporte.
  • c) Por su parte, la entidad gestora del aeropuerto deberá tomar las medidas necesarias para informar a los personas con discapacidad acerca de cómo proceder en la realización de un viaje, desde el momento en que necesita información relativa a un vuelo, hasta la finalización del mismo, incluida la reserva y adquisición del billete, la llegada y desplazamientos en el interior del aeropuerto.
  • d) Los transportistas aéreos españoles establecerán en sus respectivos manuales operativos procedimientos detallados relativos al servicio que deba darse a las personas con discapacidad.
  • e) En el caso de que la información relativa al viaje, tanto en el aeropuerto como a bordo de la aeronave, no sea accesible en los sistemas de información generalmente usado por todos los pasajeros, se proporcionarán sistemas específicos para pasajeros con dificultades auditivas o visuales.
  • f) El Ministerio de Fomento elaborará y distribuirá a las entidades gestoras de los aeropuertos, a los operadores aéreos y operadores turísticos, y a las empresas de transporte terrestre público de pasajeros desde y hacia el aeropuerto, un cuaderno en el que se incluya información relativa a las condiciones, medios y procedimientos necesarios para la atención a las personas con discapacidad. Contendrá asimismo información para que las personas con discapacidad puedan programar y realizar el vuelo.
  • g) En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, se procurará, en el ámbito de la gestión aeroportuaria, disponer de alarmas de emergencia visuales y luminosas, avisos e información visuales mediante rótulos y sistemas de reconocimiento de voz, transcripción de mensaje oral emitido por megafonía a texto escrito, mediante sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de inducción magnética (bucles magnéticos), teléfonos de texto, vídeos subtitulados.

En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según se deriva del artículo 4 del Real Decreto aprobado, las medidas de accesibilidad previstas para las infraestructuras aeroportuarias serán de aplicación en los plazos máximos previstos en el apartado 1 de la Disposición Final Octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, es decir, de cinco a siete años para las infraestructuras y material de transporte nuevo, y de quince a diecisiete años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.

En lo que a las medidas sobre sistemas de información y comunicación se refiere, serán obligatorias transcurridos dieciocho meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007.

8.5.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte por carretera y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?

Las condiciones básicas de accesibilidad al transporte por carretera se fijan en el Anexo IV del Real Decreto, distinguiendo al efecto entre:

1.- Infraestructuras e instalaciones fijas de acceso público:

  • a) En lo que a las estaciones se refiere, el Real Decreto aprobado se remite a las condiciones básicas aplicables de las del transporte ferroviario.
  • b) Por lo que se refiere a los andenes, deberán reunir las siguientes condiciones específicas:
    • Existencia de itinerarios accesibles entre el edificio principal y cada una de las dársenas y andenes.
    • Carácter antideslizante el pavimento, empleándose franjas de pavimento especial, de acabado táctil-visual, para ayuda de las personas con discapacidad.
    • Disponibilidad de asientos y apoyos isquiáticos en número y lugar adecuados.
    • Iluminación adecuada en toda la superficie pisable de estos ámbitos, especialmente en el borde de los andenes y en el lugar de embarque y desembarque de los autocares.
    • Señalización comprensible para personas con discapacidad visual o auditiva en cuanto a horarios, salidas y llegadas por andenes y dársenas, incidencias, situaciones de emergencia, etc.

2.- Por lo que a los autobuses respecta, cumplirán las condiciones básicas que establezca la normativa de la Unión Europea en la materia así como las correspondientes disposiciones de transposición y complementarias. No obstante lo anterior, el Real Decreto aprobado establece, específicamente, las siguientes:

  • a) Para todos los servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general interurbanos:
    • Adquisición electrónica de billetes por Internet en las líneas que tengan 10 ó más vehículos adscritos.
    • Reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los accesos al vehículo.
    • Piso del vehículo antideslizante.
    • Barras, asideros u otros elementos destinados a facilitar el acceso y abandono del vehículo.
    • Señalización adecuada de los bordes de los escalones u otros obstáculos que pueda haber.
    • Acceso gratuito a perros-guía o de asistencia.
    • Señalización interior de los elementos de acceso y abandono del vehículo.
    • Versión subtitulada de proyecciones audiovisuales.
    • Transporte gratuito de órtesis y dispositivos que pueda precisar un viajero con discapacidad.
  • b) Para los servicios cuyo itinerario exceda de una comunidad autónoma, además de los requisitos previstos en el apartado anterior, se establecen los siguientes:
    • Accesibilidad para personas que viajen en su propia silla de ruedas así como los medios necesarios para el acceso al vehículo del viajero en la silla.
    • Información sonora y en texto en el interior de los vehículos.
    • Reserva de espacio gratuito para los utensilios, ayudas, aparatos o mecanismos que constituyan una ayuda técnica de las personas con discapacidad.
  • c) En los servicios cuyo itinerario discurra íntegramente dentro de una comunidad autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla y dispongan de 10 o más vehículos adscritos, el 10% de estos, como mínimo, deberá cumplir los requisitos apuntados.
    En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según establece el artículo 5 del Real Decreto aprobado, las estaciones de autobuses e intercambiadores existentes que soportan un tráfico superior a 1.000.000 de viajeros anuales y las estaciones de las capitales de provincia deberán reunir las condiciones apuntadas, en su totalidad, en un plazo no superior a los ocho años desde la entrada en vigor del mismo, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007.
    Las estaciones e intercambiadores con tráfico igual o inferior a 1.000.0000 de viajeros anuales, se adaptarán a las medidas referidas en un plazo no superior a los trece años desde la entrada en vigor del Real Decreto. En estas estaciones sólo serán de obligado cumplimiento algunas de las especificaciones señaladas (marcadas con un asterisco en el Anexo IV del Real Decreto).
    Las nuevas estaciones de autobús e intercambiadores serán accesibles, cumpliendo las condiciones básicas indicadas, a partir de los dos años de la vigencia del Real Decreto.
    Se establecen, por otra parte, diferentes plazos de cumplimiento en relación con las condiciones de accesibilidad previstas para las líneas regulares de transporte interurbano en autobús.
    Además, se dispone que las condiciones de accesibilidad exigidas para los autobuses se incluirán, con carácter de mínimos, en todos los pliegos de condiciones de las concesiones de los servicios de transporte que se otorguen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto.
    Finalmente, se establece que, en el caso de autobuses y servicios de líneas con un tráfico inferior a un millón de viajeros por kilómetro y año y cuya ruta más larga no supere los 100 kilómetros, sólo se exigirán determinadas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación (Las contempladas en las normas del anexo IV.2, apartados 1.b) al 1.i), 2.c), 3 y 4).

8.6.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte urbano y suburbano en autobús y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?

Es en el Anexo V del Real Decreto aprobado donde se recogen las condiciones básicas de accesibilidad en el transporte urbano y suburbano en autobús.

1.- En lo que a las paradas se refiere:

  • La presencia de las mismas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección tacto-visual.
  • Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 centímetros y contrastarán con la superficie en la que se inscriban.
  • Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre identificación y denominación de la línea en sistema Braille.
  • Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto-visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 centímetros.
  • El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de protegerse con elementos rígidos y estables que impidan la invasión de vehículos que indebidamente obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para que la rampa motorizada alcance el punto correcto de embarque.
  • Por lo que a las marquesinas respecta, deberán permitir el acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros.

Los cerramientos verticales transparentes o translúcidos dispondrán de dos bandas horizontales y de colores vivos y contrastados.
La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de recorrido de las líneas, contará con su trascripción al sistema Braille. Cuando se informe a los usuarios con una pantalla de la situación de los autobuses de las líneas que pasan en esa parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora simultánea, a la demanda de un invidente, con un mando de los utilizados para el accionamiento de la sonorización de las señales semafóricas; o sistema alternativo.
Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento.

2.- Por lo que a los autobuses respecta, cabe distinguir entre:

  • a) Los autobuses urbanos, de clase I (provistos de zonas para viajeros de pie y con capacidad superior a 22 pasajeros) y clase A (provistos de zonas para viajeros de pie y con capacidad no superior a 22 pasajeros), que deberán cumplir la Orden CTE/1612/2002, de 25 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II de Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE de 28 de junio de 2.002).
    Los autobuses urbanos de piso bajo y de clase I son aquellos en los que al menos el 35 % de la superficie disponible para viajeros de pie constituye una superficie llana sin escalones, con acceso, como mínimo, a una puerta de servicio. Además, deberán reunir las siguientes condiciones de accesibilidad:
    • La altura desde la calzada al piso del autobús por al menos una de las puertas de servicio, medida con el sistema de inclinación (Kneeling) activad, no ha de ser mayor de 25 cm.
    • Deben contar, al menos, con un espacio para alojar al menos a un pasajero en silla de ruedas, que deberá reunir las condiciones establecidas en cuanto a colocación, accesibilidad, seguridad en el transporte, etc.
    • Dispondrán de pulsadores de solicitud de parada que indicará al conductor que un pasajero de éstas características quiere salir del autobús.
    • Tendrán una rampa motorizada o elevador y sistema de inclinación («Kneeling») para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
    • Deben contar con una trama completa de barras y asideros, sin zonas en las que existan dificultades para asirse.
    • Al menos cuatro asientos próximos a la puerta de acceso estarán reservados a personas con movilidad reducida, no usuarios de sillas de ruedas, señalizándolos con pictograma normado.
    • Las personas ciegas podrán viajar acompañadas de su perro guía y las que tengan otras discapacidades, con su perro de asistencia.
    • El piso del vehículo será de materiales que no produzcan reflejos y será no deslizante tanto en seco como en mojado.
    • Existirán avisadores acústicos y luminosos que permitirán a las personas con discapacidad sensorial localizar la puerta de servicio (también se señalizará con el símbolo de accesibilidad) y obtener información sobre las paradas.
    • El autobús dispondrá en su exterior de tres letreros (parte delantera, trasera y derecha) en los que se coloque el número que le identifica y la línea a la que corresponde.
    • En el interior, la línea de borde del suelo de acceso, se señalizará en toda su longitud con una franja de color fuertemente contrastado en relación con el resto del suelo.
    • La información en los paneles luminosos interiores, deberán poseer caracteres gráficos con tamaño según norma.
  • b) Para los autobuses interurbanos-suburbanos, de clase II (vehículo con capacidad superior a 22 viajeros, que irán sentados, o de pie pero sólo en el pasillo o en una zona que no sobrepase el especio de dos asientos dobles), será obligado el cumplimiento de la Orden CTE/1612/ 2002, de 25 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II de Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE de 28 de junio de 2.002).
    • Los de piso bajo habrán de reunir las mismas condiciones básicas previstas para los autobuses urbanos de piso bajo.
    • Los que tengan escalones también deberán reunir las condiciones previstas para los autobuses de piso bajo aunque con las siguientes matizaciones: deberán contar con una plataforma elevadora para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida y los escalones deberán reunir las condiciones necesarias de accesibilidad.
      En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según establece el artículo 6 del Real Decreto, las paradas existentes de los servicios de transporte urbano y suburbano en autobús se adaptarán a las disposiciones de las condiciones básicas de accesibilidad establecidas en el plazo no superior a dos años, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007, si la parada es utilizada por más de una línea; y en un plazo no superior a cuatro años, en el resto de los casos.
      Todas las nuevas paradas serán accesibles a partir del año a partir de la vigencia del Real Decreto.
      Los autobuses nuevos afectados, clases I y II, serán accesibles a partir del año desde esa vigencia.

8.7.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte en ferrocarril metropolitano y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?

En el Anexo VI del Real Decreto aprobado se agrupan las condiciones básicas de accesibilidad de los tres sistemas de transporte que pueden ser parte del ferrocarril metropolitano: metro convencional o pesado, metro ligero y tranvía.

A) En lo que a las estaciones se refiere, hay que distinguir entre las destinadas al metro y las paradas de tranvía.

1.- En cuanto a las estaciones de Metro se refiere:

  • a) Deberán existir plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad, autorizadas y con identificación, ubicadas lo más cerca posible de la entrada accesible, estando comunicadas con la misma por un itinerario accesible.
  • b) Contarán con itinerarios accesibles, tanto exteriores como interiores, con las condiciones de accesibilidad previstas en el propio Real Decreto, similares a las ya apuntadas para el transporte ferroviario.
  • c) Existirá, al menos, una puerta designada como accesible de acceso a la estación, destacada visualmente. Además, ha de ser parcialmente transparente y con bandas señalizadoras a la altura de los ojos.
  • d) Todo el mobiliario, complementos y elementos en voladizo contrastarán con su entorno y tendrán sus bordes redondeados, evitando materiales que brillen o destellen.
    En cada área de descanso existirá, al menos, un espacio dotado de asientos ergonómicos, con respaldo, y se colocaran también apoyos isquiáticos.
  • e) Donde existan mostradores para venta de billetes, mostradores de información y puntos de asistencia al viajero, se procurara una clara identificación de los mismos, existiendo al menos un mostrador para cada función accesible para las distintas discapacidades.
  • f) Si existen baterías de máquinas para la misma función o que expenden el mismo producto, al menos una de ellas deberá tener las instrucciones de uso en formato accesible para las distintas discapacidades.
    En cada grupo de teléfonos públicos debe instalarse al menos uno de ellos habilitado para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y con discapacidad física.
  • g) Se debe proporcionar de manera visual y acústica la información básica para los viajeros. Se considerarán informaciones básicas las variaciones de última hora, incidencias o situaciones de emergencia. La información escrita se procurará emitir simultáneamente en una pantalla con la lengua de signos.
    En este sentido, los elementos de señalización, las pantallas de información dinámica y los pictogramas reunirán las condiciones establecidas para procurar su fácil lectura e identificación.
  • h) En lo que a los andenes se refiere:
    • Su altura no superará la del piso del tren en su posición más baja y su borde será de traza recta.
    • El suelo de los mismos será antideslizante y contrastará con el de las zonas especiales.
    • En lo que a las zonas especiales se refiere, se pueden distinguir: La pieza de borde de andén, que será de material ranurado y tendrá un color que contrate con el de la vía.
      Se aconseja instalar aneja a la pieza de borde y hacia su interior una línea de puntos de luz, a todo lo largo del andén, que emitan ligeros destellos ante la llegada del tren.
      Adosada a la anterior, se ha de colocar una franja de advertencia de peligro próximo, de botones de color amarillo vivo y reflectante.
      Si hay espacio suficiente, además de las bandas anteriores se colocará una banda de pavimento listado que encamine por textura y color, paralela al borde del andén, a todos los puntos de interés, ante los que se colocarán franjas de advertencia. Una de las más importantes de estas franjas formará la llamada “zona segura”. La misma, transversal al andén, conduce a la “puerta de servicio accesible” del tren.
    • Se sugiere que en el borde del andén se coloque un panel a todo lo largo, con puertas que abran solamente cuando el tren pare exactamente en lugar que empareje sus puertas con las del panel del borde.
    • El andén, por otra parte, habrá de estar convenientemente alumbrado.
    • Los andenes contarán con dispositivos de información visual y sonora que permitan a las personas con discapacidad sensorial obtener información sobre el transporte.
      Las situaciones de emergencia han de advertirse en toda la estación, también en los andenes, con los medios luminosos y sonoros normados.
    • En cuanto al mobiliario se refiere, los andenes han de disponer asientos y apoyos isquiáticos accesibles.
  • i) Las estaciones de todo tipo, con niveles de uso público a nivel con el del viario, subterráneos o aéreos, contendrán vías de evacuación accesibles o, en su defecto, Áreas de Rescate Asistido.

2.- Por lo que a las paradas de tranvía se refiere:

  • La superficie del andén no estará a más altura que la del piso del vehículo en su posición más baja.
  • El pavimento será de superficie antideslizante, tanto en seco como en mojado, y no producirá deslumbramientos.
  • Las paradas se comunicarán con el resto del viario peatonal urbano con un itinerario accesible.
  • La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección tacto-visual.
    Junto a la pieza de bordillo del andén, en la zona del pavimento adyacente al mismo, se instalará una franja tacto visual de botones de color amarillo vivo reflectante. Dicha franja transcurrirá sin interrupciones a lo largo de todo el andén.
  • Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre identificación y denominación de la línea en sistema Braille.
    Si se informa a los usuarios en una pantalla de la situación de los tranvías de las líneas que paran en una parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora simultánea, a la demanda de una persona con discapacidad visual, con un mando a distancia de los utilizados para el funcionamiento de la información sonora de los semáforos, o sistema alternativo.
  • En el caso de existencia de marquesinas, la configuración de las mismas deberá permitir el acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros.
    Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá de dos bandas horizontales de colores vivos y contrastados para hacerlos fácilmente identificables.
    La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de recorrido de las líneas, contará con su transcripción al sistema Braille.
    Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento.
  • La ubicación de máquinas expendedoras, canceladoras y terminales de información se señalizarán mediante la instalación en el pavimento de una franja tacto visual con contraste de color elevado, dispuesta en paralelo al frente de la máquina, adyacente a la misma y con una longitud igual a dicho frente. Al menos una de las máquinas tendrá las medidas de accesibilidad para las distintas discapacidades.
    Las condiciones de accesibilidad apuntadas serán obligatorias en su totalidad en las estaciones nuevas de todo tipo, y en las existentes, ya sean cabecera, de paso o final, por la que pase más de una línea y las que formen parte de un intercambiador. En las estaciones existentes por las que pasa una sola línea serán obligatorias sólo las disposiciones señaladas con un asterisco en el Anexo VI del Real Decreto.
B) Habrán de respetarse las distancias óptimas entre el metro o tranvía y el andén, de manera que puedan ser salvadas con seguridad.
C) En cuanto a las características de los metros y tranvías se refiere:
  • 1.- Al menos una de las puertas de acceso de cada tren o tranvía garantizará la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Será la primera del tren, inmediata a la cabina del maquinista.
    La puerta de acceso irá acompañada de paletas o rampas motorizadas cuando resulten necesarias para salvar la distancia entre el vehículo y el andén.
    Por lo demás, deberán tener la anchura suficiente y un alto contraste cromático en relación con el correspondiente al resto del vehículo.
    Estarán provistas de un dispositivo anti-aprisionamiento.
    De ser necesario un pulsador para la apertura, éste se situará accesible, con alto contraste de color y detectable fácilmente por su forma por una persona ciega.
  • 2.- La solicitud de parada se confirmará de forma sonora y visual. Deberá existir un pulsador en el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas que, al igual que el resto de pulsadores existentes en el vehículo, deberá estar señalizado visual y táctilmente, siendo de un color que contraste con la superficie a la que estén fijados y permitiendo su accionamiento con la palma de la mano.
  • 3.- En todo el tren o tranvía se dispondrá una trama completa de barras y asideros de un material antideslizante y color que contraste con su entorno, sin que puedan quedar zonas en las que existan dificultades para asirse.
  • 4.- Al menos dos asientos próximos a la puerta de acceso, por coche, estarán reservados a personas con discapacidad no usuarias de sillas de ruedas, señalizándolos con el pictograma correspondiente.
  • 5.- El piso del vehículo será de materiales que no produzcan reflejos y será no deslizante tanto en seco como en mojado.
  • 6.- Existirá un avisador acústico y luminoso en las inmediaciones de la puerta de servicio accesible con el fin de facilitar la localización de ésta y también un dispositivo que de forma visual y sonora informe sobre parada solicitada y sobre denominación de la próxima parada.
    Del mismo modo, las puertas contendrán avisadores sonoros y luminosos de apertura y cierre de puertas, perceptibles tanto desde el interior como desde el exterior.
  • 7.- El símbolo internacional de accesibilidad se fijará en la parte frontal derecha del vehículo y en la puerta de servicio accesible.
  • 8.- En el interior, la línea de borde del suelo y el borde de los peldaños, en su caso, se señalizarán en toda su longitud con una franja de color fuertemente contrastado en relación con el resto del suelo.
  • 9.- La información en los paneles luminosos interiores deberán poseer caracteres gráficos según norma técnica específica.
  • 10.- Debe de existir al menos un espacio libre de asientos con capacidad para alojar al menos a dos pasajeros en silla de ruedas, con las dimensiones y condiciones de sujeción y accesibilidad establecidas al respecto.
    En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según establece el artículo 7 del Real Decreto aprobado, las estaciones de una red de metro, ya sean cabecera, de paso o final, de más de dos líneas, y aquellas que formen parte de un intercambiador serán accesibles en un plazo no superior a los cuatro años desde la entrada en vigor del mismo, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007. En aquellas estaciones de más de una línea dicho plazo será de siete años.
    En las demás estaciones de metro y paradas de tranvía existentes el plazo será de diez años. En estas estaciones serán de obligado cumplimiento las especificaciones señaladas en el Anexo VI del Real Decreto con un asterisco; las demás tendrán carácter de recomendaciones.
    Toda nueva estación de metro o parada de tranvía y todas las existentes que se sometan a actuaciones de transformación estructural serán accesibles a partir de la vigencia del Real Decreto.
    En lo que al material rodante se refiere (metro convencional, metro ligero y tranvía) será accesible a partir de los dos años de la entrada en vigor el Real Decreto. El material rodante existente con vida útil superior a los diez años se adaptará en un plazo no superior a los cuatro años a partir de esa entrada en vigor.

8.8.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte en taxi adaptado y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?

En lo que al transporte en taxi se refiere, en el Anexo VII del Real Decreto aprobado se distingue entre:

  • 1.- Medidas relativas a las paradas de taxis que, básicamente, estarán unidas con el entorno urbano a través de vías accesibles.
  • 2.- Medidas relativas a la accesibilidad en los taxis, en relación con lo cual se dispone que los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi, a efectos de ser calificados como accesibles para poder transportar personas con discapacidad, deben satisfacer los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones.

En todo caso, el vehículo estará acondicionado para que pueda entrar y salir, así como viajar en el mismo, una persona en su propia silla de ruedas; todo ello con comodidad y seguridad. Además, los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sistema Braille.

Si entre el suelo y el marco de la puerta trasera hubiera una altura superior a 25 cm, el vehículo deberá contar con un escalón.

No podrán ser homologados como autotaxis los vehículos tipo furgoneta ni los vehículos todo terreno.

En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según dispone el artículo 8 del Real Decreto aprobado, en todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por ciento, o fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados. Los titulares de las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si no se cubre el citado porcentaje, los ayuntamientos exigirán a las últimas licencias que se concedan que su autotaxi sea accesible.

Esta medida será planificada por los ayuntamientos antes del año desde la entrada en vigor del Real Decreto, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007. La ejecución de la misma no podrá superar los diez años tras esa entrada en vigor.

8.9.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con los servicios de transporte especial y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?

Un servicio de transporte especial (STE) es aquél que no tiene todas, aunque pueda tener alguna de las características de un servicio de transporte ordinario; esto es, regularidad, horarios, tarifación comercial y recorridos fijos, entre otras.

Además, es un servicio que se concibe expresamente para transportar a los ciudadanos con más grave discapacidad de cualquier tipo; que por ello no pueden o no quieren utilizar los servicios de transporte ordinario, aunque sean accesibles. Esto puede suceder por su grave discapacidad intelectual o física (falta de equilibrio, de coordinación de movimientos, incapacidad de manejar o valerse de una silla de ruedas...).

Las condiciones básicas de accesibilidad en los servicios de transporte especial se recogen en el Anexo VIII del Real Decreto aprobado, en el que se establece que:

  • Sólo se prestarán con vehículos adaptados; en este sentido, los vehículos con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor, deberán ajustarse a lo establecido en la Norma UNE 26.494/2004. Los vehículos con capacidad superior a 9 plazas reunirán las condiciones de accesibilidad establecidas en la serán las establecidas en la Orden CTE/1612/ 2002, de 25 de junio (BOE de 28 de junio de 2.002).
  • Se prestarán por personal cualificado en todo el proceso del servicio: antes y durante el mismo.
  • Podrán darse, siempre a la demanda, con antelación o sin ella, en grupo o individual; con vehículos de diferentes capacidades, siempre automóviles, pero desde turismos hasta autobuses, pasando por furgonetas, microbuses y minibuses.
  • Puesto que debe resolver las carencias de los servicios de transporte ordinario, el ámbito en el que pueden operar los STE no tiene límite, si bien el mínimo debe ser el ámbito municipal - en las grandes ciudades ese ámbito se puede parcelar -, aunque en los pequeños núcleos de población será preciso que preste servicio en ámbitos mancomunados o comarcales.

En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según dispone el artículo 9 del Real Decreto aprobado, los ayuntamientos, mancomunidades de municipios, comunidades comarcales y comunidades autónomas realizarán antes de los dos años desde su entrada en vigor, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007, un estudio técnico de las necesidades de STE de la población con discapacidad que vive en sus ámbitos.

Las mismas entidades antedichas, en el plazo no superior a los tres años desde esa entrada en vigor, pondrán en marcha y mantendrán los STE que den respuesta a la demanda habida. Ello deberá ser objeto de un plan que deberá ejecutarse en su totalidad en un plazo de seis años desde la vigencia del Real Decreto.

8.10.- ¿Qué son las medidas transversales?

Se recogen en el Anexo IX del Real Decreto aprobado y serán de aplicación cuando no se contemple ninguna específica sobre la materia en el Anexo sectorial correspondiente. Tales medidas con las siguientes:

  • 1.- En las instalaciones de transporte público de entidad tal que su gestión lo permita se dispondrá de un servicio asistencial, debidamente formado, para atender a las personas con discapacidad, en su tránsito por la instalación, facilitarles la información que precisen y atenderles en la expedición de billetes.
  • 2. Los perros-guía y de asistencia serán aceptados en todos los vehículos de los servicios de transporte público y en los edificios y dependencias de uso público de aquellos servicios.
  • 3.- Los servicios e instalaciones de entidad tal que su gestión lo permita dispondrán de:
    • a) Página o sitio de Internet, adaptada a las pautas de accesibilidad establecidas, en la que se procurará recopilar y concentrar en un enlace toda la información disponible que pueda ser de utilidad para los viajeros potenciales con alguna discapacidad.
    • b) Folletos informativos específicos, en formatos que los hagan útiles para el mayor número de discapacidades, que recojan un extracto de la información precisa para preparar y realizar el viaje en las mejores condiciones posibles, derechos del viajero con discapacidad, normas de seguridad, protocolos, etc.
    • c) Otros medios y, así, si el servicio de transporte contara con otros medios de información, generales o convencionales, como guías impresas, éstas incluirán una información al menos básica sobre la accesibilidad de sus infraestructuras, servicios disponibles, etc.
  • 4.- En lo que al material auxiliar que puedan precisar las personas con discapacidad se refiere, deberán disponer del mismo tanto los servicios de larga distancia, cuando el medio de transporte lo permita, como las instalaciones de transporte interurbano de entidad tal que su gestión lo permita; esta últimas, además, contarán necesariamente con sillas de ruedas ordinarias.
    En todo caso, el material auxiliar o las ayudas técnicas propiedad de las personas con discapacidad que utilicen en el viaje se almacenarán en lugar adecuado y de forma estable y segura.
  • 5.- Por lo que respecta a las situaciones de emergencia, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007, habrá de aprobarse el protocolo y previsión de actuaciones en las situaciones de emergencia que pudieran darse en el viaje, considerando, especialmente, las distintas situaciones de discapacidad.
    Además, en las terminales de viajeros., las vías de evacuación de uso general serán accesibles a todas las personas, siempre que ello resulte posible y proporcionado.
  • 6.- Cuando circunstancias excepcionales exijan la utilización de un medio de transporte de apoyo, éste deberá organizarse considerando que los servicios extraordinarios que procedan tienen que prestase en condiciones de dignidad y accesibilidad para los viajeros con discapacidad.
  • 7.- Los dispositivos de alarma de uso público en situaciones de emergencia serán accesibles en todo vehículo y, en la medida de lo posible, a las personas con cualquier discapacidad.
  • 8.- Las empresas operadoras que deban prestar atención al pasaje establecerán procesos de formación para su tripulación a fin de que puedan asistir y auxiliar a los pasajeros con discapacidad, cualquiera que sea la situación.
  • 9.- En todos los medios de transporte público en que sea factible existirán plazas de ocupación preferente para personas con discapacidad, y esto para todas las clases; en el supuesto de que sólo hubiera plazas de ocupación preferente en clases superiores, el viajero con discapacidad tendrá derecho a utilizarlas abonando solamente el precio del billete de clase inferior.

Las condiciones apuntadas serán de obligado cumplimiento para entidades de grandes dimensiones. En lo que a las infraestructuras y servicios de pequeñas entidades se refiere, se considerarán condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación las relativas a los perros-guía, la información básica sobre accesibilidad de infraestructuras, servicios, etc., el almacenamiento de material auxiliar propiedad de la persona discapacitada en lugar seguro y estable durante el viaje, las situaciones de emergencia, los dispositivos y de alarma y las plazas reservadas.

A modo de principio general, al final del Real Decreto aprobado se recoge un previsión que promueve la utilización de equipos y dispositivos que aseguren el viaje y la asistencia a las personas con discapacidad en condiciones de dignidad, así como de comodidad y seguridad razonables, impidiendo recurrir, salvo en circunstancias excepcionales, a medios improvisados como el traslado “a pulso” de los viajeros con necesidades intensas de apoyo (usuarios de sillas de ruedas, etc.).

8.11.- ¿Cuál es el procedimiento para denunciar el incumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007?

La Disposición Adicional Cuarta del mismo remite a la legislación de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal y no discriminación para sancionar el incumplimiento de sus previsiones, es decir, a la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Aquí se muestran las preguntas y respuestas más habituales sobre Autonomía Personal y Dependencia, todo sobre la normativa y las prestaciones consecuencia de la misma.

  • ¿Cuáles son los principios fundamentales que inspiran la Ley?
  • ¿Qué se entiende por “Autonomía personal”?
  • ¿Qué se entiende por “Dependencia”?
  • ¿Cuáles son las “Actividades básicas de la vida diaria”?
  • ¿Quién podrá beneficiarse de las prestaciones previstas en la Ley?
  • ¿Se podrán beneficiar de la Ley de Dependencia los españoles residentes en el extranjero?
  • ¿Qué ocurre con las personas que carezcan de la nacionalidad española?
  • ¿Hay atenciones específicas para menores de 3 años?
  • ¿De qué tipo de prestaciones se podrán beneficiar las personas dependientes?
  • ¿Qué servicios de asistencia prevé la Ley?
  • ¿Cómo se conforma la Red de Servicios del Sistema?
  • ¿Qué ayudas económicas establece la Ley?
  • ¿Se tendrá en cuenta la capacidad económica del dependiente a la hora de determinar las prestaciones que va a recibir?
  • ¿Son compatibles las prestaciones que se perciben actualmente con las que contempla la Ley?
  • ¿Qué otras ayudas económicas contempla la Ley para facilitar la autonomía personal?
  • ¿Qué procedimiento ha de seguirse para determinar el grado de dependencia de una persona?
  • ¿Cómo se puede recurrir la resolución por la que se me deniegue la situación de dependencia o las prestaciones recogidas en la misma?
  • ¿Qué ocurre si se concede una prestación por dependencia en una Comunidad Autónoma y la persona dependiente ha de trasladar su residencia a otra Comunidad?
  • ¿Se puede solicitar una ayuda de asistencia a domicilio para un familiar, pero sólo para unos meses al año?
  • ¿Qué grados de dependencia existen?
  • ¿Cuáles son los criterios de valoración para determinar el grado y nivel de dependencia?
  • ¿Qué es el Plan Individual de Atención?
  • ¿Dónde hay que dirigirse para solicitar la valoración del grado de dependencia? ¿A partir de qué fecha se puede hacer?
  • ¿Es posible solicitar que la valoración se realice en el propio domicilio de la persona dependiente si ésta tiene dificultades para desplazarse?
  • ¿Una vez producida la valoración puede ser revisado el grado?
  • ¿Cuál es la diferencia entre grado de minusvalía y grado de dependencia?
  • ¿Qué es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)?
  • ¿Qué es el Consejo Territorial?
  • ¿Cómo se va a financiar el sistema?
  • ¿Qué se entiende por instrumentos privados de cobertura de la Dependencia? ¿En qué consiste el seguro de dependencia? ¿Qué es la hipoteca inversa?

¿Cuáles son los principios fundamentales que inspiran la Ley?

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, reconoce el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, garantizando la igualdad en el ejercicio del mismo en todo el territorio del Estado (artículo 1).

Entre los principios inspiradores de la Ley, recogidos en su artículo 3, destacan los siguientes:

  • El carácter público de las prestaciones del Sistema.
  • La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad y no discriminación.
  • La atención a las personas de forma integral e integrada.
  • La valoración de las necesidades de las personas atendiendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real.
  • La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familiares o representantes legales.
  • La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
  • La cooperación interadministrativa. 

¿Qué se entiende por “Autonomía personal”?

Para el artículo 2.1. de la Ley se corresponde con la capacidad de la persona para decidir por sí misma cómo quiere vivir y para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

¿Qué se entiende por “Dependencia”?

Según el artículo 2.2. de la Ley, es la situación permanente en la que se encuentran las personas que precisan ayudas importantes de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria.

¿Cuáles son las “Actividades básicas de la vida diaria”?

El artículo 2.3. de la Ley las define como las tareas más elementales de la persona, tales como:

  • El cuidado personal
  • Las actividades domésticas básicas
  • La movilidad esencial
  • El reconocer personas y objetos
  • Orientarse
  • Entender y realizar tareas sencillas, etc...

¿Quién podrá beneficiarse de las prestaciones previstas en la Ley?

Para poder ser considerado beneficiario de las prestaciones que otorga esta ley, el artículo 5 de la misma establece los siguientes requisitos:

  • Ser español.
  • Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el período de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.
  • Ser declarado “dependiente” por el órgano evaluador de la Comunidad Autónoma correspondiente.

¿Se podrán beneficiar de la Ley de Dependencia los españoles residentes en el extranjero?

En el artículo 5, apartado tercero, de la Ley se establece que el Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España. En este sentido, se ha aprobado la ORDEN TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados (BOE 5/04/2007).

Dicha Orden recoge un programa que subvencionará las actividades asistenciales y de atención a personas dependientes y en él se incluyen las subvenciones a centros sociales y centros de día, residencias de personas válidas y dependientes y teleasistencia. Supone la transposición a este colectivo de las medidas que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, va a poner en marcha gradualmente.

En lo que a los emigrantes españoles retornados en situación de dependencia se refiere (Art. 5.4. de la Ley), es decir, aquellos que no cumplan el requisito establecido en la letra c del artículo 5.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (haber residido en territorio español cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud), la Disposición Adicional Única del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que podrán acceder a prestaciones asistenciales con igual contenido y extensión que las prestaciones y ayudas económicas reguladas en la misma.

¿Qué ocurre con las personas que carezcan de la nacionalidad española?

En virtud de lo regulado en el artículo 5.2 de la Ley, se les aplicará lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

¿Hay atenciones específicas para menores de 3 años?

La Disposición Adicional Decimotercera de la Ley establece que la atención a los menores de 3 años se integrará en los diversos niveles de protección establecidos en la misma y sus formas de financiación.

Asimismo la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de las Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, que facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales.

¿De qué tipo de prestaciones se podrán beneficiar las personas dependientes?

Las personas que sean declaradas dependientes, podrán recibir (artículo 14):

  • Directamente una serie de servicios, prestados a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, mediante centros y servicios públicos o privados concertados.
  • De no ser posible la atención mediante un servicio, se podrá recibir una prestación económica, de carácter periódico. Deberá estar vinculada a la adquisición de un servicio que se determine adecuado para las necesidades de la persona beneficiaria.
  • Con carácter excepcional, se podrá recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, como pueden ser los familiares de la persona dependiente.

¿Qué servicios de asistencia prevé la Ley?

El Catálogo de Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), recogido en el artículo 15, es el siguiente:

  • Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal (artículo 21).
  • Servicio de Teleasistencia (artículo 22).
  • Servicio de Ayuda a domicilio (artículo 23):
    • Atención de las necesidades del hogar.
    • Cuidados personales.
  • Servicio de Centro de Día y de Noche (artículo 24):
    • Centro de Día para mayores.
    • Centro de Día para menores de 65 años.
    • Centro de Día de atención especializada.
    • Centro de Noche.
  • Servicio de Atención Residencial (artículo 25):
    • Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
    • Centro de atención a personas en situación de dependencia en razón de los distintos tipos de discapacidad.

¿Cómo se conforma la Red de Servicios del Sistema?

El artículo 16.1 de la Ley establece que la red de centros del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) estará formada por:

  • Los centros públicos de las Comunidades Autónomas.
  • Los centros públicos de las Entidades Locales.
  • Los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de las situaciones de dependencia.
  • Los centros privados concertados debidamente acreditados.
  • Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia, que deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente (artículo 16.3).

¿Qué ayudas económicas establece la Ley?

La Ley de Dependencia contempla tres tipos de prestaciones económicas:

  1. Prestación económica vinculada al servicio (artículo17), cuyas características principales son:
    • Personal y periódica.
    • Sujeta al grado y nivel de dependencia y capacidad económica del beneficiario.
    • Destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención (PIA) cuando no sea posible la atención por un servicio público o concertado de atención y cuidado.
    • El servicio deberá ser prestado por entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia.
    • El Consejo Territorial del SAAD acordará las condiciones y cuantía de la prestación.
  2. Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (artículo 18), prevista para aquellos casos en que el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y se reúnan las condiciones que reglamentariamente se determinen. En estos casos, el cuidador familiar deberá ser dado de alta en Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, y participar en programas de formación e información. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de este Real Decreto, los cuidadores no profesionales quedarán incluidos obligatoriamente en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y en situación asimilada al alta, mediante la suscripción de un convenio especial.No será necesario suscribir tal convenio en los supuestos en los que el cuidador no profesional ya cuente con cobertura y cotizaciones a la Seguridad Social porque:
    • Realice una actividad por la que ya se encuentra dentro del sistema de la Seguridad Social.
    • Perciba una prestación del sistema de la Seguridad Social: desempleo, jubilación, etc...
    • Esté disfrutando de los periodos de excedencia laboral en razón de cuidado de familiares, que tengan la consideración de periodos de cotización efectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
    • No se vea obligado a reducir su jornada de trabajo y la correspondiente retribución.

    De esta manera, sólo habrá de suscribirse el convenio referido en el caso de personas que no están trabajando y, por lo tanto, no están cotizando, o de personas que se ven obligadas a reducir su jornada, y con ello, su cotización.

  3. Prestación económica de asistencia personal (artículo 19), que tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación.

La cuantía de las prestaciones económicas referidas se regula en el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

¿Se tendrá en cuenta la capacidad económica del dependiente a la hora de determinar las prestaciones que va a recibir?

Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas atendiendo a su capacidad económica personal. Esta capacidad económica del beneficiario se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.

A los efectos de la determinación de la capacidad económica de los solicitantes de prestaciones por dependencia, la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria contiene, en su Disposición Adicional Quinta, reglas especiales para valorar las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, ya fueran a título oneroso o gratuito, en favor de los cónyuges, personas con análoga relación de afectividad al cónyuge o parientes hasta el cuarto grado inclusive.

No obstante ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos (artículo 33).

En cualquier caso, se espera que esta cuestión del copago sea objeto del pertinente desarrollo reglamentario en los próximos meses.

¿Son compatibles las prestaciones que se perciben actualmente con las que contempla la Ley?

En el artículo 31 de la Ley se establece que la percepción de una de las prestaciones económicas previstas en la misma deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán:

  • El complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%.
  • El de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva.

En lo que las pensiones de invalidez no contributivas se refiere, la propia Ley 39/2006 establece la pauta a seguir, modificando a tal efecto el apartado 2 del artículo 145 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, a estos efectos. Así, se considera compatible la pensión no contributiva con las rentas o ingresos anuales del beneficiario siempre que estos no excedan del 25% de aquella; en caso contrario, se deducirá del importe de la pensión la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de dicho porcentaje.

¿Qué otras ayudas económicas contempla la Ley para facilitar la autonomía personal?

La Disposición Adicional Tercera de la Ley contempla que las Administraciones Públicas podrán establecer acuerdos, en concepto de subvención, para la concesión de ayudas económicas que faciliten la autonomía personal. Estas ayudas irán destinadas a:

  • Apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria.
  • Facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda.

Habrá que estar al tanto, por consiguiente, de las convocatorias de subvenciones que publiquen las Administraciones Públicas en esta materia.

¿Qué procedimiento ha de seguirse para determinar el grado de dependencia de una persona?

El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, y su tramitación se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo  (artículo 28.1).

Realizada la valoración del solicitante, la Administración Autonómica o Dirección Territorial del IMSERSO emitirá resolución en la que se determinarán los servicios y prestaciones que correspondan al solicitante en atención a su grado y nivel de dependencia; esta resolución tendrá validez en todo el territorio del Estado (artículo 28.2 y 3).

Las Comunidades Autónomas están aprobando normativa regulatoria del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en la que, con carácter general, se establece que el organismo competente en materia de dependencia habrá de resolver dicho procedimiento en el plazo máximo de seis meses, si bien también hay alguna Comunidad Autónoma que ha establecido un plazo inferior.

En la respuesta a la pregunta 19 encontrará los enlaces para obtener más información sobre la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia en su Comunidad Autónoma de residencia (teléfonos de información, organismos competentes, tramitación, formularios de solicitud, etc.).

¿Cómo se puede recurrir la resolución por la que se me deniegue la situación de dependencia o las prestaciones recogidas en la misma?

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia está siendo objeto de desarrollo normativo por parte de las diferentes Comunidades Autónomas. En las disposiciones que se han aprobado hasta la fecha, la reclamación frente a la denegación de pretensiones relacionadas con la dependencia puede articularse presentando un Recurso de Alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución denegatoria.

¿Qué ocurre si se concede una prestación por dependencia en una Comunidad Autónoma y la persona dependiente ha de trasladar su residencia a otra Comunidad?

Esta cuestión la resuelve el artículo 28 de la Ley de Dependencia, en el que se establece que el reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado. Dicha resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado y nivel de dependencia.

En el supuesto de cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia.

¿Se puede solicitar una ayuda de asistencia a domicilio para un familiar, pero sólo para unos meses al año?

Se trata de una cuestión muy concreta que aún no se ha resuelto, de forma precisa, en la normativa reguladora. No obstante, ya alguna Comunidad Autónoma ha regulado esta materia poniendo de manifiesto, con carácter general, que podrán recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mermada la autonomía, temporal o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de vida.

¿Qué grados de dependencia existen?

El artículo 26 contempla tres grados de dependencia:

  • Grado I de dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria (ABVD) al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
  • Grado II de dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria (ABVD) dos o tres veces al día pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
  • Grado III de gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria (ABVD) varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Cada uno de estos grados se clasificará a su vez en dos niveles en función de la autonomía y atención y cuidado que requiere la persona.

La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia se realizará progresiva y gradualmente a partir del 1 de enero de 2007 de acuerdo al siguiente calendario:

  • 2007, personas valoradas con un Grado III de gran dependencia, niveles 2 y 1.
  • 2008-2009, personas valoradas con un Grado II de dependencia severa, nivel 2.
  • 2009-2010, personas valoradas con un Grado II de dependencia severa, nivel 1.
  • 2011-2012, personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 2.
  • 2013-2014, personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 1.

Siendo esto así, durante el año 2008 tendrán derecho a prestaciones las personas que se encuentren en situación de Gran Dependencia y las que queden encuadradas en el nivel 2 de Dependencia Severa. 

¿Cuáles son los criterios de valoración para determinar el grado y nivel de dependencia?

Existen los siguientes baremos de valoración para el nivel de dependencia y decisidir qué apoyos precisa el solicitante.

En el mismo se establecen los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados y niveles de dependencia, y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso.

En definitiva, el baremo mide la incapacidad o dificultad de la persona para realizar en su entorno habitual las actividades de la vida diaria y el grado de apoyo que necesita para realizarla, estas actividades son:

  • Comer y beber
  • Regulación de la micción y la defecación
  • Lavarse
  • Otros cuidados personales
  • Vestirse
  • Mantenimiento de la salud
  • Transferencias corporales
  • Desplazarse dentro del hogar
  • Desplazarse fuera del hogar
  • Tomar decisiones

El baremo fija una puntuación máxima para cada una de las actividades. Hay un baremo específico para las personas con discapacidad física y otro adaptado a personas con discapacidad intelectual y enfermos mentales (se valora la capacidad de tomar decisiones).

Cada uno de ellos tendrá valoración distinta en función de los tramos de edad: de 3 a 6 años, de 7 a 10 años,  de 11 a 17 años y de 18 y más años.

El máximo que puede otorgar el baremo son 100 puntos.

Se ha establecido una Escala de Valoración Específica para los menores de 3 años en el Real Decreto por el que se aprueba el Baremo. Esta permite establecer tres grados de dependencia: moderada, severa y gran dependencia.

En personas menores de tres años, serán objeto de valoración las situaciones originadas por condiciones de salud de carácter crónico, prolongado o de larga duración.

¿Qué es el Plan Individual de Atención?

Realizado en el proceso de reconocimiento de la situación de dependencia del solicitante, el PIA determinará las modalidades de intervención más adecuados a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado y nivel. El solicitante o, en su caso, de su familia o entidad tutelar que le represente, podrá elegir entre las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado y nivel (artículo 29).

¿Dónde hay que dirigirse para solicitar la valoración del grado de dependencia? ¿A partir de qué fecha se puede hacer?

Los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las características comunes del órgano y profesionales que procedan al reconocimiento serán acordados por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (artículo 28.5). Tomando como referencia tales características, las Comunidades Autónomas determinarán cuál será el órgano competente al respecto.

Así, la solicitud habrá que dirigirla al Órgano Gestor correspondiente de la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante (artículo 28.2). En el supuesto de cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia (artículo 28.4).

Más información a través de la Web de IMSERSO

Por otra parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dispuesto dos canales específicos de atención y existen diversas delegaciones donde gestionarlo por toda España.

En el teléfono de atención del IMSERSO se puede solicitar más información 901 109 899.

La página web ofrece más información sobre Autonomía y Dependencia: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

  • País Vasco:
    • Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava
    • Diputación Foral de Gipuzkoa
    • Diputación Foral de Bizkaia Acción Social
  • Cataluña: Departament de Treball, Afers Socials i Families
  • Galicia:
    • Vicepresidencia da Xunta
    • Política Social y Discapacidade
  • Andalucía: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Junta de Andalucía)
  • Principado de Asturias: Gobierno del Principado de Asturias
  • Cantabria: Servicios Sociales de Cantabria
  • La Rioja: Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja
  • Murcia: Instituto Murciano de Acción Social
  • Comunidad valenciana: Conselleria Igualdad y Políticas Inclusivas Generalitat Valenciana
  • Aragón: Direccion General de Atencion a la Dependencia de Aragón
  • Castilla - La Mancha: Dirección General de Atención a la Dependencia
  • Canarias: Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias
  • Extremadura: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura
  • Baleares: Direcció General de Dependència de les Illes Balears
  • Madrid: Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid
  • Castilla y León: Servicios Sociales de Castilla y León
  • Navarra: Asuntos Sociales Comunidad Foral de Navarra

¿Es posible solicitar que la valoración se realice en el propio domicilio de la persona dependiente si ésta tiene dificultades para desplazarse?

En principio y, una vez solicitada la valoración del grado de dependencia, los equipos constituidos a tal efecto en las diferentes Comunidades Autónomas se desplazarán al domicilio del solicitante para aplicar el procedimiento de valoración acordado.

¿Una vez producida la valoración puede ser revisado el grado?

Sí, tal y como establece el artículo 30, se podrá revisar el grado de dependencia en atención a:

  • Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.
  • Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.

También pueden ser revisadas las prestaciones de atención a la dependencia y así en el mismo artículo se establece que estas prestaciones pueden ser modificadas o extinguidas por:

  • Variación de la situación personal del beneficiario.
  • Variación de los requisitos establecidos para su reconocimiento.
  • Incumplimiento de las obligaciones de la Ley.

¿Cuál es la diferencia entre grado de minusvalía y grado de dependencia?

La dependencia, tal y como se define en el artículo 2.2. de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

De lo anterior se deriva que lo que determina el grado de dependencia es la mayor o menor necesidad que una persona tiene de otras para realizar actividades básicas de la vida diaria.

En cambio, el grado de minusvalía lo que mide es el nivel de dificultad que una persona tiene, en general, para su integración social, y que deriva tanto de la discapacidad que padece como de factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural.

¿Qué es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)?

El artículo 6 de la Ley establece que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) garantiza las condiciones básicas y el contenido común en el ejercicio del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en la materia; optimiza los recursos públicos y privados disponibles, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

El SAAD además se configurará como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley determina que en la protección de la situación de dependencia integrada en el Sistema se distinguen los siguientes niveles:

  • El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado (artículo 9), regulado en el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado. Ese nivel mínimo de protección garantizado ha sido fijado, para el año 2008, por el Real Decreto 6/2008, de 11 de enero.
  • El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas a través de los Convenios correspondientes (artículo 10).
  • El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma (artículo 11.2).

¿Qué es el Consejo Territorial?

El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es el instrumento de cooperación para la articulación del Sistema y en el que participan la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas integrantes, corresponde al Consejo, además de las funciones que expresamente le atribuye esta Ley, ejercer las siguientes:

  • Acordar el Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley.
  • Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios.
  • Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas.
  • Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios.
  • Acordar el baremo con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración.
  • Acordar, en su caso, planes, proyectos y programas conjuntos.
  • Adoptar criterios comunes de actuación y de evaluación del Sistema.
  • Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes.
  • Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas en situación de dependencia.
  • Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia.
  • Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las Administraciones Públicas.

El Consejo Territorial del Sistema, una vez constituido, acordará sus normas en cuanto a funcionamiento y Presidencia.

¿Cómo se va a financiar el sistema?

Las Administraciones Públicas implicadas en la gestión del SAAD contribuirán a su financiación de la siguiente manera:

La Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios (artículo 9). No obstante se contempla la suscripción de Convenios anuales o plurianuales con las Comunidades Autónomas al objeto de incrementar este nivel mínimo (artículo 10).

Las Comunidades Autónomas aportarán cada año, al menos una cantidad igual a la de la Administración General del Estado en su territorio (artículo 32).

Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas (artículo 33).

¿Qué se entiende por instrumentos privados de cobertura de la Dependencia? ¿En qué consiste el seguro de dependencia? ¿Qué es la hipoteca inversa?

La Disposición Adicional Séptima de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, encomendó al Gobierno abordar las modificaciones legislativas que procediera para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia; en particular, dispuso que se regulara el tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia, de manera que se promoviera la cofinanciación por los beneficiarios de los servicios que se establecen en la Ley.

Ya unos días antes, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, introdujo una serie de medidas de fomento fiscal de la cobertura de la dependencia mediante seguros privados y planes de pensiones, modificando la regulación sustantiva de estos últimos.

Con base en estos antecedentes, la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, establece la regulación de dos instrumentos privados de cobertura de la dependencia: la hipoteca inversa y el seguro de dependencia.

La hipoteca inversa

La situación financiera de muchas personas mayores es complicada, pues carecen de rentas del trabajo y sus pensiones suelen suponer un descenso respecto a los ingresos netos que percibían cuando trabajaban. Por contra, sus necesidades económicas no descienden al mismo ritmo, máxime cuando su salud no es buena, pues en tal caso requieren de cuidados y atenciones que hay que pagar, situación que, en muchos casos, se prolonga durante años, ya que la esperanza de vida es cada vez mayor.

Precisamente con la finalidad de que estas personas mayores, a las que los bancos ya no conceden hipotecas, obtengan financiación para atender las necesidades apuntadas, se crea la hipoteca inversa, que se corresponde con un crédito concedido al anciano contra el valor de su vivienda habitual (normalmente la suelen tener y completamente pagada), comprometiéndose la entidad financiera a no reclamar ningún importe mientras la casa no sea vendida o mientras la persona no fallezca. En este caso, los herederos podrán optar por devolver las cantidades concedidas, con sus intereses, vender la vivienda para cancelar el crédito o refinanciarla con otro tipo de producto.

A diferencia de otros planteamientos más habituales, en este caso no se produce una transacción de la propiedad (es decir, el banco no se convierte en propietario de la vivienda), sino que la persona sigue siendo dueña de su vivienda.

La forma de concesión del crédito es flexible: toda la cantidad en el momento de la concesión o una renta periódica. Cualquier combinación con un solo límite: un porcentaje del valor de tasación en el momento de la constitución.

Cuando se alcanza dicho porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de la renta y la deuda sigue generando intereses. La recuperación por parte de la entidad del crédito dispuesto más los intereses se produce normalmente de una vez cuando fallece el propietario, mediante la cancelación de la deuda por los herederos o la ejecución de la garantía hipotecaria por parte de la entidad de crédito.

No cabe duda, pues, de que el desarrollo de un mercado de hipotecas inversas que permitan a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta ofrece un gran potencial de generación de beneficios económicos y sociales. La posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda aumentaría enormemente la capacidad para suavizar el perfil de renta y consumo a lo largo del ciclo vital, con el consiguiente efecto positivo sobre el bienestar.

Según establece la Disposición Adicional Primera, apartado primero, de la Ley, para constituir una hipoteca inversa habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

  • Que el solicitante y los beneficiarios que este pueda designar sean personas de edad igual o superior a los 65 años o afectadas de dependencia severa o gran dependencia.
  • Que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposiciones periódicas o únicas.
  • Que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios.
  • Que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de acuerdo con los términos y los requisitos que se establecen en los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

El seguro de dependencia

Podrá articularse bien a través de un contrato de seguro suscrito con entidades aseguradoras, incluidas las mutualidades de previsión social, o bien a través de un plan de pensiones (Disposición Adicional Segunda, apartado 1).

La cobertura de la dependencia realizada a través de un contrato de seguro, ya sea mediante una póliza individual o colectiva, obliga al asegurador, para el caso de que se produzca la situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y dentro de los términos establecidos en la Ley y en el contrato, al cumplimiento de la prestación convenida con la finalidad de atender, total o parcialmente, directa o indirectamente, las consecuencias perjudiciales para el asegurado que se deriven de dicha situación.

Estos seguros podrán contratarse por las entidades aseguradoras que cuenten con la preceptiva autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos de vida o enfermedad (Disposición Adicional Segunda, apartado 2).

Por lo que se refiere a los planes de pensiones que prevean la cobertura de la contingencia de dependencia deberán recogerlo de manera expresa en sus especificaciones (Disposición Adicional Segunda, apartado 3).


Más información sobre la Ley de Dependencia:

  • Teléfono de información del IMSERSO - Portal de la Dependencia 901 109 899.
  • CCOO pone en marcha un servicio de información gratuito sobre la ley de Dependencia en el teléfono 900102305. La atención a las personas en situación de dependencia es una conquista sindical que pone en marcha un nuevo derecho tan importante como en su día representó la universalización de la sanidad o el reconocimiento de las pensiones no contributivas.

A través de esta sección puedes encontrar la respuesta a preguntas de interés sobre el Certificado de Discapacidad.

  • ¿Qué es el certificado de discapacidad?
  • ¿Cuál es el procedimiento para saber si una determinada dolencia o limitación se puede traducir en un grado y puede ser motivo de discapacidad?
  • ¿Cuáles son los organismos competentes para el otorgamiento del Certificado de Discapacidad?
  • ¿Cuáles son los criterios que se toman en consideración a efectos de valorar el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad?
  • ¿Qué validez tiene el Certificado de Discapacidad?
  • ¿Qué derechos implica para la persona con discapacidad la obtención de este certificado?
  • ¿Existe algún tipo de interrelación entre la invalidez permanente de la Seguridad Social y el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad o son conceptos distintos?
  • Nuevo modelo de la Tarjeta Acreditativa de Grado de Discapacidad

¿Qué es el certificado de discapacidad?

Este certificado es el reconocimiento administrativo de la discapacidad y su propósito es compensar las desventajas sociales que la discapacidad implica proporcionando acceso a derechos y prestaciones de distinto tipo, con vistas a equiparar oportunidades.

¿Cuál es el procedimiento para saber si una determinada dolencia o limitación se puede traducir en un grado y puede ser motivo de discapacidad?

La valoración del porcentaje de discapacidad se regula por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

En él se otorga la competencia para la determinación del grado de discapacidad, a los equipos técnicos denominados Equipos de Valoración y Orientación (EVO) y que serán formados por al menos, médico, psicólogo y trabajador social.

Los hay dependientes de las Comunidades Autónomas (Departamentos de Asuntos Sociales) y del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), aunque estos últimos sólo ejercerán su función en Ceuta y Melilla y en relación con residentes en el extranjero.

La calificación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos unificados, fijados mediante los baremos descritos en el anexo I del citado Real Decreto, y serán objeto de valoración tanto las discapacidades que presente la persona, como, en su caso, los factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural, que dificulten su integración social. El grado de discapacidad se expresará en porcentaje, mediante la aplicación de los baremos que se apuntan en el apartado A) del anexo referido, agrupados en diversos grupos.

La valoración de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado se efectuará previo examen del interesado por los órganos técnicos competentes a que se refiere el artículo 8 del citado Real Decreto.

El órgano técnico competente emitirá dictamen propuesta que deberá contener necesariamente el diagnóstico, tipo y grado de la discapacidad y, en su caso, las puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad de la ayuda de otra persona y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos.

En resumen, la valoración se realizará atendiendo a la concreta dolencia sufrida por el solicitante, es decir, su limitación sensorial, física o psíquica, teniendo también en cuanto los factores socioeconómicos de su situación.

¿Cuáles son los organismos competentes para el otorgamiento del Certificado de Discapacidad?

Con carácter general, serán los responsables del órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las competencias en materia de valoración de situaciones de discapacidad y calificación de su grado (Departamento de Asuntos Sociales) los que otorguen dicho certificado.

No obstante, serán los Directores provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) los que tengan atribuida esta competencia en el caso de Ceuta y Melilla y de residentes en el extranjero. En este último caso, la competencia corresponderá a la Dirección de la provincia en que el residente en el extranjero hubiera tenido su último domicilio habitual.

También podrá decidir al respecto la autoridad judicial, en el caso en que se impugne una valoración realizada por un órgano de la Comunidad Autónoma o del IMSERSO.

La certificación de la discapacidad se materializará en un documento cuyo nombre dependerá del órgano que la emita. Si la emiten la Comunidad Autónoma o el IMSERSO, se tratará de un Certificado de Discapacidad; si la dicta el Juez, será una Sentencia.

¿Cuáles son los criterios que se toman en consideración a efectos de valorar el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad?

El procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, se rige por el RD 1971/1999, de 23 de diciembre. El 33 por 100 de discapacidad que da derecho al reconocimiento de la condición de persona con discapacidad tiene en cuenta tanto los factores discapacitantes –provengan de una disminución física, psíquica o sensorial-, como los factores sociales, entendiendo por tales, entre otros, la edad, entorno familiar, situación laboral y profesional, niveles educativos y culturales, así como el entorno habitual de la persona con discapacidad.

La valoración de la discapacidad se expresa en porcentajes, mientras que la de los factores sociales complementarios se refleja por medio de un sistema de puntuaciones. El grado de discapacidad se obtiene tras modificar el porcentaje conseguido en la valoración de la discapacidad al sumarse la puntuación que resulta de aplicar el baremo de los sectores sociales complementarios. El baremo de factores sociales complementarios tiene como finalidad tener en cuenta, a la hora de determinar el grado de discapacidad, los aspectos de carácter social que, junto a la valoración de discapacidad de la persona, intervienen en la conformación de la discapacidad en una visión integral del sujeto, en la que se ponen de manifiesto las desventajas en relación con el medio social en el que se desenvuelve y le impiden actuar en pie de igualdad en la comunidad.

¿Qué validez tiene el Certificado de Discapacidad?

Conforme determina el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio nacional.

¿Qué derechos implica para la persona con discapacidad la obtención de este certificado?

Los beneficios a favor de las personas discapacitadas no se encuentran recogidas en una única norma, sino que se encuentran a lo largo de diversas leyes, de manera que a continuación expondremos las principales ventajas existentes para una persona que ha obtenido el certificado de discapacidad:

  • IRPF: El  artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se contemplan una serie de reducciones en la base liquidable del impuesto considerando la condición de discapacitado del contribuyente o de ascendientes o descendientes de éste. Así, por ejemplo, en el apartado primero se dispone que "Los contribuyentes discapacitados reducirán la base imponible en 2.000 euros anuales. Dicha reducción será de 5.000 euros anuales, si el grado de discapacidad es igual o superior al 65 por ciento."
  • IVA: El artículo 91.Dos.1.4º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tras la modificación operada por la Ley 6/2006, de 24 de abril, para la clarificación del concepto de vehículo destinado al transporte de personas con discapacidad (BOE de 25 de Abril), establece que en vez de pagar el 16 % de IVA por la adquisición de un vehículo para el uso de personas discapacitadas se pagará el 4 %.
    IVA - Vehículos para personas con discapacidad: Tipo superreducido (4%) >>>.
  • Exención en el impuesto de matriculación de vehículos: El artículo 66.1.d) de la Ley 38/1992Abre ventana nueva, establece la exención del impuesto de matriculación de los vehículos automóviles matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes requisitos:
    • Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones, requisito que no se exigirá en supuestos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado.
    • Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos «inter vivos» (venta a otro particular) durante el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de su matriculación.
  • Exención en el impuesto de circulación de vehículos: Conforme determina la Ley de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en su artículo 93 que estarán exentos del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica los vehículos para personas de movilidad reducida y los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Esta exención no resultará aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
  • Compra de vivienda: Con carácter general, y dentro del plan de vivienda 2005-2008, se establece una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial, consistente en una subsidiación de los intereses del préstamo solicitado para la misma, así como una ayuda para la entrada que, en el caso de una persona con discapacidad, es de 900 euros.
  • Otras ventajas: Estas son las ventajas principales existentes, a nivel estatal, por la condición de persona con discapacidad. Es posible la existencia de otras ayudas puntuales que sean concedidas por la Administración autonómica (Consejerías de Asuntos Sociales) o los propios Ayuntamientos, donde puede informarse al respecto. Así, se pueden citar las siguientes:
    • Bono taxi.
    • Zonas de aparcamiento reservado.
    • Ayuda domiciliaria en caso de precisar apoyo de terceras personas.
    • Ayudas para la adquisición de sillas de ruedas y otro material ortopédico.
    • Etc...

¿Existe algún tipo de interrelación entre la invalidez permanente de la Seguridad Social y el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad o son conceptos distintos?

No existe un único concepto legal de discapacidad, ya que diversas normas se encargan de realizar definiciones diversas.

Conforme al artículo 200 del Código Civil, son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Según el artículo 7.1 de la Ley 13/1982, de Integración Social de las Personas con Discapacidad, a los efectos de la presente Ley se entenderá por persona con discapacidad a aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

Por su parte el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, determina que a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Cualquiera de estas definiciones es válida, pero a efectos generales parece que la que tiene más relevancia es la recogida en la Ley 51/2003.

Por tanto, una vez reconocida a una persona un determinado grado de discapacidad, éste tiene validez y eficacia respecto cualquier tipo de subvenciones, ayudas o Administraciones, no siendo necesario ser evaluado o valorado en cada ocasión.

Lógicamente, podrá probarse por el interesado que el grado de incapacidad real es superior.

Para probar tal hecho, basta con acudir a la resolución del Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI), que declaró la situación de Incapacidad Permanente Total. En dicha Resolución deberá constar la merma de su capacidad, expresada porcentualmente.

Aquí se muestran las preguntas y respuestas más habituales en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, con su normativa correspondiente y toda la información referente a este tema.

  • ¿Cuál es el objeto de la Ley?
  • ¿Quiénes son sus destinatarios?
  • ¿En qué principios se inspira?
  • ¿A qué sectores se aplica?
  • ¿Cuándo se considera vulnerado el derecho a la igualdad de oportunidades?
  • ¿Cómo se garantiza la realización práctica de ese derecho?
  • ¿En qué consisten las medidas contra la discriminación?
  • ¿Qué conductas suponen una discriminación indirecta?
  • ¿Qué son las medidas de acción positiva?
  • ¿Qué se entiende por condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación? ¿A qué aspectos se refieren?
  • ¿Qué medidas prevé la Ley en relación con el fomento de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación?
  • ¿Qué medios de defensa prevé la Ley frente a una vulneración del derecho de igualdad de oportunidades?
  • ¿Qué se entiende por sistema arbitral de resolución de quejas y reclamaciones? (RD 1417/2006, de 1 de diciembre)
  • ¿Cuál es el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades? (Ley 49/2007, de 26 de diciembre)
  • ¿Quiénes está legitimados para actuar en un proceso de defensa del derecho de igualdad de oportunidades?
  • ¿Qué previsión especial contiene la Ley 51/2003 en relación con la aportación de pruebas en un procedimiento de defensa del derecho de igualdad de oportunidades?
  • ¿Establece la Ley 51/2003 alguna previsión en relación con la formación de profesionales en materia de accesibilidad universal?

¿Cuál es el objeto de la Ley?

Tal y como se establece en el propio Preámbulo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad:

“Transcurridos más de veinte años desde la promulgación de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapaciadad, sin poner en cuestión su vigencia, se considera necesario promulgar otra norma legal, que la complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad. Dos razones justifican esta nueva ley: la persistencia en la sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de aquella ley, y, lo que es más importante todavía, los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la “discapacidad” y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias: hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos.”

De lo anterior se deduce que estamos ante una norma fundamental en materia de discapacidad, cuyo objeto, según se establece en su artículo 1.1, es establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, entendido como ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.

¿Quiénes son sus destinatarios?

Los destinatarios de la Ley se corresponden con las personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 % conforme al procedimiento previsto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Se puede obtener mayor información sobre esta materia en la Ficha de Preguntas Frecuentes que, al efecto, se recoge en el Área de Legislación.

No obstante lo anterior, también se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad (artículo 1.2).

Estas previsiones se desarrollan en el Real Decreto 1414/2006, de 1 diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En el artículo 2 del mismo se explicitan cuales son, en cada caso, los documentos acreditativos de la condición de persona con discapacidad.

En relación con lo anterior, interesa destacar que una de las consultas más recurrentes de los usuarios del servicio de consultoría jurídica es si, teniendo reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, se ha de reconocer, automáticamente, un grado de discapacidad del 33 %. Pues bien, sobre esta cuestión ya ha tenido oportunidad de pronunciarse el propio Tribunal Supremo, que en su Sentencia de 21 de marzo de 2007, de la Sala de lo Social (Recurso 3872/2005), declara que no es posible la atribución con carácter general del estatus o condición de persona con discapacidad; en consecuencia, revoca la sentencia impugnada que afirmó que a partir de la aprobación de la Ley 51/2003 de accesibilidad universal de personas con discapacidad, los perceptores de pensiones de Seguridad Social por encontrarse en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, ostentan automáticamente a todos los efectos tal condición de personas con discapacidad, con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta. A juicio del Tribunal Supremo la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida no es correcta, y señala que el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 en que basó aquélla su decisión, tiene virtualidad dentro del específico ámbito de aplicación y de las medidas de todo orden, pero no alcanza a la calificación de la discapacidad, que ha de realizarse acomodándose a los criterios técnicos recogidos en el Real Decreto 1971/1999.

¿En qué principios se inspira?

Se recogen en el artículo 2 de la Ley, que alude a los siguientes:

  • Vida independiente: situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
  • Normalización: en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
  • Accesibilidad universal: entendida como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
  • Diseño para todos: la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible.
  • Diálogo civil: en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad.
  • Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.

¿A qué sectores se aplica?

Según establece el artículo 3 de la Ley, las previsiones de ésta serán de aplicación en los siguientes ámbitos materiales:

Telecomunicaciones y sociedad de la información

Las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social han sido objeto de regulación mediante Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, del que en su día se recogió un comentario extenso en el boletín “Nuestros derechos”.

En dicha norma se establecen los criterios y las condiciones que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones han sido establecidas por Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del que ya se publicó un comentario extenso en el boletín “Nuestros derechos”.

Dicha norma tiene por objeto garantizar a todas las personas la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, de forma que los edificios que se proyecten, construyan, y reformen, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas recogidas en dicha norma, promoviendo la aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los edificios, al servicio de las personas con algún tipo de discapacidad.

En relación con promoción de la accesibilidad en las edificaciones, conviene traer a colación que la propia Ley 51/2003, en su Disposición Adicional Tercera, modificó la Ley de Propiedad Horizontal con el objeto de obligar a las comunidades de propietarios a la realización de obras de accesibilidad en elementos comunes a favor de personas con discapacidad, y con el límite de que tales no excedan del importe de tres mensualidades; en caso contrario, únicamente serán exigibles si han sido aprobadas por acuerdo con la mayoría correspondiente. Para ampliar información sobre esta cuestión se puede consultar la Ficha de Preguntas Frecuentes que, en relación con esta materia, se recoge en el Área de Legislación.

Transportes

Mediante Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, norma cuyo contenido normativo fue objeto de un comentario extenso en el boletín “Nuestros derechos”.

En dicha norma y, recogidas en diferentes Anexos específicos, se contienen diferentes medidas de accesibilidad relativas al transporte ferroviario, al marítimo, al aéreo, al transporte de viajeros por carretera, al transporte urbano y suburbano en autobús, en ferrocarril metropolitano, en taxi y en servicios de transporte especial; de igual modo, se contempla la adopción de medidas transversales o comunes en el sector.

Bienes y servicios a disposición del público

La Ley 51/2003 establece, en su Disposición Final Sexta, un mandato al Gobierno para que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de dicha norma, aprobase las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. A día de hoy, sin embargo, dicha norma no ha sido aprobada.

En cualquier caso, en la Disposición referida ya ser prevé un calendario de aplicación de dichas medidas, que varía en función de la titularidad de los bienes y servicios y de si éstos son nuevos o no. Así, si son nuevos y de titularidad pública, las medidas que se prevean habrán de aplicarse en el plazo de cinco a siete años desde la entrada en vigor de esta Ley; en los nuevos de titularidad privada que concierten o suministren las Administraciones públicas, en el plazo de siete a nueve años; y en el resto de bienes y servicios de titularidad privada que sean nuevos, en el plazo de 15 a 17 años.

Si son bienes ya existentes y son susceptibles de ajustes razonables, tales ajustes deberán realizarse en el plazo de 12 a 14 años desde la entrada en vigor de esta Ley, cuando sean bienes y servicios de titularidad pública o bienes y servicios de titularidad privada que concierten o suministren las Administraciones públicas, y en el plazo de 15 a 17 años, cuando se trate del resto de bienes y servicios de titularidad privada.

Relaciones con las Administraciones públicas

Las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado han sido objeto de regulación por Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, desarrollado, a su vez, por Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero. En el boletín “Nuestros derechos” ya se ha publicado un comentario extenso sobre esta normativa.

Tales disposiciones regulan las condiciones de accesibilidad y no discriminación que, respecto de las personas con discapacidad, deben presentar las Oficinas de Atención al Ciudadano, los impresos y cualquier otro medio que la Administración General del Estado dedica específicamente y, en el ámbito de sus competencias, a las relaciones con los ciudadanos.

No obstante y, tal y como se establece en la Disposición Final Quinta de la Ley, la accesibilidad y no discriminación en las relaciones con las Administraciones públicas ha de extenderse a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales.

Precisamente, en relación con esto último se aprobó el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, desarrollado por Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre, regulación que también fue objeto de un comentario extenso en el boletín “Nuestros derechos”.

Ámbito del empleo y la ocupación

En relación con la garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo y la ocupación, la Ley 51/2003 tendrá carácter supletorio respecto de lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

No obstante y, en relación con lo anterior, interesa destacar que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley modificó la Disposición Adicional Sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 31/12/2001), con el objeto de eliminar la exigencia de que la persona con discapacidad tuviera disminuida su capacidad de trabajo en un porcentaje igual o superior al 33 % para generar el derecho a los beneficios establecidos en las medidas de fomento del empleo para el mercado ordinario de trabajo a favor de las personas con discapacidad, así como para que éstas puedan ser contratadas en prácticas o para la formación en dicho mercado ordinario de trabajo. Así, sólo se mantiene vigente la necesidad de que la persona tenga un grado mínimo de discapacidad del 33 % para poder optar a estos beneficios.

Para obtener mayor información sobre esta materia se puede consultar la Ficha de Preguntas Frecuentes que, en relación con la misma, se recoge en el Área de Legislación.

¿Cuándo se considera vulnerado el derecho a la igualdad de oportunidades?

Según dispone el artículo 4 de la Ley, se entenderá vulnerado tal derecho cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.

¿Cómo se garantiza la realización práctica de ese derecho?

Mediante el establecimiento, por parte de los poderes públicos, de medidas contra la discriminación y de medidas de acción positiva (artículo 5).

¿En qué consisten las medidas contra la discriminación?

Son aquellas que tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorablemente que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable (artículo 6).

Pueden consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables (artículo 7).

A estos efectos, se entiende por:

  • Conducta de acoso: toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
  • Exigencias de accesibilidad: los requisitos que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo a los principios de accesibilidad universal de diseño para todos.
  • Ajuste razonable: las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

En relación con lo anterior, se entiende que la carga es desproporcionada cuando exista un desequilibrio entre los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.

A este fin, las Administraciones públicas competentes podrán establecer un régimen de ayudas públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de la obligación de realizar ajustes razonables.

Por otra parte, las discrepancias entre el solicitante del ajuste razonable y el sujeto obligado podrán ser resueltas a través del sistema de arbitraje que es objeto de la pregunta 13 de esta Ficha de Preguntas Frecuentes, y esto sin perjuicio de la protección administrativa o judicial que en cada caso proceda.

¿Qué conductas suponen una discriminación indirecta?

Se entenderá que existe discriminación indirecta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.

¿Qué son las medidas de acción positiva?

Son aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.

Se adoptarán medidas de acción positiva suplementarias para aquellas personas con discapacidad que objetivamente sufren un mayor grado de discriminación o presentan menor igualdad de oportunidades, como son las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad severamente afectadas, las personas con discapacidad que no pueden representarse a sí mismas o las que padecen una más acusada exclusión social por razón de su discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural.

También se adoptarán medidas especiales de acción positiva respecto de las familias alguno de cuyos miembros sea una persona con discapacidad (artículo 8).

Las medidas aludidas podrán consistir en apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables. Los apoyos complementarios podrán, a su vez, ser ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación. Precisamente, las Administraciones públicas garantizarán que las ayudas y subvenciones públicas promuevan la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural (artículo 9).

¿Qué se entiende por condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación? ¿A qué aspectos se refieren?

El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad (artículo 10), como son las establecidas en las diferentes normas puestas de manifiesto en la pregunta 4 de esta Ficha de Preguntas Frecuentes.

Estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se establecerán, para cada ámbito o área, incluyéndose disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:

  • Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos.
  • Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas.
  • Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, tecnológicas de apoyo, servicios o tratamientos especializados y otros servicios personales. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos u otros dispositivos que permitan la comunicación.

En relación con la lengua de signos, hay que remitirse a la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, dictada en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Final Duodécima de la Ley 51/2003.

Dicha Ley, de enorme relevancia en el ámbito de la discapacidad, además de reconocer la lengua de signos como lengua oficial, contempla previsiones relativas al aprendizaje de esta lengua en la escuela y faculta a los sordos para solicitar intérpretes en los servicios y ámbitos públicos y privados como centros sanitarios, culturales, de ocio, transportes públicos, participación política y medios de comunicación. Por otra parte, la Ley no sólo establece el derecho a usar esta lengua para las personas sordas que libremente quieran utilizarla sino que, dado que las personas con discapacidad auditiva también pueden utilizar la comunicación oral como vehículo auditivo, reconoce una serie de medios de apoyo al efecto. En este sentido, la utilización de recursos que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, como la labiolectura, las prótesis auditivas, el subtitulado y cualquier otro avance tecnológico, supone un derecho fundamental y básico de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que han optado libremente por este medio de comunicación.

  • Adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad.
  • Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad y para el establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.
  • Medios y recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.

¿Qué medidas prevé la Ley en relación con el fomento de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación?

La Ley contempla las siguientes medidas de fomento de la igualdad de oportunidades y la no discriminación:

  • El desarrollo y la promoción de actividades de información, la realización de campañas de sensibilización y de acciones formativas (artículo 12).
  • El establecimiento, en los planes de calidad de las Administraciones públicas, de normas uniformes mínimas de no discriminación y de accesibilidad, y el desarrollo de indicadores de calidad y guías de buenas prácticas (artículo 13).
  • La investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), y el desarrollo de normas técnicas que aseguren la no discriminación en los procesos, diseños y desarrollos de tecnologías, productos, servicios y bienes (artículo 14).
  • La participación real y efectiva de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones representativas en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen (artículo 15.1).
  • El desarrollo de asociaciones y demás entidades que agrupen a las personas con discapacidad y sus familias, a las que se ofrecerá apoyo económico y técnico (artículo 15.2).
    En relación con lo anterior, es de destacar la creación del Consejo Nacional de Discapacidad, órgano colegiado interministerial de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que se institucionaliza la colaboración entre las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, con el objeto de coordinar y definir una política coherente de atención integral a este grupo ciudadano (artículo 15.3).
    Además de las funciones que a este organismo corresponden, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1865/2004, de 6 de Septiembre, que lo regula, en lo que a la igualdad de oportunidades y no discriminación se refiere contará con una Oficina Permanente Especializada en la materia, con la que colaborarán las asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.
  • El desarrollo y ejecución de planes y programas en materia de accesibilidad y no discriminación con otras Administraciones públicas y con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias (artículo 16). En su Disposición Final Cuarta, la Ley alude, expresamente, a la aprobación por el Gobierno de un plan nacional de accesibilidad 2004-2012 (documento PDF, con problemas de accesibilidad)Abre ventana nueva.

¿Qué medios de defensa prevé la Ley frente a una vulneración del derecho de igualdad de oportunidades?

La Ley alude, por una parte, a un Sistema Arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva, con carácter vinculante y ejecutivo para las partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda (artículo 17).

Por otra parte, la Ley se refiere a la Tutela Judicial de este derecho, que comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la violación del mismo y prevenir violaciones ulteriores, así como para establecer al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho.

La indemnización o reparación a que pueda dar lugar la reclamación correspondiente no estará limitada por un tope máximo fijado a priori. Es más, la indemnización por daño moral procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico y se valorará atendiendo a las circunstancias de la infracción y a la gravedad de la lesión.

Además, se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger a las personas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades (artículo 18).

¿Qué se entiende por sistema arbitral de resolución de quejas y reclamaciones? (RD 1417/2006, de 1 de diciembre)

Dicho sistema arbitral se regula por Real Decreto 1417/2006, de 1 de Diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. Esta norma supone un paso más en la configuración del cuerpo legal que busca hacer efectiva la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad española, al mismo tiempo que da cumplimiento al mandato legal recogido en el artículo 17 y en la Disposición Final Decimotercera de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y a la normativa comunitaria que prevé el establecimiento de procedimientos de conciliación complementarios a los judiciales y administrativos en los distintos Estados Miembros.

¿En qué consiste y cuáles son las principales características del sistema arbitral?

Es un sistema que, desprovisto de formalidades especiales, busca resolver las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y esto siempre que no existan indicios racionales de delito y sin perjuicio de la protección administrativa o judicial que en cada caso proceda (artículo 1.2).

El sometimiento a este sistema es voluntario y deberá constar expresamente por escrito (artículo 1.3), si bien la decisión adoptada en el procedimiento de arbitraje tiene carácter vinculante para las partes, que habrán de respetarla.

¿Sobre qué materias es posible pedir un arbitraje?

El arbitraje podrá versar sobre materias relativas a las telecomunicaciones y la sociedad de la información, a los espacios públicos urbanizados, a las infraestructuras y la edificación, a los transportes, a los bienes muebles o inmuebles, productos y servicios comercializados directamente a los consumidores, y a las relaciones con las Administraciones públicas en el ámbito del Derecho privado (artículo 2.1).

¿Qué cuestiones no pueden ser objeto de arbitraje?

Se excepcionan de esta modalidad de arbitraje las controversias sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva en los casos en que haya identidad de supuestos, aquellas en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de la persona con discapacidad, los casos en que concurran indicios racionales de delito, las cuestiones que estén determinadas en contratos administrativos, así como otras materias que no sean de libre disposición conforme a Derecho (artículo 2.2).

También quedan excluidos los arbitrajes laborales (artículo 2.3).

¿Qué son las Juntas Arbitrales?

Se constituirá una Junta Arbitral Central, de ámbito estatal, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Sus funciones serán las de a) conocer de las quejas y reclamaciones que afectan a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma y las que afecten a materias en las que la ejecución sea de competencia estatal, b) establecer los criterios técnicos de unificación en materia arbitral y c) resolver los conflictos derivados de los traslados de asuntos de una Junta Arbitral a otra, por considerarse aquélla incompetente por razón de la materia o del territorio.

En las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, se crearán Juntas Arbitrales cuyo ámbito de actuación se corresponde con el de su territorio. Se constituirán mediante convenios de colaboración que se suscribirán entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las respectivas Comunidades Autónomas y, en su caso, Ceuta y Melilla. Les corresponde conocer de las quejas y reclamaciones presentadas por las personas con discapacidad, o sus representantes legales, y por las organizaciones representativas de los anteriores domiciliadas en su ámbito territorial (artículo 3).

Las Juntas Arbitrales de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal desarrollan, entre otras, las siguientes funciones: el fomento de este sistema arbitral, la elaboración y actualización del registro de personas físicas y jurídicas que hayan realizado las ofertas públicas de sometimiento al sistema arbitral en su ámbito territorial, la designación de los árbitros en cada procedimiento, la provisión de medios y acciones necesarias para el mejor ejercicio de las funciones por el colegio arbitral, la gestión de un registro de laudos emitidos, y la gestión y administración de los procedimientos arbitrales (artículo 4).

La composición de las Juntas Arbitrales se regula en los artículos 5 y 6. En lo que a la Junta Arbitral Central se refiere, estará integrada por un presidente, un secretario y dos vocales, nombrados por cuatro años, por el titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, publicándose su nombramiento en el BOE. El presidente deberá ser Licenciado en Derecho, y, al igual que el secretario, será nombrado entre el personal que presta servicios en la citada Secretaría de Estado. Los vocales se nombran a propuesta de la organización representativa de las personas con discapacidad y sus familias con mayor implantación en el ámbito estatal, así como la organización de carácter económico sin ánimo de lucro con mayor implantación en dicho ámbito.

Por su parte, las Juntas Arbitrales de las Comunidades Autónomas y de Ceuta y Melilla contarán con los mismos miembros que la anterior con las peculiaridades de que serán nombrados por la Administración de la que dependa la Junta Arbitral en cuestión, y que los cargos del presidente y del secretario deberán recaer en personal al servicio de las Administraciones públicas respectivas.

¿Qué es un convenio arbitral?

Los profesionales o empresas privadas que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios a las personas con discapacidad, así como las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familiares, podrán efectuar oferta pública de sometimiento al sistema arbitral para solventar las posibles controversias que surjan en sus relaciones con las personas con discapacidad (artículo 7).

La oferta de sometimiento se comunicará por escrito, o por medios telemáticos, informáticos o electrónicos (siempre que se deje constancia de su remisión y recepción) a la Junta Arbitral a través de la que se adhiera al sistema (artículo 7.2), debiendo ésta decidir sobre su aceptación o rechazo (artículo 7.4).

El Convenio Arbitral deberá contener los siguientes requisitos (artículo 7.3):

  • Sometimiento expreso por escrito a este tipo de arbitraje.
  • Ámbito de la oferta.
  • Compromiso de cumplimiento del laudo arbitral.
  • Plazo de validez de la oferta; en caso de que no conste este requisito, la oferta se entenderá realizada por tiempo indefinido.

Los profesionales o empresas privadas que se hubiesen sometido a esta modalidad arbitral pueden renunciar a ella mediante comunicación escrita a la Junta Arbitral en la que hubieran realizado la oferta de adhesión al sistema, o por escrito o por medios telemáticos, electrónicos e informáticos, siempre que quede constancia de tal comunicación. Esta renuncia conllevará la pérdida del derecho a ostentar el distintivo oficial de adhesión al sistema arbitral desde la fecha de su notificación y tendrá efectos a partir de los treinta días naturales de su comunicación a la Junta Arbitral.

¿Qué es el distintivo de adhesión al sistema arbitral?

El distintivo de adhesión al sistema arbitral será otorgado por las Juntas Arbitrales a quienes realicen ofertas públicas de sometimiento a este sistema arbitral (artículo 9.1), notificándolo al Registro Central de ofertas públicas de sometimiento al sistema, cuya gestión corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (artículo 10).

Se pierde el derecho a su uso, y se procede a la baja en el registro correspondiente de las Juntas Arbitrales y en el Registro Central de ofertas públicas de sometimiento, además de por la renuncia a la que antes se hacía referencia, por la utilización fraudulenta del distintivo, por el incumplimiento reiterado de los laudos, por incurrir en reiteradas y graves infracciones en materia de igualdad de oportunidades o por la realización de prácticas que lesionen gravemente los derechos e intereses legítimos de las personas con discapacidad.

Esta resolución será motivada, salvo en el caso de renuncia voluntaria (artículo 9.4), se comunicará al Registro Central aludido en un plazo de cinco días (el cual lo notificará, a su vez, a todas las Juntas Arbitrales) y se publicará en el Diario Oficial correspondiente (artículo 9.2).

¿Quiénes pueden ser árbitros?

Los árbitros deberán ser licenciados en Derecho o expertos profesionales en alguna de las materias del ámbito de aplicación del Real Decreto, y precisan estar acreditados por el presidente de la Junta Arbitral en la que hayan de intervenir. Serán propuestos por las Administraciones públicas, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, y las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, en ambos casos, con mayor implantación en el ámbito territorial de la Junta Arbitral. Pueden ser removidos de su condición por la Junta ante la que estuviesen acreditados, previo acuerdo razonado, por incumplimiento grave de sus obligaciones. La lista de árbitros de cada Junta se mantendrá actualizada permanentemente por su secretario (artículo 11).

El artículo 12 analiza la designación por las Juntas de Colegios Arbitrales, compuestos por tres árbitros acreditados que actuarán de forma colegiada. Su presidencia recaerá sobre el árbitro elegido entre los propuestos por la Administración, y le compete decidir sobre cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento, para lo que puede consultar al resto de los árbitros.

El Real Decreto regula en el artículo 13 la abstención y recusación de los árbitros. Se concreta que actuarán con independencia e imparcialidad en el ejercicio de su función y que no podrán mantener con las partes relación personal, profesional o comercial alguna. Las partes pueden recusarlos en diez días desde que sea notificada la designación para decidir el conflicto o desde que se conoce cualquier circunstancia que haga suponer la ausencia de imparcialidad o independencia. Se hará mediante petición escrita ante el presidente de la Junta Arbitral, previa audiencia del árbitro, en un plazo de 48 horas. La resolución será motivada y se notificará al árbitro, a las partes y, en su caso, a los demás miembros del colegio arbitral.

¿Cómo se desarrolla el arbitraje?

El Procedimiento arbitral se rige por los principios de gratuidad, voluntariedad, igualdad entre las partes, audiencia, contradicción, ausencia de formalismos, normalización y accesibilidad. Se impone además el deber de confidencialidad de las informaciones que se conozcan a través de las actuaciones arbitrales (artículo 14).

El árbitro decidirá en equidad, salvo que las partes optaran expresamente por la decisión en derecho (artículo 15). En los arbitrajes que deban decidirse en derecho, los árbitros deberán ser licenciados en derecho, y en los que se deba decidir en equidad, serán designados entre los expertos o profesionales en la materia sobre la que verse la queja o reclamación en cuestión (artículo 20).

En el artículo 16 se recoge la solicitud de arbitraje, que deberá realizar la persona con discapacidad siempre por escrito o por medios telemáticos, informáticos o electrónicos, ante la Junta Arbitral que corresponda, directamente o a través de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias con mayor implantación en el ámbito territorial de la Junta Arbitral. Las Juntas Arbitrales disponen de modelos de solicitud normalizados que pueden descargarse a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La solicitud debe reunir, en todo caso, unos requisitos tasados previstos en el Real Decreto, que de no aparecer deberían subsanarse en un plazo de 10 días, so pena de que se inadmita la solicitud. Junta a ésta, se aportarán todos los documentos que se consideren oportunos y se puede proponer la práctica de las pruebas que se estimen convenientes.

El presidente de la Junta Arbitral resuelve sobre la admisión a trámite de la solicitud, que será notificada a los interesados, sin que quepa contra ella recurso alguno. Se inadmitirán las solicitudes que no guarden relación con el ámbito material del Real Decreto 1417/2006 (artículo 17).

Admitida a trámite la solicitud se comprobará la existencia de oferta pública de sometimiento por parte del reclamado y del correspondiente convenio arbitral. Se notificarán a las partes las resoluciones del presidente de la Junta Arbitral acordando el inicio del procedimiento arbitral, sin que quepa recurso alguno contra las mismas (artículo 18).

En el artículo 22 se regulan las actuaciones arbitrales. Se inician con la remisión al reclamado de la documentación presentada por el reclamante, señalándose un plazo máximo de 15 días para que presente las alegaciones, aporte los documentos y proponga las pruebas que estime convenientes. Transcurrido este plazo, el colegio arbitral convoca, si se estima necesario, a una audiencia presencial o concederá un plazo máximo de 15 días a las partes para que formulen sus alegaciones. Si no se hubiera acordado una audiencia presencial, puede acordarse una segunda fase de alegaciones de un máximo de 7 días.

¿Cómo se resuelve la controversia?

Si las partes llegan a un acuerdo que resuelva la controversia, los árbitros lo incorporarán a un laudo en los términos convenidos y siempre que no hay motivos de oposición. El colegio arbitral podrá instar a las partes a la conciliación. La inactividad o incomparecencia de las partes, en cualquier parte del arbitraje o de la audiencia presencial, no impedirá que se dicte laudo, ni se le privará de eficacia; siempre que los árbitros puedan decidir la controversia con la documentación aportada y las pruebas practicadas (artículo 25).

El laudo arbitral o cualquier acuerdo o resolución, diferente a la ordenación, impulso o tramitación del procedimiento, se adoptarán por mayoría. Si no hay mayoría sobre el alcance de la estimación de la pretensión, decidirá el presidente (artículo 26).

El plazo para dictar laudo arbitral no superará los 4 meses desde el día siguiente a la resolución del presidente de la Junta Arbitral acordando el inicio del procedimiento. Si las partes logran un acuerdo conciliatorio, el plazo será de 15 días desde que se alcanza aquél (artículo 27).

Se aplicará la Ley 60/2003 de Arbitraje (BOE 26/12/2003), a la forma y contenido de los laudos y a la anulación, ejecución y demás intervenciones judiciales de apoyo y control del arbitraje. No podrán, así, ser sometidos a recurso de alzada, ni potestativo de reposición. Al secretario de la Junta Arbitral le corresponde notificar el laudo (artículo 28).

¿Qué otras disposiciones contiene el Real Decreto?

El Real Decreto se completa con cinco Disposiciones Adicionales y cuatro Finales.

Las Disposiciones Adicionales recogen los siguientes aspectos:

  • La garantía de accesibilidad del sistema arbitral a las personas con discapacidad (Disposición Adicional Primera).
  • El arbitraje unipersonal para las pretensiones que tengan una cuantía inferior a 3.000 euros (Disposición Adicional Segunda).
  • La facilitación de medios materiales y personales necesarios para la puesta en marcha de este sistema arbitral por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las correspondientes Administraciones públicas (Disposición Adicional Tercera).
  • La constitución de la Junta Arbitral Central de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto (Disposición Adicional Cuarta).
  • El respeto por esta modalidad de arbitraje de la Ley 15/1999 , de 14 de septiembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus disposiciones complementarias (Disposición Adicional Quinta).

En la Disposición Final Primera, por su parte, se establece la aplicación supletoria de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE 26/12/2003) y sus normas de desarrollo, en lo relativo a la notificación, al procedimiento arbitral y sus efectos: y la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/1992), en lo referente al funcionamiento de los órganos colegiados y a las normas respecto a los convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

¿Cuál es el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades? (Ley 49/2007, de 26 de diciembre)

Dicho régimen se recoge en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, norma que supone un paso más en la configuración del cuerpo legal que busca hacer efectiva la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad española, al mismo tiempo que da cumplimiento al mandato legal recogido en la Disposición Final Undécima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

La Ley 49/2007, además de establecer previsiones específicas para la aplicación de ese régimen de infracciones y sanciones en el ámbito de la Administración estatal, establece las condiciones básicas que van a orientar la tarea normativa del legislador autonómico en esta materia, respetando los ámbitos de decisión propia que constitucionalmente le corresponden, asegurando, de esta manera, la existencia de un cuadro normativo mínimo y común para todo el territorio que promueva la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (artículo 1).

¿Cuáles son las infracciones que recoge la Ley?

El artículo 2 cataloga como infracciones administrativas, con carácter general, las acciones y omisiones que ocasionen vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad, cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para la persona infractora.

Tales infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves:

  • Se consideran leves las conductas que incurran en irregularidades meramente formales en la inobservancia de lo establecido en la Ley 51/2003 (artículo 3.2).
  • Tendrán la consideración de infracciones graves, entre otros, los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad, en relación con otra persona que se encuentra en situación análoga o comparable; el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad definidas en la citada Ley, o cualquier forma de presión ejercida sobre cualquier persona, (con discapacidad o no), legitimada para entablar una acción legal en el marco objetivo de esta norma (artículo 3.3).
  • Por último, se definen como infracciones muy graves toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos que formulen los órganos competentes para ejercer las competencias necesarias para el cumplimiento de las previsiones de la Ley 51/2003, y cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas recogidas en la anterior Ley (artículo 3.4).

En referencia a las sanciones, la Ley determina las cuantías mínimas y máximas de las sanciones que pueden llevar aparejadas las tres modalidades de infracción posibles, establece los criterios de graduación de las sanciones y la posibilidad de imponer sanciones accesorias.

Así, para las infracciones leves, la sanción no excederá, en ningún caso, de los 30.000 euros, para las graves, de los 90.000, y para las muy graves, de un millón de euros (artículo 4).

Entre los criterios de graduación pueden destacarse la intencionalidad y negligencia del infractor, el fraude o la connivencia, el número de personas afectadas o el beneficio económico que se hubiere generado para la persona autora de la infracción (artículo 5).

La Ley permite en el supuesto de infracciones muy graves el establecimiento de sanciones accesorias de supresión, cancelación o suspensión total o parcial de ayudas oficiales (consistentes en subvenciones o cualesquiera otras) que la persona sancionada tuviese reconocidos o hubiera solicitado en el sector de actividad en cuyo ámbito se produce la infracción (artículo 6).

En cualquier caso, el abono de la multa impuesta no eximirá al responsable de la infracción del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (artículo 7).

¿A quién se considerará responsable de las infracciones?

Se considera responsables de las sanciones tipificadas por la Ley 49/2007 a las personas físicas o jurídicas que incurran en acciones u omisiones determinadas como infracción en la misma. Esta responsabilidad puede ser solidaria, cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la infracción en cuestión. Además se consideran responsables subsidiarios o solidarios a quienes incumplen la obligación de prevenir la infracción cometida por otros (artículo 8).

¿A quién se atribuye la condición de interesado en el procedimiento sancionador?

La Ley atribuye la consideración de interesados en el procedimiento sancionador que se sustancia con objeto de esta norma, a las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integren (artículo 9).

¿Es posible que se publiciten las sanciones impuestas?

Se prevé la posibilidad de publicación de las resoluciones sancionadoras impuestas por la comisión de faltas graves y muy graves, cuando así lo acuerde la autoridad administrativa que la haya adoptado (artículo 11).

¿Cuál es el plazo previsto para que se pueda sancionar una conducta de este tipo?

Las infracciones calificadas como leves prescriben en un año, las graves en tres y las muy graves en cuatro años (artículo 12). En el caso de infracciones derivadas de una actividad continuada y, según se deriva de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley, el plazo de prescripción se computará desde la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume, interrumpiéndose, en cualquier caso, con la notificación del inicio del procedimiento sancionador.

Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las graves en cuatro y las muy graves en cinco años (artículo 13), quedando interrumpido el plazo de prescripción por la notificación del inicio del procedimiento de ejecución de la sanción, según dispone el artículo 22 de la Ley.

¿Están obligadas las personas a colaborar en los procedimientos sancionadores?

En efecto, la Ley regula el deber de las personas físicas y jurídicas de facilitar la labor de los órganos y autoridades para su aplicación, aportando documentos, informes o aclaraciones que sena necesarias para el esclarecimiento de los hechos que les sean solicitadas, así como facilitar el acceso a sus dependencias (artículo 14).

¿Qué peculiaridades presenta el régimen sancionador en relación con la Administración estatal?

En el artículo 16 se recogen las diferentes conductas que han de reputarse como infracciones en el ámbito competencial de la Administración General del Estado.

Se califican de infracciones leves, el incumplimiento de una serie de deberes y obligaciones dispuestos en la Ley 51/2003, y en sus normas de desarrollo, siempre que no tenga el carácter de infracción grave o muy grave, el incumplimiento de las disposiciones que obligan a adoptar normas internas en las empresas, centros de trabajo u oficinas, orientadas a eliminar las desventajas o situaciones de discriminación de las personas con discapacidad, y la obstaculización de la acción de los servicios de inspección.

Tendrán la consideración de infracciones graves, entre otras, la imposición abusiva de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por razón de su discapacidad, el incumplimiento deliberado del deber de sigilo y confidencialidad con respecto a los datos personales de las personas con discapacidad, el incumplimiento de las personas obligadas por las normas de accesibilidad de los entornos, instrumentos, equipos y tecnologías, medios de transporte y de comunicación y de los productos y servicios a disposición del público que obstaculice o limite su acceso o utilización regulares por las personas con discapacidad; y la comisión de una misma infracción leve por tres veces, en el plazo de tres meses.

Por último, se definen como infracciones muy graves, entre otros, las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por razón de su discapacidad, la conculcación deliberada de la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público, la generación deliberada de situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de la persona con discapacidad; y la comisión de tres infracciones graves en un plazo de un año.

Por su parte, en el artículo 17 se concretan las diferentes cuantías de las sanciones a imponer, en función de cuál sea el grado de la infracción cometida:

  • Las leves, en su grado mínimo, con multas de 301 a 6.000 euros; en su grado medio, de 6.001 a 18.000 euros; y en su grado máximo, de 18.001 a 30.000 euros.
  • Las graves, en su grado mínimo, con multas de 30.000 a 60.000 euros; en su grado medio, de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo, de 78.001 a 90.000 euros.
  • Las muy graves, en su grado mínimo, de 90.001 a 300.000 euros; en su grado medio de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de 600.001 a 1.000.000 euros.

¿Cuál es el procedimiento sancionador a seguir en esta materia?

Será aplicable el previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/1992), así como el Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (BOE 9/08/1993) (artículo 18). De esta remisión se deriva que la Ley 49/2007 sea sucinta en este aspecto, limitándose a señalar las peculiaridades del mismo con respecto a las previsiones comunes, recogidas en las aludidas normas, para el resto de los procedimientos.

En este sentido, el artículo 19 de la Ley contempla la posibilidad de que, en el supuesto de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o psíquica o para la libertad de las personas con discapacidad, el órgano competente para ello pueda decretar, como medida cautelar, el cierre temporal del centro o establecimiento o la suspensión del servicio.

Por su parte, se determina que el plazo de efectividad de la sanción impuesta no puede ser inferior a quince ni superior a treinta días, pudiendo seguirse además el procedimiento previsto en el Reglamento General de Recaudación si la sanción no fuera satisfecha en el plazo establecido en la resolución administrativa firme (artículo 20).

¿Qué órganos tienen la competencia para tramitar el procedimiento sancionador?

La Ley señala como órgano competente para iniciar el procedimiento al órgano directivo, con rango de Dirección General, que tenga atribuidas las competencias en materia de discapacidad. Con carácter previo, este órgano recabará los informes pertinentes de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en que se hubiera cometido la infracción y de la Oficina Permanente Especializada, creada por Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre (artículo 24), a los que se remitirá, posteriormente, la resolución definitiva, en unión de todo el expediente, a efectos informativos (artículo 25).

La instrucción del procedimiento corresponderá, por su parte, al órgano directivo con rango de Subdirección General competente para el impulso de políticas sectoriales sobre discapacidad.

Finalmente, la competencia para imponer sanciones corresponde, en el caso de infracciones leves, al órgano con rango de Dirección General con competencia en materia de discapacidad. Si se trata de infracciones graves, será la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad la que asuma tal competencia. Las muy graves, por su parte, deberá sancionarlas el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, si bien, en este último supuesto, se requerirá previo acuerdo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros (artículo 23).

¿Qué otras disposiciones recoge la Ley?

La Ley finaliza con seis Disposiciones Adicionales y dos Finales. De lo previsto en las mismas es destacable:

  • La exigencia de que los procedimientos sancionadores se documenten en soportes que los hagan accesibles a personas con discapacidad (Disposición Adicional Primera).
  • La indicación de que las infracciones y sanciones en el orden social en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad seguirán rigiéndose por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Disposición Adicional Segunda).
  • La imposición al Gobierno de la obligación de remitir un informe anual a las Cortes Generales, durante las cuatro primeros años posteriores a la entrada en vigor de la Ley, que recoja información sobre las actuaciones efectuadas en su aplicación, el coste de las mismas, otras programadas para los próximos años y las infracciones y sanciones impuestas a raíz de su implementación (Disposición Adicional Sexta).

¿Quiénes está legitimados para actuar en un proceso de defensa del derecho de igualdad de oportunidades?

Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas personas los efectos de aquella actuación (artículo 19).

¿Qué previsión especial contiene la Ley 51/2003 en relación con la aportación de pruebas en un procedimiento de defensa del derecho de igualdad de oportunidades?

En aquellos procesos jurisdiccionales en los que de las alegaciones de la demandante se deduzca la existencia de graves indicios de discriminación directa o indirecta por razón de discapacidad, el juez o tribunal, tras la apreciación de los mismos, teniendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio y el principio procesal de igualdad de partes, podrá exigir al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Esto no será de aplicación a los procesos penales ni a los contencioso administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras (artículo 20).

¿Establece la Ley 51/2003 alguna previsión en relación con la formación de profesionales en materia de accesibilidad universal?

En efecto, en la Disposición Final Décima de la Ley se impone al Gobierno la obligación de que, en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, desarrolle el currículo formativo en “diseño para todos”, en todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. No obstante, tal previsión aún no ha sido desarrollada.

Aquí se muestran las preguntas y respuestas más habituales sobre la Incapacidad Laboral y Prestaciones, compatibilidad entre pensiones y trabajo y temas relacionados.

  • ¿Qué son las incapacidades laborales y cómo se clasifican?
  • ¿Qué prestaciones se prevén para ayudar a las personas afectadas por una incapacidad laboral a superar la falta de ingresos que de ella se deriva? ¿Cómo se obtienen?
  • ¿Cómo se clasifican las pensiones?
  • ¿Es compatible la pensión por incapacidad permanente y el cobro de un salario?
  • En el supuesto en que una persona haya estado trabajando para una empresa y a la vez cobrando una pensión de invalidez permanente ¿Qué pensión de jubilación le quedará?
  • ¿Es compatible la pensión no contributiva de invalidez con la percepción de un salario? ¿Y con el subsidio de desempleo?
  • ¿Es compatible la prestación por hijo a cargo con la obtención de rentas por el beneficiario de la misma? ¿Y con el salario obtenido por ese hijo a cargo?
  • ¿Es posible presentarse a una oposición estando afectado de una incapacidad? ¿Se podría acceder a la plaza vía reserva de plazas para personas con discapacidad?

¿Qué son las incapacidades laborales y cómo se clasifican?

Las incapacidades laborales se corresponden con aquellas situaciones en las que, bien por padecer una enfermedad o haber sufrido un accidente, una persona ve disminuida su capacidad para desempeñar un puesto de trabajo. Con carácter general, pueden clasificarse de la siguiente forma:

  • Incapacidad temporal, que es la que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
  • Incapacidad permanente, que se plantea cuando la persona, estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.
    Dentro de este tipo de incapacidad se distinguen distintos grados:
    • Parcial para la profesión habitual: La que ocasiona una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.
    • Total para la profesión habitual: es la que inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.
    • Absoluta para todo trabajo: inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.
    • Gran invalidez: Cuando además necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.
  • Lesiones permanentes no invalidantes, que se corresponden con aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir incapacidad permanente, suponen una disminución de la integridad física del trabajador.

¿Qué prestaciones se prevén para ayudar a las personas afectadas por una incapacidad laboral a superar la falta de ingresos que de ella se deriva? ¿Cómo se obtienen?

  • En el caso de la incapacidad temporal, la falta de rentas se cubre mediante el pago de un subsidio diario en tanto el trabajador esté imposibilitado para trabajar y requiera de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
    Esta situación puede derivarse de una enfermedad común o accidente no laboral o de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el primer caso, el subsidio se cobrará a partir del cuarto día de la baja y en el segundo desde el día siguiente.
    Para obtener esta prestación hay que acudir al Servicio Público de Salud o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. El médico de la sanidad pública o de la mutua verificará la situación de incapacidad temporal y extenderá el pertinente parte de baja con cuatro copias: una para la Inspección de Servicios Sanitarios, otra para la Entidad Gestora de la Seguridad Social o Mutua y dos para el trabajador, de las que una habrá de entregarla en su empresa.
    La baja se irá confirmando cada siete días con los correspondientes partes médicos hasta que se produzca el alta y, con ella, la extinción de la prestación.
  • En lo que a la incapacidad permanente se refiere, la falta de ingresos se cubre por el reconocimiento de una pensión contributiva, que se percibirá, en el caso de la parcial, a partir de la fecha de la resolución que la determine, y en los demás casos, el día de propuesta de declaración de la incapacidad permanente o el día siguiente a la extinción de la incapacidad temporal.
    En cuanto al procedimiento de reconocimiento, puede iniciarse de oficio por la propia Administración – a través de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de la Inspección de Trabajo o del Servicio Público de Salud –, por las Entidades colaboradoras o por el propio interesado mediante la presentación de la pertinente solicitud.
    Una vez analizada toda la documentación y pruebas que al efecto se puedan requerir, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) formulará un dictamen-propuesta en base al informe médico de los facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al informe de antecedentes profesionales. En el caso de Cataluña, la valoración es competencia del Instituto Catalán de Evaluación de Incapacidades y la Comisión de Evaluación de Incapacidades.
    Finalmente, el Director Provincial del Instituto referido dictará resolución expresa declarando el grado de incapacidad, la cuantía de la pensión – que variará en función del grado - y el plazo en el que deberá revisarse la incapacidad para ver si se agrava o se atenúa.
    La situación de incapacidad puede revisarse por agravación, mejoría, error de diagnóstico o por la realización de trabajos, pudiendo dar lugar a la confirmación o modificación del grado o a la extinción de la incapacidad y por tanto de la pensión. Esta revisión es posible sólo mientras no se hayan cumplido los 65 años, y una vez transcurrido el plazo dictado en la resolución. No será necesario que haya transcurrido dicho período de tiempo – si es igual o inferior a dos años, el trabajador tendrá derecho a reserva de su puesto de trabajo - si el pensionista está ejerciendo algún trabajo, o si la revisión se funda en un error del diagnóstico.
    En cuanto a los requisitos para ser beneficiario de la prestación cabe señalar, de forma genérica, que dependiendo del grado de incapacidad se exigen unos requisitos generales y de cotización. Si la incapacidad deriva de accidente, sea o no de trabajo o de enfermedad profesional, no se exigen cotizaciones previas.
    En lo que a la cuantía se refiere, vendrá determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica según el grado de incapacidad permanente reconocido. Así:
    • Incapacidad permanente parcial, consiste en una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal.
    • Incapacidad permanente total, 55% de la base reguladora. Se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual.
    • Incapacidad permanente absoluta, 100% de la base reguladora.
    • Gran invalidez, 100% de la base reguladora incrementado en un 50% destinado a remunerar a la persona que atiende al gran inválido.
  • Por último y, en lo que a las lesiones permanentes no invalidantes se refiere, se prevé el pago de una indemnización económica a tanto alzado o por una sola vez. La cuantía de esta indemnización está determinada en el baremo establecido al efecto para cada tipo de lesión, recogido en la Orden TAS/1040/2005, de 18 de abril, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes (BOE 22/04/2005).
    El procedimiento de reconocimiento de la prestación es el previsto para la incapacidad permanente.
    Para solicitar una prestación por incapacidad permanente o una indemnización por lesiones permanente no invalidantes deberá cumplimentarse el impreso correspondiente dentro de los que figuran en la página que se apunta a continuación y remitirlo por correo ordinario o presentarlo en la Dirección Provincial del INSSAbre ventana nueva.
    En el propio impreso se señala la documentación que, necesariamente, ha de acompañarse a la solicitud.

¿Cómo se clasifican las pensiones?

Con carácter general se puede hacer la siguiente distinción:

  • Pensiones contributivas: son prestaciones económicas y de duración indefinida, aunque no siempre, cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos.
    Entre ellas se contemplan las previstas para hacer frente a la falta de ingresos del trabajador que padece una incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez.
  • Pensiones no contributivas: son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para la subsistencia en los términos legalmente establecidos, aún cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.
    Entre ellas se contempla la prestación para hacer frente a situaciones de invalidez, que implica una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.
    Para tener derecho al cobro de una pensión no contributiva por invalidez habrán de concurrir en el interesado, además de otros requisitos – edad entre 18 y 65 años y residencia en España - tener reconocido un grado de deficiencia / minusvalía igual o superior al 65 % y que los ingresos económicos que se perciban no superen una determinada cantidad, dependiendo de si se vive sólo o dentro de una unidad familiar.
    En el primer caso, el límite de ingresos se establece, para el año 2.012, en 5.007,80 € mientras que si se vive dentro de una unidad familiar, en aplicación de las reglas contenidas en el artículo 11 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo (BOE 21/03/1991), el límite de ingresos variará en función de cada caso:
    • Convivencia sólo con el cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado (El límite de ingresos se obtiene sumando a la cuantía anual de la pensión no contributiva – 5.007,80 euros, para el año 2.012 – el resultado de multiplicar la misma por el 70 por 100 y por el número de convivientes, menos uno):
      • Nº de convivientes = 2 8.513,26 €/año.
      • Nº de convivientes = 3 12.018,72 €/año.
      • Nº de convivientes = 4 15.524,18 €/año...
    • Convivencia con padres o hijos (En este caso, el límite de ingresos será equivalente a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto para el caso de convivencia con cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado):
      • Nº de convivientes = 2 21.283,15 €/año.
      • Nº de convivientes = 3 30.046,80 €/año.
      • Nº de convivientes = 4 38.810,45 €/año...

      La cuantía de la pensión no contributiva de invalidez ha sido establecida, para el año 2.012, por el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE 31/12/2011), en el que se establece que las pensiones no contributivas experimentan una revalorización del 1%, quedando su cuantía fijada en 5.007,80 € íntegros anuales, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año.
      Además, conviene destacar que los pensionistas cuyo grado de minusvalía/discapacidad sea igual o superior al 75% y acrediten la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, percibirán un complemento del 50% (2.503,90 € anuales).
      No obstante lo dicho, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29/06/1994), de la cuantía anual de esta pensión se deducirán las rentas o ingresos del pensionista que excedan del 25% de dicha cuantía, es decir, de 1.251,95 € anuales. Si el pensionista cuenta con rentas propias inferiores a esta cantidad, no verá reducida la cuantía de su pensión por tal causa; si el pensionista contase con rentas propias superiores a 1.251,95 € en el año 2012, sólo le será reducida su pensión por los ingresos que excedan de esa cifra.
      Por otra parte, en el apartado primero del artículo 145 antes referido se establece que cuando en una misma familia concurra más de un beneficiario con derecho a pensión no contributiva de invalidez, la cuantía de la misma se corresponderá con la que resulte de incrementar la cuantía máxima prevista para dicha pensión, 5.007,80 €, en un 70 %, y esto tantas veces como beneficiarios haya menos uno; finalmente, se divide el resultado de la operación anterior entre el número de beneficiarios con derecho a pensión. Así, las cuantías resultantes serían:

      • Nº de beneficiarios = 2 4.256,63 €/año.
      • Nº de beneficiarios = 3 4.006,24 €/año...

      La gestión de este tipo de pensión está encomendada a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y al IMSERSO en las ciudades de Ceuta y Melilla.

¿Es compatible la pensión por incapacidad permanente y el cobro de un salario?

El artículo 141.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29/06/1994), establece que en caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, o en la propia Administración Pública, trabajando como funcionario, con el alcance y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

La regla general es que si el trabajador puede pasar a prestar una actividad compatible con su estado, tal actuación es conforme a Derecho. No es necesario cambiar de empresa, sino únicamente que el nuevo puesto, las nuevas funciones, sean perfectamente compatibles con la capacidad residual, y con la dolencia o lesión existente.

Lógicamente, se trata ésta de una cuestión práctica que debe ajustarse tanto a la profesión habitual de la persona; a la concreta lesión que supone la pérdida de capacidad; y al nuevo trabajo propuesto por el empresario.

Una vez teniendo dichos datos, se podría determinar la compatibilidad del trabajo prestado por la persona en situación de incapacidad permanente total, y la prestación económica percibida por la Seguridad Social.

En cualquier caso, se aconseja acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social para obtener información concreta sobre la compatibilidad del puesto de trabajo.

También el Tribunal Supremo se ha pronunciado en relación con la compatibilidad aludida:

  • Sentencia de 2 de marzo de 2004 (Sala 4.ª), n.º de procedimiento 1175/2003, en la que viene a ponerse de manifiesto que aunque se haya establecido la incapacidad permanente total de una persona para ejercer una determinada profesión, tal incapacidad sería compatible con el desempeño de profesiones diferentes.
  • Sentencia de 13 de marzo de 2003 (Sala 4.ª), n.º de procedimiento 2943/2002, en la que se establece que la Seguridad Social no puede suspender la prestación correspondiente por incapacidad permanente total para la profesión habitual por el hecho de que se realice otro trabajo distinto del que motivó la declaración de incapacidad.
  • Sentencia de 18 de enero de 2002 (Sala 4.ª), n.º de procedimiento 2479/2001, en la que se dispone que la Ley General de Seguridad Social, en su art. 141.1, establece que la pensión de invalidez permanente total para la profesión habitual, es, en principio, compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa, o en otra distinta, con el alcance y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

De lo expuesto se deduce que la incapacidad permanente total es incompatible con el desempeño del mismo puesto de trabajo en la empresa, pudiendo realizarse cualquier trabajo por cuenta ajena o propia en la misma empresa o en otra distinta. De igual forma podrá determinarse la incompatibilidad entre el desempeño de cualquier trabajo y el incremento del 20% en la prestación que se establece para los casos de incapacidad permanente total cualificada (a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual).

En lo que a la incapacidad permanente absoluta y a la gran invalidez se refiere, la pensión no impedirá el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del discapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión (artículo 141.2 LGSS).

Partiendo de la base de que el artículo 141.2 de la LGSS declara compatible la pensión de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, con determinadas actividades, la cuestión radica en determinar cuáles son esos trabajos "compatibles". Para resolver esta cuestión se han delineado o esbozado dos interpretaciones antagónicas.

En virtud de una primera interpretación, cabría entender que los trabajos "compatibles" resultan ser los cometidos laborales que no son objeto de ordinaria contratación en el mercado de trabajo, como acaece con los trabajos de limitada jornada y retribución. En ese sentido, se argumenta que en una lectura sistemática de la normativa aplicable, las "actividades compatibles con el estado del inválido" a que alude el artículo 141.2 de la LGSS bien pudieran identificarse con las que refiere el artículo 7.6 de la LGSS [para excluirlas del campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social] y que el precepto define como aquellas que "en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida". En esta línea se ha afirmado que la actividad compatible de que trata el artículo 141.2 LGSS no comprende "el núcleo funcional de una profesión u oficio, cualquiera que sea, pues a todos afecta tal grado de invalidez" (Sentencias del TS 19 de diciembre de 1988 y 26 de diciembre de 1988), sino que va referida a labores de orden adjetivo o marginal (STS 7 de julio de 1986, 19 de diciembre de 1988 y 26 de diciembre de 1988), pues "no deben manifestar un cambio en su capacidad de trabajo, ya que, de producirse éste, operaría la revisión, con las consecuencias económicas correspondientes" (STS 26 de enero de 1989). Esta conclusión, de que la actividad laboral compatible con las situaciones de incapacidad absoluta o gran invalidez, por necesidad, ha de ser de escasa significación, es una consecuencia -se dice- de que la interpretación del artículo 141.2 de la LGSS ha de llevarse a cabo en función de los principios que inspiran la legislación de Seguridad Social, debiendo rechazarse una conclusión que contradice plenamente el sistema y el concepto de incapacidad absoluta; así en palabras de la STS 20 de diciembre de 1985 reiteradas por la de 13 de mayo de 1986, "... el legislador se refiere única y exclusivamente a aquellos trabajos de tipo marginal e intrascendente, en el sentido de ser de mínima significación y relieve, porque otro entendimiento del precepto rompería de manera frontal con todo el sistema y con la doctrina de la Sala que tiene reiteradamente declarado que la incapacidad permanente absoluta es aquella situación que impide al trabajador la realización de cualquier actividad por liviana y sedentaria que sea, con lo que de mantenerse un criterio amplio en la interpretación del precepto citado, el resultado sería, de contradicción plena con el sistema y conduciría al absurdo".

Para una segunda interpretación, se llega a una conclusión diversa, admitiendo la compatibilidad de esas prestaciones con el trabajo ordinario y a jornada completa, ya que el derecho al trabajo reconocido en el artículo 35 de la CE no puede negarse a quién se encuentra en situación de Incapacidad permanente absoluta o gran invalidez (Sentencias del TS de 6 de octubre de 1997, 3 de noviembre de 1997, 23 de noviembre de 1987, 26 de enero de 1989, 20 de febrero de 1989).

Ésta es la línea seguida por el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencia de 30 de enero de 2008, en cuya resolución se parte de las siguientes cinco argumentaciones para defender esa compatibilidad con el trabajo:

La interpretación primera no siempre ha sido la acogida por la jurisprudencia social, pues ya la STS 2 de marzo de 1979 había mantenido que "el trabajador en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, por lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Orden de 15 de abril de 1969, puede realizar todas las actividades laborales que sean compatibles con su situación, sin limitación alguna, sin que en ningún extremo de la disposición legal se afirme que sólo puede desempeñar actividades "superfluas, accidentales o esporádicas".

La literalidad del precepto -artículo 141.2 LGSS- apunta a la plena compatibilidad trabajo/pensión ["la pensiones... no impedirán... aquellas actividades... compatibles"], al no establecer límite alguno a la simultaneidad referida, que resulta exigible ex artículo 35 de la CE, siendo de destacar que la remisión al desarrollo reglamentario se hace exclusivamente en el apartado primero del precepto, para la incapacidad permanente total.

Porque de no adoptarse esta interpretativa llevaría a hacer de mejor condición al trabajador declarado en incapacidad permanente total [legalmente apto para cualquier actividad que no sea la profesión u oficio para la que haya sido declarado inválido] que al incapaz declarado en incapacidad absoluta o gran invalidez, al que se le negaría toda actividad e ingresos, salvo los propios de la marginalidad.

Porque de declararse la incompatibilidad automática, esa interpretación tendría un efecto desmotivador sobre la reinserción social y laboral de quien se halla en incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Esta interpretación segunda cobra pleno vigor si se atiende a las nuevas tecnologías [particularmente informáticas y de teletrabajo], que consienten pluralidad de actividades laborales -a jornada completa- a quienes se encuentran en situaciones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, de manera que la compatibilidad defendida supone -en el indicado marco de actividades sedentarias- un considerable acicate para la deseable reinserción social de los trabajadores con capacidad disminuida.

Por ello en la Sentencia del TS de 30 de enero de 2008 se propone la inaplicación del artículo 18.4 de la Orden de 18 de enero de 1996, que permite al INSS suspender el abono de la pensión del invalido absoluto o gran inválido que se colocase por cuenta propia o ajena, todo ello por ser contrario ese precepto al artículo 141.2 de la LGSS.

La reciente Sentencia del TS de 14 de octubre de 2009 (Rec. 3429/2008) abunda en esta segunda interpretación, reforzando, por consiguiente, la tesis de que el cobro de una pensión es compatible con la realización de un trabajo. En cualquier caso, no se debe olvidar que la Seguridad Social puede decidir, en un primer momento, suspender la pensión por considerarla incompatible con la actividad desarrollada, por lo que habría que acudir a los tribunales para, con base en estas Sentencias del Tribunal Supremo, solicitar que se declare la compatibilidad.

En el supuesto en que una persona haya estado trabajando para una empresa y a la vez cobrando una pensión de invalidez permanente ¿Qué pensión de jubilación le quedará?

El artículo 122.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29/06/1994), establece que las pensiones del Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente. En caso de incompatibilidad, quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de ellas, renunciando a la otra, para lo cual se recomienda informarse en la propia Seguridad Social al respecto.

En el supuesto de las pensiones por incapacidad permanente, conforme al artículo 138.1 LGSS, dichas prestaciones no se reconocerán cuando la persona tenga derecho a percibir la pensión de jubilación. En el caso de que ya disfrutase de la prestación por incapacidad permanente, ésta se transformará en una prestación de jubilación, con la misma cuantía y condiciones que las que viniera percibiendo.

¿Es compatible la pensión no contributiva de invalidez con la percepción de un salario? ¿Y con el subsidio de desempleo?

El artículo 147 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29/06/1994) establece que “las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo”.

Sin embargo, esta mención amplia crea graves problemas de interpretación, ya que es la Seguridad Social la que debe determinar si un trabajo es compatible, o no, con la pensión, con lo que se pueden presentar problemas prácticos de pérdida de la pensión.

Otra cuestión que se plantea es que, como las prestaciones no contributivas se conceden por la circunstancia de la carencia de rentas, si como consecuencia de la realización de un trabajo remunerado se sobrepasa el límite de ingresos, puede ocurrir que quede suspendido, temporalmente, el cobro de la pensión. No obstante, en el momento en que, por cese de la actividad o por cualquier otra circunstancia, no se supere el límite referido, se recuperará el cobro de la misma.

En este sentido, en el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento [El IPREM para 2011 fue fijado por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE 23/12/2010), en 6.390,13 euros anuales. Los Presupuestos de 2011 han sido prorrogados hasta la aprobación de los correspondientes al presente ejercicio]. En caso de exceder de dicha cuantía, se reducirá el importe de la pensión en el 50 por 100 del exceso sin que, en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

Por ello, deberá tenerse en cuenta no sólo la compatibilidad de la actividad con el estado del pensionista, sino la posibilidad de pérdida de la pensión por superar el límite de los ingresos máximos para disfrutar de una pensión no contributiva.

Los beneficiarios de Pensión no Contributiva de Invalidez, recuperarán automáticamente el percibo de la pensión cuando cesen en la actividad laboral por cuenta propia o ajena, a cuyos efectos no se tendrán en cuenta en el cómputo anual de sus rentas las que hubieran percibido en virtud de su trabajo en el ejercicio en que se reponga el pago de la pensión.

No procede, por otro lado, la compatibilidad de la prestación por desempleo y la pensión no contributiva, salvo que la pensión hubiera sido compatible con el trabajo que originó dicha prestación (Art. 221.2 LGSS).

Por otro lado, si el beneficiario de una pensión no contributiva de incapacidad reúnen los requisitos para la percepción de la Renta Activa de Inserción, ayuda específica dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo que adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral [Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción (BOE 5/12/2006)], podrá percibir dicha Renta siempre que se acredite que dejará de percibir la pensión no contributiva de invalidez mediante una certificación espedida por la Administración competente declarando la suspensión del pago de dicha pensión.

Finalmente, interesa destacar que la Pensión no Contributiva de Invalidez es incompatible con la PNC de Jubilación, con las Pensiones Asistenciales (PAS) y con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), así como con la condición de causante de la Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad.

¿Es compatible la prestación por hijo a cargo con la obtención de rentas por el beneficiario de la misma? ¿Y con el salario obtenido por ese hijo a cargo?

Establece la Ley que para ser beneficiario de la prestación económica por hijo a cargo - en relación con la condición de discapacitado de éste - es que se tengan a cargo hijos menores de 18 años afectados por una discapacidad en un grado igual o superior al 33%, o hijos mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

Las cuantías previstas para esta prestación son las siguientes:

  • Cuando se trate de hijos o menores acogidos menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33%, la cuantía ascenderá a 1.000,00 euros anuales por hijo.
  • En el caso de hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65%, el importe de la prestación será de 4.292,40 euros anuales por hijo.
  • Cuando el hijo a cargo tenga una edad de 18 o más años, esté afectado por una minusvalía en un grado igual o superior al 75 por ciento y necesite el concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida, la cuantía de la prestación económica será de 6.439,20 euros anuales.

La revalorización de estas prestaciones para el año 2012 ha quedado fijada en el 1% por el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE 31/12/2011).

En ninguno de los casos anteriores se exige límite de recursos económicos.

La percepción de las asignaciones económicas por hijo minusválido a cargo mayor de 18 años, es incompatible con la pensión no contributiva de invalidez o jubilación a favor del hijo minusválido a cargo, con las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, y con los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, establecidos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. Sí es compatible, pues nada establece la Ley al respecto, con la obtención de una remuneración salarial por ese hijo minusválido a cargo, si bien ha de tenerse en cuenta que la prestación se extingue si cesa de la dependencia económica del causante respecto al beneficiario.

¿Es posible presentarse a una oposición estando afectado de una incapacidad permanente? ¿Se podría acceder a la plaza vía reserva de plazas para personas con discapacidad?

En lo que a la posibilidad de presentarse se refiere, conforme establece el artículo 19 del Real Decreto 364/1995 de 10 marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE 10/04/1995), en los procesos selectivos para ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios serán admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o período de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización. En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que los interesados deberán formular la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación.

Por tanto, se tiene el derecho a presentarse a las correspondientes pruebas con independencia de estar aquejado de una incapacidad permanente. Cuestión distinta es que sea necesario contar con la capacidad física suficiente para poder desarrollar el puesto en cuestión, una vez finalizado satisfactoriamente el proceso selectivo, pues podría ocurrir que, aprobando la oposición, no se pudiese tomar posesión de la plaza al no contar con la capacidad física y/o psíquica necesaria para llevar a cabo las funciones de la misma.

Así, habrá de tenerse en cuenta si es compatible la incapacidad que se sufre con el trabajo que se va a desempeñar una vez obtenida la plaza. Conforme establece el artículo 141 del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29/06/1994), la pensión vitalicia en caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, con el alcance y en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Por otra parte, las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del discapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

En definitiva, la situación de incapacidad de una persona implica una limitación de su capacidad laboral, por lo que sería necesario comprobar, en cada caso, la compatibilidad del puesto de trabajo para el que se oposita con la incapacidad que se sufre, teniendo en cuenta, además, que la realización de una determinada actividad laboral por el beneficiario de la pensión puede suponer la revisión de su grado de incapacidad. De ahí que se recomiende acudir al Instituto Nacional de Servicios Sociales para obtener asesoramiento al respecto.

En lo que respecta a la reserva de plazas en el proceso selectivo para personas discapacitadas, mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE 02/08/2011), se modificó el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13/04/2007), estableciendo que:

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.”

En cuanto al procedimiento acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, la norma de referencia se corresponde con el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre (BOE 17/12/2004).

En el artículo 8 de dicha norma se determina que en las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 que lo soliciten las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que participan en condiciones de igualdad.

La adaptación de tiempos consiste en la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios. Mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, se establecerán los criterios generales para determinar esa adaptación.

La adaptación de medios y los ajustes razonables consisten en la puesta a disposición del aspirante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y/o tecnologías asistidas que precise para la realización de las pruebas en las que participe, así como en la garantía de la accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde éstas se desarrollen.

El Real Decreto referido ha sido desarrollado, en lo que se refiere a la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, por la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE 13/06/2006).

A través de esta página web se informará sobre qué es la incapacitación y cuáles son las Instituciones de Guarda o Tutela.

  • ¿En qué consiste la incapacitación?
  • ¿Quién puede pedir que se declare la incapacidad de una persona?
  • ¿Qué garantías se ofrecen al presunto incapaz en un proceso judicial de incapacitación?
  • ¿Qué efectos tiene la incapacitación?
  • ¿Qué es la tutela?
  • ¿Qué es un tutor y quiénes pueden serlo?
  • ¿Quiénes quedan bajo la protección de un tutor?
  • ¿Cómo se controla la actividad del tutor?
  • ¿Qué obligaciones tiene el tutor?
  • ¿Cuándo queda sin efecto la tutela?
  • ¿Qué es la curatela?
  • ¿Qué es el defensor judicial?
  • ¿Qué son las entidades tutelares?
  • ¿Qué funciones cumplen las instituciones tutelares?
  • ¿Quiénes pueden crear una fundación tutelar?
  • ¿Cómo se constituye una fundación tutelar?
  • ¿Cómo funciona una fundación tutelar?
  • ¿Es posible actuar en representación de una persona con discapacidad que no haya sido incapacitada judicialmente?
  • ¿Qué es la patria potestad?
  • ¿Qué ocurre cuando una persona incapaz de regirse por sí misma llega a la mayoría de edad?

¿En qué consiste la incapacitación?

La incapacitación es el mecanismo jurídico previsto para aquellos casos en que enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico impiden a una persona gobernarse por sí misma, teniendo como objetivo la protección de los intereses y derechos del incapacitado, tanto a nivel personal como patrimonial.

Su regulación jurídica se recoge en los artículos 199 y siguientes del Código Civil, y 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Quién puede pedir que se declare la incapacidad de una persona?

Están legitimados para iniciar el proceso de incapacitación el cónyuge o descendientes y, en defecto de éstos, los ascendientes o hermanos del presunto incapaz. El Ministerio Fiscal deberá promover la declaración si las personas mencionadas no existiesen o no lo hubieran solicitado.

Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. No obstante lo anterior, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

¿Qué garantías se ofrecen al presunto incapaz en un proceso judicial de incapacitación?

El presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia defensa y representación. Si no lo hicieren, serán defendidos por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido éste el promotor del procedimiento. En otro caso, se designará un defensor judicial, a no ser que estuviere ya nombrado.

En los procesos de incapacitación, el tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda y demás medidas previstas por las leyes.

Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico, acordado por el tribunal. Cuando se hubiera solicitado en la demanda de incapacitación el nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él, sobre esta cuestión se oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, a éste, si tuviera suficiente juicio, y a las demás personas que el tribunal considere oportuno.

¿Qué efectos tiene la incapacitación?

La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.

Asimismo, podrá decretar el internamiento del incapaz en el centro correspondiente de que se trate, pero dicho internamiento sólo se decretará a la vista de las concretas circunstancias que se presenten en el caso. Es decir, no se producirá automáticamente y en todo caso, al producirse la declaración de incapacidad.

Según del caso que se trate, el juez establecerá, para la protección de la persona y patrimonio del incapaz, la tutela, la curatela o el defensor judicial.

La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. La sentencia que se dicte deberá pronunciarse sobre si procede o no dejar sin efecto la incapacitación, o sobre si deben o no mortificarse la extensión y los límites de ésta.

¿Qué es la tutela?

La tutela es una institución jurídica que tiene por objeto la guarda y protección de la persona y los bienes del incapacitado.

La tutela es consecuencia de un proceso de incapacitación, en la que se establece, y se constituye como un deber que se ejerce en beneficio del tutelado, siempre bajo la supervisión de la autoridad judicial.

Su regulación jurídica se recoge en los artículos 222 y siguientes del Código Civil.

¿Qué es un tutor y quiénes pueden serlo?

El tutor es el representante del menor o incapacitado, salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de incapacitación. Los sujetos a tutela deben respeto y obediencia al tutor, que les podrá corregir razonable y moderadamente.

Podrán ser tutores todas las personas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas legalmente.

Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados.

¿Quiénes quedan bajo la protección de un tutor?

Estarán sujetos a tutela:

  • Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
  • Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
  • Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.
  • Los menores que se hallen en situación de desamparo.

¿Cómo se controla la actividad del tutor?

El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la tutela, o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime oportunas, en beneficio del tutelado. Asimismo podrá, en cualquier momento, exigir del tutor que informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración.

La Autoridad judicial dará posesión de su cargo al tutor nombrado. El Juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma. No obstante, la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio de la ley o la desempeñe por resolución judicial, no precisará prestar fianza.

La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado. En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración de la tutela.

Los tutores podrán, en el ejercicio de su cargo, recabar el auxilio de la autoridad.

Con independencia de lo apuntado, la ley exige la previa autorización judicial para determinadas actuaciones del tutor:

  • Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
  • Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.
  • Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.
  • Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades.
  • Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
  • Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
  • Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
  • Para dar y tomar dinero a préstamo.
  • Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
  • Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso (pagando un precio) los créditos de terceros contra el tutelado.

Antes de autorizar o aprobar cualquiera de estos actos el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.

El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Corresponde al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes, procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje del 4% ni exceda del 20% del rendimiento líquido de los bienes.

¿Qué obligaciones tiene el tutor?

El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:

  • A procurarle alimentos.
  • A educar al menor y procurarle una formación integral.
  • A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad.
  • A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.

El tutor es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia. En relación con esto, está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar desde aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo.

¿Cuándo queda sin efecto la tutela?

Hay determinadas circunstancias por las que la tutela queda sin efecto y se extingue:

  • Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.
  • Por la adopción del tutelado menor de edad.
  • Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.
  • Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.
  • Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere.
  • Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela.

El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta general justificada de su administración ante la Autoridad judicial en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.

¿Qué es la curatela?

Al igual que la tutela, es una institución jurídica dirigida a salvaguardar los intereses de personas que tienen limitada su capacidad de obrar por alguna circunstancia, aunque, a diferencia de aquella, su ámbito de aplicación es mucho más restringido.

En efecto, la curatela, en puridad, no permite otra cosa que complementar la capacidad del curatelado en las actuaciones concretas señaladas en la sentencia, o en defecto de que la sentencia las especifique, en los actos para los que el tutor necesita autorización judicial. No puede servir para ejercer una vigilancia y cuidado general sobre el curatelado y, además complementar su capacidad en dichos actos concretos, cosa que, en cambio, si permite perfectamente la naturaleza de la tutela.

Es una institución que suele utilizarse, en lo que a las personas con discapacidad se refiere, para la protección de aquellas con una deficiencia mental leve.

Su regulación jurídica se recoge en los artículos 286 y siguientes del Código Civil.

¿Qué es el defensor judicial?

Es la persona nombrada por Juez para ejercer las funciones de amparo y representación de los menores e incapacitados de forma transitoria en los siguientes casos:

  • Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y quienes ejercieran sobre ellos la patria potestad, tutela o curatela.
  • Cuanto el tutor o el curador no ejercieran sus funciones por cualquier causa mientras dicha causa no desaparezca o se nombre a otra persona al efecto.

Su regulación jurídica se recoge en los artículos 299 y siguientes del Código Civil, podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas.

  • Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que consista la dotación.
  • Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el acuerdo expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que les resulte aplicable.
  • Las de índole institucional deberán contar con el acuerdo de su órgano rector.
  • Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario.

¿Qué son las entidades tutelares?

Son personas jurídicas (fundaciones, asociaciones, ...) que reúnen los requisitos establecidos por la legislación vigente y no tienen afán de lucro.

Tienen como finalidad la protección y el cuidado de las personas legalmente incapacitadas, buscando los recursos que le permitan vivir con una buena calidad de vida.

¿Qué funciones cumplen las instituciones tutelares?

  • Prestan servicios de asesoramiento jurídico, apoyo social e información a las personas que tengan encomendadas funciones tutelares.
  • Ejercen las funciones de tutela, curatela y/o defensa judicial que le hayan sido encomendadas por resolución judicial.
  • Coordinan sus actuaciones con los órganos judiciales y con el Ministerio Fiscal para un mejor desempeño de las funciones asumidas.
  • Cooperan con cuantas entidades públicas o privadas tengan fines similares o coincidentes.
  • Desarrollan actividades de apoyo social a las personas tuteladas de forma personalizada adecuándose a su nivel de necesidad, y centrándose en los aspectos delimitados de su incapacidad.

¿Quiénes pueden crear una fundación tutelar?

Tal y como determina la Ley 50/2002, de 26 diciembre, de Fundaciones, podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas.

  • Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que consista la dotación.
  • Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el acuerdo expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que les resulte aplicable.
  • Las de índole institucional deberán contar con el acuerdo de su órgano rector.
  • Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario.

¿Cómo se constituye una fundación tutelar?

La fundación podrá constituirse:

  • Por actos "inter vivos, mediante escritura pública, que habrá de reunir los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 50/2002, de 26 diciembre, de Fundaciones.
    • La identificación de las personas que integran el Patronato, así como su aceptación si se efectúa en el momento fundacional.
  • Por actos "mortis causa", es decir, mediante testamento, que habrá de reunir los requisitos apuntados en relación con la escritura de constitución.

¿Cómo funciona una fundación tutelar?

En toda fundación tutelar será obligatoria la existencia, con la denominación de Patronato, de un órgano de gobierno y representación de la misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos.

Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.

En el artículo 15 de la Ley de Fundaciones, se regula lo relativo a la delegación de funciones y apoderamientos por los patronos.

En el 16, se regula lo relativo a la delegación de funciones y apoderamientos por los patronos.

En el 17, la responsabilidad de los patronos por su actuación.

Finalmente, en el artículo 18, se contemplan las causas de sustitución, cese y suspensión de los patronos.

¿Es posible actuar en representación de una persona con discapacidad que no haya sido incapacitada judicialmente?

La regla general existente es que toda persona que no se encuentre incapacitada está legitimada para gestionar sus intereses y ejercitar sus derechos.

Cuando concurren causas que impiden a la persona regirse por si misma, necesitando de la asistencia de otra persona, se desarrollará un procedimiento de incapacitación y su producirá el nombramiento de un tutor que proteja sus intereses.

Pero, ¿Qué ocurre cuando una persona está incapacitada de hecho pero no legalmente? ¿Quién puede salvaguardar sus intereses?. En principio y, por lo que antes se comentaba, tan sólo podrá actuar en nombre del discapacitado una persona a la que éste haya otorgado un poder notarial.

El problema se puede plantear si el Notario considera que el discapacitado no cuenta, a su juicio, con la capacidad necesaria para otorgar el poder. En ese caso sería necesario instar el procedimiento de incapacitación judicial.

¿Qué es la patria potestad?

Conviene comenzar diciendo que los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y la madre (artículos 154 y siguientes del Código Civil) se establece que la patria potestad sobre los hijos que hubieran sido incapacitados quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayor edad.

Pero, ¿Qué ocurriría si el hijo incapaz alcanzara la mayoría de edad sin haber sido legalmente incapacitado?. En este caso, habría que instar previamente el proceso de incapacitación del hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos. Hecho esto, se rehabilitará la patria potestad que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad.

Es decir, al llegar el hijo incapaz a la mayoría de edad, los padres que no hubieran sido privados de la patria potestad deberían solicitar la prórroga de la misma. Si el hijo no hubiese sido incapacitado judicialmente sería necesario instar previamente el proceso de incapacitación. En cualquiera de los dos casos, la patria potestad prorrogada se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación.

La patria potestad prorrogada terminará:

  • Por la muerte o declaración de fallecimiento de ambos padres o del hijo.
  • Por la adopción del hijo.
  • Por haberse declarado la cesación de la incapacidad.
  • Por haber contraído matrimonio el incapacitado.

Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se constituirá la tutela o curatela, según proceda.

¿Qué ocurre cuando una persona incapaz de regirse por sí misma llega a la mayoría de edad?

En el artículo 171 del Código Civil se establece que la patria potestad sobre los hijos que hubieran sido incapacitados quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayor edad.

Pero, ¿Qué ocurriría si el hijo incapaz alcanzara la mayoría de edad sin haber sido legalmente incapacitado?. En este caso, habría que instar previamente el proceso de incapacitación del hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos. Hecho esto, se rehabilitará la patria potestad que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad.

Es decir, al llegar el hijo incapaz a la mayoría de edad, los padres que no hubieran sido privados de la patria potestad deberían solicitar la prórroga de la misma. Si el hijo no hubiese sido incapacitado judicialmente sería necesario instar previamente el proceso de incapacitación. En cualquiera de los dos casos, la patria potestad prorrogada se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación.

La patria potestad prorrogada terminará:

  • Por la muerte o declaración de fallecimiento de ambos padres o del hijo.
  • Por la adopción del hijo.
  • Por haberse declarado la cesación de la incapacidad.
  • Por haber contraído matrimonio el incapacitado.

Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se constituirá la tutela o curatela, según proceda.

En esta ficha se tratarán posibles dudas acerca de los incentivos a la contratación de trabajadores con discapacidad, según marca la ley 43/2006, de 29 de diciembre. Aquí se muestran las preguntas y respuestas más habituales sobre los Incentivos a la contratación.

  • ¿Qué ventajas otorga la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, a quien contrate a una persona con discapacidad mediante un contrato indefinido?
  • ¿Qué ventajas otorga la Ley en el supuesto de que una persona con discapacidad sea contratada mediante en contrato temporal?
  • ¿Qué es el Contrato Temporal de Fomento del Empleo y qué peculiaridades presenta respecto de las personas con discapacidad?
  • ¿Qué otras mejoras se han introducido en la normativa laboral para fomentar la contratación temporal de personas con discapacidad?
  • ¿Se aplican también las ventajas aludidas en el caso de contratación de personas con discapacidad por Centros Especiales de Empleo?
  • ¿Qué requisitos exige la Ley para poder disfrutar de estas ventajas?
  • ¿Qué circunstancias impiden la aplicación de dichas ventajas?
  • ¿Cuál es la cuantía máxima prevista para las bonificaciones reguladas por la Ley?
  • ¿Qué es la Estrategia Global de Empleo para personas con discapacidad a la que se refiere la Ley?
  • ¿Qué ventajas prevé la Ley para el caso de personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia?

¿Qué ventajas otorga la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, a quien contrate a una persona discapacitada mediante un contrato indefinido?

El artículo. 2.2. de la Ley habla de:

  • Una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, de su equivalente diario por trabajador contratado, de 375 euros/mes (4500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. La misma bonificación se disfrutará en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de transformación en indefinidos de contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.
  • La bonificación se incrementará hasta 425 euros/mes (5100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:
    • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100.
    • Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por 100.
  • Si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda se incrementará, respectivamente, en 100 euros/mes (1200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año), sin que tales incrementos sean compatibles entre sí.
    A mayor abundamiento, la Ley ha introducido dos modificaciones fundamentales en la regulación del Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida, recogida en la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Así:
    • Se ha ampliado el ámbito de aplicación de este tipo contractual, permitiendo su utilización para la contratación de trabajadores que, en la fecha de celebración del mismo, estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 (Art. 10 de la Ley).
    • Por otra parte, se reducen las cotizaciones empresariales por contratos indefinidos en relación con la contingencia por desempleo. Así, se ha modificado el número 2 del apartado 9 del artículo 110 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 (BOE de 30 de diciembre de 2005),  dejando la cotización correspondiente en el 7,30 por ciento - del que el 5,75 por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador - tanto en el caso de contratos indefinidos, incluidos los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, como en el supuesto de contratos de duración determinada realizados con trabajadores con discapacidad, cualquiera que sea la modalidad utilizada (Art. 11 de la Ley).

¿Qué ventajas otorga la Ley en el supuesto de que una persona con discapacidad sea contratada mediante en contrato temporal?

En este supuesto el empleador tendrá derecho a:

  • Una bonificación de 291,66 euros/mes (3500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato.
  • La bonificación se elevará hasta los 341,66 euros/mes (4.100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:
    • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100.
    • Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por 100.

Si el trabajador tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda se incrementará, en ambos supuestos, en 50 euros/mes (600 euros/año), siendo tales incrementos compatibles entre sí.

 

¿Qué es el Contrato Temporal de Fomento del Empleo y qué peculiaridades presenta respecto de las personas con discapacidad?

En relación con la utilización del Contrato Temporal de Fomento del Empleo, dispone la Disposición Adicional Primera de la Ley que las empresas podrán contratar temporalmente para la realización de sus actividades, cualquiera que fuere la naturaleza de las mismas, a trabajadores con discapacidad desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento o a pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

La duración de estos contratos no podrá ser inferior a doce meses ni superior a tres años; si se conciertan por un plazo inferior a ese límite máximo podrán prorrogarse por períodos no inferiores a doce meses.

A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica equivalente a doce días de salario por año de servicio.

No podrán hacer uso de este tipo de contratos las empresas que en los doce meses anteriores a la contratación hayan extinguido contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo, computándose dicho plazo a partir del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo.

A estos contratos les será de aplicación la subvención establecida en el artículo 12 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad destinada a la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de equipos de protección personal necesarios para evitar accidentes laborales al trabajador con discapacidad  contratado o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de los trabajadores con discapacidad.

Por otra parte, la transformación de este tipo de contratos en contratos indefinidos dará derecho a la obtención de las subvenciones establecidas en el referido Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, en cuyo artículo 7  se apunta una subvención de 3.907 euros por cada trabajador discapacitado contratado de forma indefinida y a tiempo completo.

 

¿Qué otras mejoras se han introducido en la normativa laboral para fomentar la contratación temporal de personas con discapacidad?

El Estatuto de los Trabajadores ha quedado modificado, en lo que a la inserción laboral de personas con discapacida se refiere, en el siguiente sentido:

  • El límite máximo de edad para celebrar un contrato de formación establecido en el artículo 11.2.a) del Estatuto, es decir, 21 años – que se amplía hasta los 24 cuando el contrato se concierta con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios - no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad desempleadas (Art. 12.1. de la Ley).
  • En cuanto a los contratos en prácticas, regulados en la Disposición Adicional Segunda, apartado 1, del Estatuto, las empresas que los celebren con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una reducción, durante la vigencia del contrato, del 50 por 100 de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes (Art. 12.12. de la Ley).

¿Se aplican también las ventajas aludidas en el caso de contratación de personas con discapacidad por Centros Especiales de Empleo?

En el caso de contratación de trabajadores con discapacidad por un Centro Especial de Empleo, ya sea mediante un contrato indefinido o temporal, incluidos los contratos formativos, las bonificaciones a aplicar serán del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta. La misma bonificación se disfrutará por los centros especiales de empleo en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad o de transformación en indefinidos de los contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.

En lo que a los centros especiales de empleo de titularidad pública se refiere, la bonificación se aplicará igualmente en el caso de contratación de trabajadores con discapacidad en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 de la Ley.

Tal bonificación, según establece la Disposición Transitoria Primera, apartado cuarto, de la Ley, podrá aplicarse a los contratos de trabajo celebrados por los centros especiales de empleo, cualquiera que sea su titularidad, con trabajadores con discapacidad, entre el 1 de julio de 2006 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley (31 de diciembre de 2006), siempre que reúnan los requisitos que se apuntan más adelante.

Este sistema de bonificación mediante porcentajes de las cotizaciones sociales por la contratación de personas con discapacidad por los centros especiales de empleo será de aplicación, según establece la Disposición Final Cuarta de la Ley, en tanto no se adopte otra decisión al respecto, previa evaluación del funcionamiento de las medidas que configuran el conjunto de las políticas de empleo de las personas con discapacidad por parte del Gobierno y de las Organizaciones sindicales y empresariales más representativas, incluidas las organizaciones del sector de la discapacidad, evaluación sobre la que el Consejo Nacional de la Discapacidad habrá de emitir un informe.

Finalmente, conviene poner de manifiesto que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley, los contratos que concierten los centros especiales de empleo con trabajadores con discapacidad a los que sea aplicable el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en los centros especiales de empleo deberán ajustarse a cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral, de acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso.

 

¿Qué requisitos exige la Ley para poder disfrutar de estas ventajas?

Para tener derecho a los beneficios que se vienen refiriendo los trabajadores con discapacidad deberán tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o la específicamente establecida en cada caso. Se considerarán también incluidos los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad  (Art. 2.2.5 de la Ley).

 

¿Qué circunstancias impiden la aplicación de dichas ventajas?

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley no se podrán considerar las ventajas que se vienen apuntado cuando:

  • El contrato se celebre con un trabajador que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la contratación hubiese prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido.
  • El trabajador haya finalizado su relación laboral de carácter indefinido en otra empresa en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato, salvo que la finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo. Esta exclusión no se aplicará en el supuesto de incorporación a las empresas colaboradoras de los trabajadores con discapacidad procedentes de enclaves laborales, regulados en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
  • La empresa contratante haya extinguido o extinga contratos bonificados por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo, durante un periodo de doce meses - se contará a partir del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo - y para un número de contratos igual al de las extinciones producidas.

Sí se aplicarán las ventajas referidas en el supuesto de trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en un centro especial de empleo, a pesar de constituir una relación laboral de carácter especial prevista en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.

 

¿Cuál es la cuantía máxima prevista para las bonificaciones reguladas por la Ley?

Según dispone el artículo 7 de la Ley, las bonificaciones previstas no podrán, en concurrencia con otras medidas de apoyo público establecidas para la misma finalidad, superar el 60 por 100 del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica, salvo en el caso de los trabajadores con discapacidad contratados por los centros especiales de empleo, en que se estará a lo establecido en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones destinadas a la integración laboral de las personas con discapacidad en estos Centros; en concreto, habrá que considerar la regulación contenida en la Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

 

¿Qué es la Estrategia Global de Empleo para personas con discapacidad a la que se refiere la Ley?

Según establece la Disposición Adicional Duodécima de la Ley, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, es decir, antes del 30 de junio de 2007, el Gobierno, previas consultas con los interlocutores sociales y con las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, aprobará una Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad 2007-2008, que contendrá un repertorio, con su correspondiente calendario de iniciativas y medidas normativas, programáticas y presupuestarias, dirigidas a promover el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad y su integración laboral.

El objetivo preferente de tal Estrategia será el de disminuir los índices de desempleo y elevar las tasas de actividad de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres con discapacidad, y aquellas otras personas que por su discapacidad presentan dificultades severas de acceso al mercado de trabajo.

 

¿Qué ventajas prevé la Ley para el caso de personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia?

La Disposición Final Sexta de la Ley modifica la Disposición Adicional Undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, con el objeto de aplicar a las personas discapacitadas que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos una bonificación del 50 por 100 de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento en el mencionado Régimen, y esto durante los cinco años siguientes a la fecha de alta.

En el año 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Para mayor información sobre las condiciones de los incentivos, exclusiones y requisitos de los beneficiarios de los incentivos indicados en este documento, debe consultarse la legislación correspondiente a los mismos.

Enlaces destacados

Beneficios en la cotización a la Seguridad Social por incentivos a la contratación o a la actividad autónoma y otras peculiaridades de cotización NIPO: 795-11-010-7 (Actualizado a 14 de abril de 2016)

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. (Publicado en el Boletín Oficial del Estado del 10 de septiembre de 2015)
 

A través de esta sección puedes encontrar las preguntas y respuestas de interés sobre la discapacidad en el ámbito laboral.

  • El derecho a la integración laboral de las personas con discapacidad
  • A la hora de buscar trabajo, ¿Tengo que informar a la empresa que me va a contratar que tengo una discapacidad?
  • ¿Recibe la empresa algún tipo de ayuda o beneficio por contratarme?
  • ¿Tiene obligación la empresa de adaptar el puesto de trabajo en función de mi discapacidad?
  • ¿Es posible que se me reduzca la jornada laboral por razón de mi discapacidad?
  • Si tengo que acudir a consulta médica, ¿Se me retribuyen las ausencias?
  • ¿Puede despedirme la empresa estando en situación de incapacidad temporal?
  • ¿Es posible jubilarse de forma anticipada por motivo de la discapacidad que se sufre?
  • ¿Cabe cobrar una pensión por incapacidad y, al mismo tiempo, desarrollar un trabajo?
  • Los Centros Especiales de Empleo
  • Los enclaves laborales
  • Los programas de empleo con apoyo
  • El acceso de las personas con discapacidad a la Función Pública
  • Autoempleo de las personas con discapacidad
  • La reforma laboral de 2010
  • La reforma laboral de 2012

El derecho a la integración laboral de las personas con discapacidad

El punto de partida de este derecho se encuentra en el artículo 49 de la Constitución, donde se determina que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.

Para cumplir con dicho mandato, se dictó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los minusválidos (LISMI, en adelante).

El artículo 3 LISMI establece que las personas con discapacidad tendrán derecho a la integración laboral.

Dicho mandato se articula asimismo en el artículo 37 de dicha norma, donde se determina que será finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores discapacitados su integración en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido.

Para facilitar la integración laboral, la Ley 13/1982 establece una serie de mecanismos, como son la necesidad de que las empresas con más de 50 trabajadores cuenten con un 2 % de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad; o la existencia de centros especiales de empleo donde se ocupa a las personas que no cuentan con la capacidad mínima necesaria para poder emplearse en puestos ordinarios de trabajo, materia que luego fue objeto de desarrollo mediante los Reales Decretos 2273/1985, de 4 de diciembre y 1368/1985, de 17 de julio

No obstante lo anterior, la integración laboral de las personas con discapacidad sigue siendo un aspecto de la discapacidad en el que aún queda mucho por hacer. Muestra de ello es la normativa que se ha venido aprobando en los últimos años a partir de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en la que vuelve a respaldarse legalmente el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo y la ocupación. Entre esas nuevas normas, que han supuesto un notable impulso a la tarea de llevar a la práctica ese principio de igualdad de trato, pueden citarse las siguientes:

  • La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de personas con discapacidad, desarrollada por el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
  • El Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
  • El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
    El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo.
  • La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

Con independencia de lo anterior, cuando el trabajador discapacitado pueda incorporarse al sistema ordinario de empleo, su relación laboral se someterá al Estatuto de los Trabajadores (ET, en adelante).

En dicha norma no se determinan derechos específicos a favor de los trabajadores con discapcidad, sino que son de aplicación los derechos generales recogidos en la misma.

En lo que aquí nos interesa, el artículo 4.2.c) ET determina el derecho de los trabajadores a no ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. También el artículo 4.2.d) establece el derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene; y finalmente el artículo 4.2.e), al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad.

Asimismo, el artículo 17.1 de dicha norma determina que se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones favorables o adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo.

El resto de los derechos es el establecido con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto de normas laborales.

 

A la hora de buscar trabajo, ¿Tengo que informar a la empresa que me va a contratar que tengo una discapacidad?

En principio, nadie está obligado a declarar sobre su estado de salud a la hora de buscar empleo.

Ahora bien, por un lado, el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación para el empresario de adecuar el puesto de trabajo a la persona; esto es, a las concretas circunstancias físicas y personales de cada trabajador.

Por ello, si el trabajador tiene una discapacidad, el empresario debe adaptar su puesto de trabajo a sus circunstancias personales. Si no lo hace, podría incurrir en responsabilidad.

Así, si no se le comunica al empresario la discapacidad del trabajador se le podría causar un perjuicio que podría suponer como represalia la extinción de su contrato de trabajo, por trasgresión de la buena fe contractual, al no haber comunicado a la empresa el dato de la discapacidad.

Por otra parte, también es posible que una empresa que pudiese contratar al solicitante, se abstuviese de hacerlo, dada su condición de persona con discapacidad.

No debe perderse de vista tampoco que existen subvenciones a la contratación de trabajadores con discapacidad, y que las empresas, en ciertas ocasiones buscan a trabajadores con discapacidad para tener mayor competitividad integrando la diversidad humana su plantilla y/o poder beneficiarse de dichas ayudas.

Este es el panorama general sobre la cuestión. No existe una obligación legal expresa de que el trabajador comunique al empresario la existencia de una discapacidad, aunque ello parece desprenderse del deber general de buena fe que se exige respecto de la relación laboral.

La decisión es una cuestión personal.

 

¿Recibe la empresa algún tipo de ayuda o beneficio por contratarme?

Las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad se regulan en el artículo 2.2 de la Ley 43/2006, de 29 de Diciembre, de Mejora del crecimiento y del empleo.

La cuantía de las bonificaciones dependerá de las características de la persona con discapacidad.

Así, con carácter general, en el supuesto de contratación indefinida, tendrán derecho a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, de su equivalente diario por trabajador contratado, de 375 euros/mes (4.500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. La misma bonificación se disfrutará en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de transformación en indefinidos de contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad

La bonificación será de 425 euros/mes (5.100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:

  • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un "grado de discapacidad" reconocido igual o superior al 33 por 100.
  • Personas con discapacidad física o sensorial, con un "grado de discapacidad" reconocido igual o superior al 65 por 100.

Si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda se incrementará, respectivamente, en 100 euros/mes (1.200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año), sin que dichos incrementos sean compatibles entre sí.

En el caso de que las personas con discapacidad sean contratadas mediante el contrato temporal de fomento del empleo, la bonificación ascenderá a 291,66 euros/mes (3.500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato.

La bonificación será de 341,66 euros/mes (4.100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:

  • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un "grado de discapacidad" reconocido igual o superior al 33 por 100.
  • Personas con discapacidad física o sensorial, con un "grado de discapacidad" reconocido igual o superior al 65 por 100.

Si el trabajador tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los párrafos anteriores, se incrementará, en ambos supuestos, en 50 euros/mes (600 euros/año), siendo tales incrementos compatibles entre sí

Para tener derecho a estos beneficios los trabajadores deberán tener un grado de discapacidad a igual o superior al 33 por 100, o la específicamente establecida en cada caso. Se considerarán también incluidos los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Además, como criterio especial a lo ya expuesto, si los trabajadores con discapacidad son contratados por un centro especial de empleo, mediante un contrato indefinido o temporal, incluidos los contratos formativos, se aplicarán las bonificaciones del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta. La misma bonificación se disfrutará por los centros especiales de empleo en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad o de transformación en indefinidos de los contratos de duración determinada o temporales, incluidos los formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.

La Ley 43/2006 establece determinados casos en los que no podrán obtenerse las bonificaciones referidas. No obstante, cuando se trate de contrataciones con trabajadores con discapacidad, sólo les serán de aplicación las exclusiones de la letra c) del artículo 6 (Contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la contratación hubieran prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido, o en los últimos seis meses mediante un contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de sustitución por jubilación), si el contrato previo hubiera sido por tiempo indefinido, y de la letra d) del apartado 1 (Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en otra empresa en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato), así como la establecida en el apartado 2 (Empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo contratos bonificados).

No obstante, la exclusión establecida en la letra d) del apartado 1 del artículo 6 no será de aplicación en el supuesto de contratación de trabajadores con discapacidad procedentes de centros especiales de empleo, tanto en lo que se refiere a su incorporación a una empresa ordinaria, como en su posible retorno al centro especial de empleo de procedencia o a otro centro especial de empleo. Tampoco será de aplicación dicha exclusión en el supuesto de incorporación a una empresa ordinaria de trabajadores con discapacidad en el marco del programa de empleo con apoyo.

En todo caso, las exclusiones de las citadas letras c) y d) no se aplicarán si se trata de trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral. A estos efectos, se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes:

  • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100.
  • Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100

Esta cuestión se desarrolla más ampliamente en la ficha “Incentivos a la contratación".

 

¿Tiene obligación la empresa de adaptar el puesto de trabajo en función de mi discapacidad?

Con carácter general, el artículo 4.2.d) del Estatuto de los Trabajadores establece como derecho básico de los trabajadores el derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

Por su parte, el artículo 15.d) de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece como principio de la acción preventiva, la adaptación del puesto de trabajo a la persona.

Esto quiere decir que es obligación del empresario, y, por tanto, correlativo derecho del trabajador, la adaptación del puesto de trabajo a las circunstancias personales del trabajador.

Para favorecer dicha adaptación, se han establecido ayudas a la adecuación del puesto de trabajo, reguladas en el Real Decreto 1451/1983, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores con discapacidad. Estas ayudas serán de 900 euros, y podrán ser solicitadas por el trabajador, si no lo hace la empresa, debiendo intervenir la Inspección de Trabajo.

 

¿Es posible que se me reduzca la jornada laboral por razón de mi discapacidad?

Con carácter general, no se establece una jornada especial en el Estatuto de los Trabajadores para las personas con discapacidad.

Así, únicamente se establecen limitaciones o regímenes especiales para ciertos supuestos, como serían los menores, o el trabajo nocturno.

Por ello, si una persona pretendiese reducir su jornada con base en su discapacidad, no existiría causa legal para ello en la Ley, con base exclusiva en su discapacidad.

Ahora bien, sí sería posible instar una modificación de la jornada por aplicación del principio general del derecho a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, recogida en el artículo 4.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Por su parte, el artículo 15.d) de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece como principio de la acción preventiva, la adaptación del puesto de trabajo a la persona.

Si el trabajador pudiese acreditar con informes médicos que para su estado de salud es más conveniente la prestación de una jornada laboral más reducida, podría instarse al empresario a dicha reducción, y si éste voluntariamente no la lleva a cabo, instar la extinción causal del contrato de trabajo, por aplicación de lo establecido en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Conforme al mecanismo legal establecido en dicho artículo, si una empresa comete un incumplimiento grave de sus obligaciones, entre la que se encuentra proteger la integridad física del trabajador, es posible acudir a un Juzgado de lo Social para que dicho órgano decrete la extinción del contrato de trabajo con causa en dicho incumplimiento de la empresa. En tal caso, el trabajador percibiría la indemnización prevista para el despido improcedente en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Un supuesto distinto, aunque relacionado, es el de un trabajador que tiene a su cuidado a una persona con discapacidad. En este caso, el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a reducir la jornada laboral para atender a esa persona. Tras la reforma laboral de 2012, esa reducción de jornada tiene que ser diaria.

 

Si tengo que acudir a consulta médica, ¿Se me retribuyen las ausencias?

El artículo 37.3 ET recoge un listado de licencias retribuidas. Sin embargo, en dicho precepto no se contiene la asistencia a consultas médicas y/o rehabilitación.

A pesar de esta falta de regulación, el Estatuto de los Trabajadores no recoge una enumeración cerrada, sino que deja vía libre a la negociación colectiva para que pueda ampliar los supuestos de licencias retribuidas. De hecho suele ser una práctica habitual el incluir en los convenios colectivos el derecho, ilimitado o no en cuanto a su número, a las licencias retribuidas de los trabajadores en el supuesto de asistencia a consultas facultativas.

En defecto de previsión en convenio colectivo, el trabajador no tendría derecho a licencias retribuidas para acudir a consulta médica, aunque sí tendría derecho a ausentarse del puesto de trabajo durante el período mínimo necesario para ello, debiendo recuperar posteriormente el período en el que se haya ausentado.

 

¿Puede despedirme la empresa estando en situación de incapacidad temporal?

En principio no existe una protección contra el despido en situaciones de Incapacidad Temporal.

La posición más reciente del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia se orienta hacia estimar la improcedencia del despido de un trabajador en dicha situación cuando no concurre causa, pero no a dictar la nulidad del mismo. Es decir, la empresa puede extinguir el contrato de un trabajador en situación de Incapacidad Temporal y únicamente debería abonarle la indemnización de 45 días por año de servicio, incluido en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, quedando extinguido el contrato de trabajo.

 

¿Es posible jubilarse de forma anticipada por motivo de la discapacidad que se sufre?

Con carácter general, se recoge en el artículo 161.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, que la edad de jubilación queda fijada en los 65 años.

Sin embargo, mediante el Real Decreto 1539/2003, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad, es posible anticipar la edad de jubilación.

La edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que se indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizado se acrediten los siguientes "grados de discapacdad":

  • El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de discapacdad igual o superior al 65 por 100.
  • El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.

El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión de jubilación.

En lo que a los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento se refiere, hay que tener en cuenta, además, el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad con ese grado de discapacidad. Es importante destacar que los trabajadores que reúnan las condiciones exigidas para acogerse a lo establecido en este Real Decreto y en el Real Decreto 1539/2003, ya referido podrán optar por la aplicación del que les resulte más favorable.

 

¿Cabe cobrar una pensión por incapacidad y, al mismo tiempo, desarrollar un trabajo?

El artículo 141 del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que las pensiones vitalicias de incapacidad permanente no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

El problema se encuentra en determinar qué actividades son compatibles con el estado del pensionista, y cuáles son las que representan un cambio en su capacidad de trabajo, y pueden suponer una “mejoría” que pueda afectar a la prestación que percibe.

No existe, a priori, un listado de actividades compatibles con el estado de la persona con discapacidad, sino es el pensionista el que, en cada caso, debe comunicar a la Seguridad Social previamente el trabajo que va a realizar, para así solicitar “autorización” de la compatibilidad de dicho trabajo con el estado de salud del pensionista.

En cualquier caso, lo aconsejable es buscar un trabajo, y que posteriormente, pero siempre antes de empezar a trabajar, se comunique dicho trabajo a la Seguridad Social, para que esta indique si el trabajo es compatible con el estado de salud, y evitar así cualquier tipo de sorpresas desagradables.

Si la Seguridad Social considera que el trabajo que se realiza es incompatible con su estado de salud, las consecuencias que pueden producirse serían, la menos grave, que se requiera al beneficiario para que opte por continuar percibiendo la prestación por incapacidad permanente absoluta, o que el beneficiario decida renunciar a la misma, continuando con la realización de su trabajo. También, según considere la Seguridad Social, podría llegar incluso a ser sancionado con la pérdida de la prestación que percibe. Como consecuencia natural de la realización de una actividad, sea por cuenta ajena o propia se podría producir de oficio, una revisión de la declaración de incapacidad del trabajador. Esta cuestión se desarrolla más ampliamente en la ficha “Incapacidades Laborales y Prestaciones”.

 

Los Centros Especiales de Empleo

Tal y como se establece en el artículo 1 del Real Decreto 2273/1985, los centros especiales de empleo son aquéllos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de los servicios de integración social, sanitario y educativo que requieran sus trabajadores con discapacidad, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal.

La totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por trabajadores con discapacidad, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal sin discapacidad, imprescindible para el desarrollo de su actividad.

Podrán ser creados tanto por Administraciones Públicas como por personas privadas, tanto físicas como jurídicas.

La filosofía de dichos centros es emplear a personas que no podrían incorporarse de forma ordinaria al mercado de trabajo.

Los trabajadores que se incorporen suscribirán contrato de trabajo que se regulará por el Real Decreto 1368/1985, de 17 de Julio, y el Estatuto de los Trabajadores.

El trabajo que realice el trabajador con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo deberá ser productivo y remunerado, adecuado a las características individuales del trabajador, en orden a favorecer su adaptación personal y social, y facilitar, en su caso, su posterior integración laboral en el mercado ordinario de trabajo; a tal fin, estos trabajadores serán evaluados con una periodicidad de dos años por los Equipos Multiprofesionales.

Como consecuencia de dicha evaluación, podrá determinarse que los trabajadores que la superen positivamente puedan incorporarse al mercado ordinario de trabajo.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo para asistir a tratamientos de rehabilitación médico-funcionales y para participar en acciones de orientación, formación y readaptación profesional, con derecho a remuneración siempre que tales ausencias no excedan de diez días en un semestre

El trabajador tendrá derecho, junto con los establecidos con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores, al respeto y consideración debida a su discapacidad.

 

Los enclaves laborales

Conforme al artículo 1.2 del Real Decreto 290/2004, por el que se regulan los enclaves laborales, se entiende por enclave laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un centro especial de empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora.

La dirección y organización del trabajo en el enclave corresponde al centro especial de empleo, con el que el trabajador con discapacidad mantendrá plenamente, durante la vigencia del enclave, su relación laboral de carácter especial.

Para la dirección y organización del trabajo del enclave el centro especial de empleo contará en el enclave con encargados responsables del equipo de producción. La facultad disciplinaria corresponde al centro especial de empleo. La empresa colaboradora podrá contratar a trabajadores del enclave en cualquier momento, preferentemente con carácter indefinido, aunque se podrán concertar contratos de otras modalidades si resultan procedentes.

En tal caso, tendrá derecho a las subvenciones y bonificaciones recogidas en la Ley.

 

Los programas de empleo con apoyo

La norma estatal de referencia, en este sentido, es el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, en el que se regulan los contenidos comunes del programa de empleo con apoyo como medida de integración laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo, que luego desarrollarán las distintas Comunidades Autónomas en base a sus competencias en la materia.

Interesa destacar, a este respecto, que este Real Decreto promueve la integración laboral de aquellas personas con discapacidad con mayores dificultades para encontrar empleo, como son las personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual y las personas con una discapacidad física o sensorial superior al 65 %, para las que el empleo con apoyo, dadas sus circunstancias, se convierte en una medida de especial utilidad de cara a su integración en el mercado laboral.

El empleo con apoyo consiste en un conjunto de actividades de orientación y acompañamiento individualizado que prestan, en el propio puesto de trabajo, preparadores laborales especializados a los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral que realizan su actividad en empresas normalizadas, del mercado ordinario de trabajo, en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos similares.

Pueden promover programas de empleo con apoyo, las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, y los centros especiales de empleo, suscribiendo convenios de colaboración con las empresas contratantes. También podrán promover esos programas las propias empresas del mercado ordinario de trabajo, incluyendo a los trabajadores autónomos.

Para financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la ejecución de los programas de empleo, cuya duración será de seis meses a un año, prorrogable por otro año más, se otorgarán subvenciones a las instituciones o empresas encargadas de llevarlos a cabo, siendo sus cuantías las siguientes:

  • 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.
  • 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad  reconocido igual o superior al 33 % e inferior al 65 %
  • 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.

Estas subvenciones anuales podrán prorrogarse al mismo tiempo que los contratos de trabajo, si bien su cuantía quedará ajustada a la duración de los mismos.

Serán compatibles con las reguladas en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, siempre que concurran los requisitos exigidos al efecto.

 

El acceso de las personas con discapacidad a la Función Pública

“Con carácter general, en el artículo 24 de la Constitución, se recoge el derecho de los españoles a acceder a un empleo público en condiciones de igualdad con el total de los aspirantes.

Mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE 02/08/2011), se modificó el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13/04/2007), estableciendo que:

“En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.”

En cuanto al procedimiento acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, la norma de referencia se corresponde con el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre (BOE 17/12/2004).

En el artículo 8 de dicha norma se determina que en las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 que lo soliciten las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que participan en condiciones de igualdad.

La adaptación de tiempos consiste en la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios. Mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, se establecerán los criterios generales para determinar esa adaptación.

La adaptación de medios y los ajustes razonables consisten en la puesta a disposición del aspirante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y/o tecnologías asistidas que precise para la realización de las pruebas en las que participe, así como en la garantía de la accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde éstas se desarrollen.

El Real Decreto referido ha sido desarrollado, en lo que se refiere a la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, por la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE 13/06/2006).”

 

Autoempleo de las personas con discapacidad

Con carácter general, en la Disposición Final Sexta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, modifica la Disposición Adicional Undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, con el objeto de aplicar a las personas con discapacidad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos una bonificación del 50 por 100 de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento en el mencionado Régimen, y esto durante los cinco años siguientes a la fecha de alta.

En cualquier caso, las medidas de fomento del empleo por cuenta propia de las personas con discapacidad han sido transferidas a las Comunidades Autónomas, de forma que para conocer la existencia de posibles ayudas, es necesario acudir al Departamento de Empleo de la Comunidad donde resida.

En el supuesto en que la persona con discapacidad decidiese iniciar una actividad laboral por cuenta propia, debería tenerse en cuenta lo explicado en el punto anterior respecto a la compatibilidad de las prestaciones de incapacidad permanente que estuviese percibiendo y su actividad laboral.

 

La reforma laboral de 2010

La reforma laboral de 2010, plasmada en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, contiene diferentes previsiones que afectan al colectivo de personas con discapacidad. En concreto:

  • Se mantienen las bonificaciones de Seguridad Social a favor de la contratación de empleados con discapacidad, tanto para contratos indefinidos como temporales de fomento de empleo.
  • Las agencias de colocación deben cumplir con las normas de accesibilidad universal.
  • Se sustituye el término “minusvádido” por “persona con discapacidad”, aunque realmente este término ya se ha ido sustituyendo poco a poco.
  • Extensión a las personas con discapacidad del derecho de los trabajadores contratados por una ETT para ser cedidos a que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria con vistas a combatir las discriminaciones.
  • Las empresas que celebren contratos para la formación con trabajadores con discapacidad podrán aplicar una bonificación de hasta el 100% de las cuotas empresariales a Seguridad Social.
  • Se mantiene a los trabajadores desempleados con discapacidad inscritos en la oficina de empleo como uno de los colectivos a los que se puede contratar con un contrato de fomento de la contratación indefinida, al amparo de la disposición adicional primera de la Ley 12/2001. Esta modalidad de contrato contempla la indemnización de 33 días por año de servicio, en caso de despido objetivo (económico) improcedente (en lugar de la indemnización general de 45 días).

 

La reforma laboral de 2012

Técnicos de la Fundación ONCE han hecho un análisis de la última reforma laboral llevada a cabo mediante Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, analizando su impacto en el ámbito de la discapacidad. En esta revisión, se presta una especial atención a las ayudas al empleo ya que se derogan todas las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad que fueron aprobadas por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014.

“En su sustitución, se recupera la vigencia de las normas que regulaban todas las ayudas al empleo de las personas con discapacidad hasta el 31-10-2011 en que entró en vigor la Estrategia Española de Empleo. Todas estas disposiciones habían sido derogadas por el Real Decreto Ley 3/2011, pero se mantuvieron en vigor hasta la aprobación del Real Decreto por el que se aprueba la citada Estrategia Española de Empleo 2012-2014”.

La consecuencia es que se vuelve al nivel de las ayudas que las empresas ordinarias y los centros especiales de empleo antes de dicha Estrategia, en muchos casos inferiores a las nuevas cuantías que entraron en vigor en noviembre del año pasado. No obstante, en este análisis se destaca que “en la práctica las nuevas cuantías no se habían aplicado, pues las comunidades autónomas no habían desarrollado la Estrategia de Empleo, a la espera de que se aprobaran nuevos planes por el Gobierno de España”.

La revisión concluye que “no se ven afectadas las bonificaciones en cuotas a Seguridad Social por contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias y centros especiales de empleo, que se siguen regulando en la Ley 43/2006”. Así mismo, la ayuda salarial a los centros especiales de empleo sigue siendo del 50%, como se había establecido en la Estrategia Española de Empleo.

En el análisis se apuntan otras medidas que afectan directamente a la discapacidad:

  • Se mantiene la disposición que permite suscribir un contrato para la formación y aprendizaje con las personas con discapacidad con independencia de su edad.
  • Se establece una novedosa prioridad en la permanencia en la empresa en favor de los trabajadores con discapacidad en dos supuestos: movilidad geográfica (Artículo 40.5 del Estatuto de los Trabajadores) y despido colectivo (Artículo 51.5 del Estatuto de los Trabajadores). Sin embargo, esta prioridad no es de aplicación automática sino que debe ser previamente pactada en convenio colectivo o en los acuerdos colectivos que ponen fin al periodo de consultas que preceden a la movilidad geográfica o al despido colectivo.
  • Se mantiene el derecho a reducir la jornada, que a partir de ahora tendrá que ser diaria, de los trabajadores que tengan a su cuidado directo una persona con discapacidad.

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Contiene medidas incisivas y de aplicación inmediata, al objeto de establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo (BOE 11/02/2012).

Aquí se muestran las preguntas y respuestas más habituales sobre la Integración Social de las personas con discapacidad.

  • ¿Qué supuso la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)?
  • ¿Qué principios inspiran la LISMI?
  • ¿Quiénes son los titulares de los derechos reconocidos por la LISMI?
  • ¿Qué mecanismos contempla la LISMI para prevenir las situaciones de discapacidad?
  • ¿Cómo se diagnostica la discapacidad de una persona y cómo se valora su grado?
  • ¿Qué prestaciones, tanto sociales como económicas, contempla la LISMI para las personas discapacitadas?
  • ¿Qué se entiende por rehabilitación de las personas con discapacidad?
  • ¿Qué medidas de rehabilitación contempla la LISMI?
  • ¿Qué previsiones recoge la LISMI en relación con la integración laboral de las personas discapacitadas?
  • ¿Qué servicios sociales específicos contempla la LISMI en relación con las personas discapacitadas?
  • ¿Qué previsiones contiene la LISMI en relación con la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas?

¿Qué supuso la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)?

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (En adelante, LISMI) vino a cumplir con el mandato recogido en el artículo 42 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas discapacitadas, a las que prestarán la atención especializada que requieran y las ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.

No cabe duda de la enorme trascendencia que la aprobación de dicha Ley tuvo en su momento, llegándose a decir de ella que fue la primera Ley de contenido social en España.

Y es que la LISMI integra un gran número de derechos y un sistema que trata de abarcar todas las necesidades y problemas de las personas con discapacidad, estableciendo no sólo el derecho a la prevención y a la atención especializada necesaria, sino también las medidas necesarias para la integración en la sociedad, tanto a nivel laboral, educativo, de ocio, etc.

De esta manera, la LISMI supuso un avance capital para las personas con discapacidad y sus familiares. Antes de la LISMI la situación venía marcada por una oferta limitada de la Seguridad Social, la disponibilidad de pocos centros para discapacitados, la falta de una educación normalizada o la poca participación de los beneficiarios en la planificación de las normativas; por otra parte, a nivel prestaciones, sólo existía el Fondo de Asistencia Social (FONAS), destinado a cubrir pequeños auxilios económicos por ancianidad y enfermedad. Frente a lo anterior, la LISMI reconoce prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad como un derecho subjetivo y regula la asistencia sanitaria de éstas.

En definitiva, se trató de una ley básica, con un enfoque de progreso - en ella se reconoció por primera vez el concepto de "dignidad" como elemento básico y fundamental de la igualdad de las personas con discapacidad -, vertebrada en tres ejes fundamentales: la sanidad, la educación y la inserción laboral de las personas con discapacidad.

No obstante, a pesar de las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de la LISMI, lo cierto es que las desigualdades siguieron persistiendo en la sociedad. Este hecho, junto con la nueva manera de entender el fenómeno de la discapacidad, en virtud de la cual se considera que las desventajas que presenta una persona con discapacidad no sólo tienen su origen en sus dificultades personales, sino también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas impuestas por la propia sociedad, lleva a la aprobación de la Ley 51/2003, de Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) que, sin poner en duda la vigencia de la LISMI, la complementa y sirve de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad.

¿Qué principios inspiran la LISMI?

Tomando como referente, además de los postulados recogidos en nuestra Constitución, tanto la Declaración de derechos del deficiente mental, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, como la Declaración de derechos de los minusválidos, aprobada por la Resolución 3447 de dicha Organización, de 9 de diciembre de 1975 (artículo 2), la LISMI lo que pretende, fundamentalmente, es hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a su completa realización personal y su total integración social, y a la asistencia y tutela necesarias en el caso en que por sus concretas circunstancias personales no sea posible la integración (artículo 1).

En este sentido, constituyen obligaciones del Estado respecto de la integración social de las personas discapacitadas la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social (artículo 3).

El cumplimiento de tales obligaciones exige la participación y colaboración de las distintas Administraciones Públicas, de los Sindicatos, de las entidades y organismos públicos y de las asociaciones y personas privadas (artículo 3), cada una dentro de sus respectivas competencias.

Es más, desde los poderes públicos habrá de promoverse la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando éstos en el desarrollo de tales actividades mediante el asesoramiento técnico, la coordinación, la planificación y el apoyo económico, debiendo adecuarse dichas actuaciones a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte de las Administraciones Públicas, controlándose la aplicación de los recursos y reconociéndose la participación de los interesados (artículo 4).

A mayor abundamiento y, especialmente en los ámbitos escolar y profesional, se deberán desarrollar campañas públicas al objeto de que la sociedad en su conjunto colabore en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, para su total integración (artículo 5).

Finalmente, la LISMI asume que, salvo que las características de la discapacidad sufrida requieran una atención peculiar a través de servicios y centros especiales, las personas con discapacidad habrán de integrarse en las instituciones de carácter general (artículo 6).

¿Quiénes son los titulares de los derechos reconocidos por la LISMI?

La LISMI reconoce como titulares de los derechos contemplados en la misma a todas aquellas personas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, y siempre que sea reconocido así por la entidad pública competente para ello.

Esas personas habrán tener la nacionalidad española y residir en España, si bien la LISMI también será de aplicación a los españoles residentes en el extranjero cuando carezcan de una protección equiparable en el país de residencia.

Respecto de los extranjeros residentes en nuestro país, habrá que estar a lo previsto en los acuerdos suscritos con sus respectivos Estados y, en su defecto, al principio de reciprocidad (artículo 7).

¿Qué mecanismos contempla la LISMI para prevenir las situaciones de discapacidad?

La prevención de la discapacidad constituye un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales (artículo 8).

En virtud de lo anterior, cada cuatro años, el Gobierno redactará un Plan Nacional de Prevención de las Minusvalías, en el que tendrán especial importancia los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, así como a la higiene y seguridad en el trabajo; también la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. En este sentido, se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales (artículo 9).

¿Cómo se diagnostica la discapacidad de una persona y cómo se valora su grado?

La determinación del grado de discapacidad que sufre una persona es una tarea asignada a los equipos multiprofesionales de valoración, regulados en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, siendo sus funciones (artículo 10):

  • La Emisión de un informe diagnóstico normalizado sobre los diversos aspectos de la personalidad y las disminuciones de la presunta persona discapacitada y de su entorno socio familiar.
  • La Orientación terapéutica, determinando las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y revisión.
  • La valoración y calificación de la presunta minusvalía, determinando el tipo y grado de disminución en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación.

Podemos obtener mayor información sobre esta cuestión, en el apartado de "Certificado de Discapacidad" en Discapnet.

¿Qué prestaciones, tanto sociales como económicas, contempla la LISMI para las personas discapacitadas?

Hablamos de prestaciones que revisten un carácter supletorio, es decir, que sólo se reconocen en la medida en que la persona discapacitada no sea beneficiaria ya de prestaciones del Sistema de Seguridad Social (artículo 12). Entre esas prestaciones cabe señalar las siguientes:

La asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica

Implica la prestación de asistencia en las mismas condiciones que los restantes usuarios del Sistema Nacional de Salud, aunque teniendo en cuenta las concretas circunstancias y necesidades de las personas discapacitadas (artículo 13). Del mismo modo, supone la prescripción gratuita de medicamentos para éstas.

El subsidio de ingresos mínimos

Es una prestación económica reconocida a toda persona discapacitada mayor de edad, con una minusvalía del 65 %, y que no perciba ingresos anuales superiores al 70 por 100 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), con un 10 por 100 adicional por cada miembro de la familia distinto de la propia persona solicitante, hasta un máximo del 100 por 100 del citado IPREM. De percibirse otra prestación económica, el subsidio se reducirá en cuantía igual al importe de aquélla (artículo 14).

Para conocer la cuantía del IPREM debe acudirse a la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la Ley 42/2006, de 28 de Noviembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en la que se determina que la cuantía del IPREM para el año 2007, será de 5.990,40 € anuales.

Por su parte, la cuantía anual del subsidio de ingresos mínimos para 2007 es de 2.098,04 €.

Finalmente, interesa destacar que este subsidio quedó suprimido a partir de 1990, si bien quienes tenían reconocido el derecho a las prestaciones citadas han podido continuar percibiéndolas en los términos y condiciones previstas en la legislación específica que las regulaban; o en su caso, y siempre que cumplieran con los requisitos de acceso establecido, optar por las nuevas pensiones no contributivas de invalidez, que se concede siempre que los ingresos anuales de la persona con discapacidad sean inferiores a la cuantía establecida anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El subsidio de ayuda de tercera persona

Es una prestación económica que se concede a las personas con discapacidad mayores de edad, carentes de medios económicos, cuyo grado de minusvalía exceda del 75 % y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos (artículo 16).

La cuantía del mismo prevista para el año 2007 es de 818,28 €.

Este subsidio quedó suprimido a partir de 1990, si bien quienes tenían reconocido el derecho a las prestaciones citadas han podido continuar percibiéndolas en los términos y condiciones previstas en la legislación específica que las regulaban; o en su caso, y siempre que cumplieran con los requisitos de acceso establecido, optar por las nuevas pensiones no contributivas.

El subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte

Es una prestación económica que se abona a las personas con discapacidad que están afectadas por una minusvalía en grado igual o superior a 33% y tienen dificultades para el uso de transportes públicos, según los baremos de valoración vigentes, no encontrándose imposibilitado por razones de salud u otras causas, para realizar desplazamientos fuera del domicilio habitual (artículo 17).

Para obtener dicho subsidio, cuya cuantía para el año 2007 ha quedado fijada en 594,48 €, el discapacitado no debe estar comprendido en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social por desarrollar actividad laboral, ni ser beneficiario ni tener derecho a otra prestación o ayuda pública para movilidad o transporte.

Asimismo, debe carecer de rentas que en cómputo anual superen el 70 por 100 del IPREM, con un 10 por 100 adicional por cada miembro de la familia distinto de la propia persona solicitante, hasta un máximo del 100 por 100 del citado IPREM.

Para conocer la cuantía del IPREM, debe acudirse a la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la Ley 42/2006, de 28 de Noviembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en la que se determina que la cuantía del IPREM para el año 2007, será de 5.990,40 € anuales.

¿Qué se entiende por rehabilitación de las personas con discapacidad?

Es el conjunto de actuaciones realizadas para que la persona discapacitada pueda alcanzar su máximo nivel de desarrollo personal y de integración en la vida social, fundamentalmente a través de la obtención de un empleo adecuado (artículo 18).

¿Qué medidas de rehabilitación contempla la LISMI?

Los procesos de rehabilitación podrán comprender:

  • Rehabilitación médico-funcional, que incluirá los procesos de rehabilitación médica necesarios para corregir o modificar el estado físico, psíquico o sensorial cuando éste constituya un obstáculo para su integración educativa, laboral y social. Deberá comenzar de forma inmediata a la detección y al diagnóstico de cualquier tipo de anomalía o deficiencia, debiendo continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad, así como el mantenimiento de ésta (artículo 19).
    Quedan incluidos el suministro, la adaptación, conservación y renovación de aparatos de prótesis y órtesis, así como los vehículos y otros elementos auxiliares para las personas con discapacidad que así lo necesiten.
  • Tratamiento y orientación psicológica, cuya finalidad será lograr de la persona discapacitada la superación de su situación y el más pleno desarrollo de su personalidad, teniendo en cuenta sus características personales (artículo 22).
  • Educación general y especial: la persona con discapacidad se integrará en el sistema ordinario de educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo necesarios (artículo 23).
    La educación especial, regulada específicamente en el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, sólo será impartida transitoria o definitivamente a aquellas personas discapacitadas a las que les resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario, teniendo como objetivos los siguientes (artículo 26):
    • La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de aquéllas.
    • La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la mayor autonomía posible.
    • La promoción de todas las capacidades la persona con discapacidad para el desarrollo armónico de su personalidad.
    • La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita a las personas discapacitadas servirse y realizarse a sí mismos.
  • Recuperación profesional, que engloba las prestaciones que pueden recibir las personas discapacitadas en edad laboral de los servicios de recuperación y rehabilitación de la Seguridad Social, entre las que se incluyen (artículo 32):
    • Los tratamientos de rehabilitación médico-funcional.
    • La orientación profesional, teniendo en cuenta las capacidades reales de la persona con discapacidad, y las posibilidades de empleo existentes en cada caso.
    • La formación, readaptación o reeducación profesional.

¿Qué previsiones recoge la LISMI en relación con la integración laboral de las personas discapacitadas?

El principio de igualdad de trato

Una de los grandes principios inspiradores de la LISMI es la integración laboral de los trabajadores con discapacidad en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de trato, bien en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, mediante su incorporación al sistema productivo a través la fórmula especial de trabajo protegido (artículo 37).

Ese principio de igualdad de trato implica la ausencia de toda discriminación directa e indirecta basada en la discapacidad de los trabajadores.

En este sentido, se entiende que existirá discriminación directa cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de su discapacidad.

Por su parte, existirá discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios, o salvo que el empresario venga obligado a adoptar medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para eliminar las desventajas que supone esa disposición, cláusula, pacto o decisión.

Conviene tener presente, a este respecto, el artículo 4.c) del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que el derecho a la no discriminación es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores en el seno de su relación laboral. Por su parte, el artículo 4.2.e) exige respeto de la intimidad y la consideración debida a la dignidad de las personas discapacitadas en el ámbito laboral.

A mayor abundamiento, se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales de las Empresas que supongan en contra de las personas con discapacidad discriminaciones en el empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo (artículo 38 y artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores).

La discriminación positiva de las personas discapacitadas en el mercado de trabajo

Para facilitar la incorporación de las personas discapacitadas al mercado de trabajo podrán adoptarse medidas de discriminación positiva destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas a este respecto por la discapacidad que se sufre (artículo 37).

En este sentido, conviene destacar la regulación contenida en las disposiciones normativas como las siguientes:

  • El Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores discapacitados, en cuyo artículo 7 se establece que las empresas que contraten por tiempo indefinido y a jornada completa a trabajadores minusválidos tendrán derecho a una subvención de 3.907 euros por cada contrato de trabajo celebrado. Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial dicho importe se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.
  • Por su parte, en el artículo 2.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de mejora del crecimiento y del empleo, se regulan las bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social en el caso de contratación de personas discapacitadas.La cuantía de las bonificaciones dependerá de las características de la persona discapacitada.Así, con carácter general, en el supuesto de contratación indefinida, tendrán derecho a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, de su equivalente diario por trabajador contratado, de 375 euros/mes (4.500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. La misma bonificación se disfrutará en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de transformación en indefinidos de contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.La bonificación será de 425 euros/mes (5.100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:
    • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un "grado de minusvalía" reconocido igual o superior al 33 por 100.
    • Personas con discapacidad física o sensorial, con un "grado de minusvalía" reconocido igual o superior al 65 por 100.

    Si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda, se incrementará, respectivamente, en 100 euros/mes (1.200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año), sin que dichos incrementos sean compatibles entre sí.
    En el caso de que las personas con discapacidad sean contratadas mediante el contrato temporal de fomento del empleo, la bonificación ascenderá a 291,66 euros/mes (3.500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato.
    La bonificación será de 341,66 euros/mes (4.100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:

    • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un "grado de minusvalía" reconocido igual o superior al 33 por 100.
    • Personas con discapacidad física o sensorial, con un "grado de minusvalía" reconocido igual o superior al 65 por 100.

    Si el trabajador tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los párrafos anteriores, se incrementará, en ambos supuestos, en 50 euros/mes (600 euros/año), siendo tales incrementos compatibles entre sí.
    Puede obtener mayor información sobre el contenido de la Ley 43/2006 en Discapnet.

  • Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, dirigida, fundamentalmente, a las que tienen mayores dificultades para encontrar empleo, como son las personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual y las personas con una discapacidad física o sensorial superior al 65 %. En el artículo 8 de dicha norma se establecen subvenciones para financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la ejecución de estos programas.

    La adaptación del puesto de trabajo por razón de discapacidad del trabajador

    Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario (artículo 37 bis).

    Tal obligación entronca con el derecho básico reconocido en el artículo 4.2.d) del Estatuto de los Trabajadores, en virtud del cual los habrá de asegurarse la integridad física de los trabajadores y adoptarse una adecuada política de seguridad e higiene.

    Del mismo modo, artículo 15.d) de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece como principio de la acción preventiva la adaptación del puesto de trabajo.

    Para determinar si la carga que supone adaptar el puesto de trabajo es excesiva para el empresario habrán de considerarse los costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa. En el mismo sentido, se tendrán en cuenta las medidas, ayudas o subvenciones públicas que se puedan recibir al efecto, destacando las reguladas en el artículo 12 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores discapacitados. Estas ayudas serán de 901,52 € (1.803,04 en el caso de Centros Especiales de Empleo), y podrán ser solicitadas por el trabajador, si no lo hace la empresa, debiendo intervenir la Inspección de Trabajo.

    La reserva de puestos de trabajo para personas discapacitadas

    Una de las medidas más relevantes para promover la inserción laboral de las personas discapacitadas es la reserva de puestos de trabajo para ellas en las empresas, tanto públicas como privadas, que empleen a un número total de 50 o más trabajadores, con independencia de cuál sea el número de centros de trabajo de aquéllas y la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores, estando incluidos los trabajadores discapacitados que se encuentren en cada momento prestando servicios, en virtud de los contratos de puesta a disposición que se hayan celebrado con empresas de trabajo temporal (artículo 38).

    La reserva de puestos de trabajo alcanzará el 2 % del total.

    Es más, en el ámbito de la Administración Pública, con el objeto de alcanzar, progresivamente, ese porcentaje de trabajadores discapacitados, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, introdujo la exigencia de reservar, en las ofertas de empleo público, un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de minusvalía y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

    Por otra parte, la empresa podrá dejar de cumplir esta reserva, siempre que se acuerde así en convenio colectivo que cumpla ciertos requisitos y se apliquen en su lugar las medidas alternativas previstas en la Legislación social (artículo 38), concretamente en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.

    El “empleo selectivo”

    Se corresponden con una serie de medidas que permiten el reingreso a la empresa en los supuestos de recuperación del trabajador discapacitado, siempre que concurran los requisitos y condiciones contempladas en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores discapacitados.

    Los centros especiales de empleo

    Si la discapacidad que sufre una determinada persona le impide incorporarse el mercado ordinario de trabajo, habrá de integrase en un centro especial de empleo (artículo 41), que es aquel cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de atención personal y social que requieran sus trabajadores discapacitados, además de ser un medio de integración del mayor número de éstos al régimen del mercado de trabajo “ordinario” (artículo 42).

    En ellos, al menos un 70 % de los trabajadores serán personas discapacitadas.

    Podrán ser creados por entidades públicas y privadas, y siempre que reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro podrán solicitar ayudas y subvenciones a las Administraciones públicas (artículo 45).

    Se regulan en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.

    Por otra parte, los trabajadores que se incorporen a un centro especial de empleo suscribirán contrato de trabajo que se regulará por el Real Decreto 1368/1985, de 17 de Julio y el Estatuto de los Trabajadores.

    El trabajo que realice el trabajador discapacitado en los Centros Especiales de Empleo deberá ser adecuado a las características individuales del trabajador, en orden a favorecer su adaptación personal y social, y facilitar, en su caso, su posterior integración laboral en el mercado ordinario de trabajo; a tal fin, estos trabajadores serán evaluados con una periodicidad de dos años por los Equipos Multiprofesionales.

    Para poder beneficiarse de las medidas de integración laboral a los que se ha venido haciendo referencia, la persona discapacitada debe acudir al Servicio público de Empleo e inscribirse en el registro especial de solicitantes de empleo discapacitados (artículo 39).

    Hay más información sobre la integración laboral de las personas discapacitadas, en las páginas sobre "La discapacidad en el ámbito laboral" en Discapnet.

    ¿Qué servicios sociales específicos contempla la LISMI en relación con las personas discapacitadas?

    Los criterios de actuación

    Los servicios sociales específicos para las personas discapacitadas pretenden garantizar a éstas el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de integración en la comunidad, así como la superación de las discriminaciones adicionales padecidas por las personas con discapacidad que residan en las zonas rurales (artículo 49).

    Los criterios de actuación relativas a la prestación de servicios sociales específicos a las personas discapacitadas son los siguientes:

    • Todas las personas con discapacidad tienen derecho a las prestaciones de los servicios sociales.
    • Podrán ser prestados tanto por las Administraciones Públicas como por Instituciones privadas sin ánimo de lucro.
    • Se prestarán a través de los cauces generales existentes, salvo que excepcionalmente, las características de las minusvalías exijan una atención singularizada.
    • Se respetará al máximo la permanencia de las personas con discapacidad en su medio familiar y en su entorno geográfico.
    • Se fomentará, la participación de los propios discapacitados, siempre que su condición lo permita.

    Los servicios sociales específicos

    Entre los mismos cabe distinguir:

    • La orientación familiar, que tendrá como objetivo la información a las familias, su capacitación y entrenamiento para atender a la estimulación y maduración de los hijos discapacitados y a la adecuación del entorno familiar a las necesidades rehabilitadoras de aquéllos (artículo 52).
    • Los servicios de orientación e información, que deben facilitar a la persona discapacitada el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los mismos (artículo 52).
    • Los servicios de atención domiciliaria, que tendrán como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico (artículo 52).
    • Los servicios de residencias y hogares comunitarios, que tienen como objetivo atender a las necesidades básicas de aquellas personas con discapacidad carentes de hogar y familia o con graves problemas de integración familiar (artículo 52).

    También se contemplan como servicios sociales específicos las actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre, y residir y ser asistido en un establecimiento especializado, si así fuese necesario (artículo 51).

    Tales servicios, al igual que el resto de prestaciones contempladas en la Ley, habrán de ser orientados, dirigidos y realizados por personal con una formación especializada (artículo 62).

    En relación con la prestación de servicios asistenciales, no se puede desconocer la importancia que en este ámbito ha tenido la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, sobre la que puede obtener mayor información en el documento de "Autonomía personal y dependencia" en Discapnet.

    Los centros ocupacionales

    Son creados por las Administraciones Públicas y las Instituciones privadas sin ánimo de lucro para asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad cuya acusada minusvalía temporal o permanente les impida su integración en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo (artículo 53).

    Los centros ocupacionales para personas con discapacidad se regulan por el Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los centros ocupacionales para minusválidos.

    ¿Qué previsiones contiene la LISMI en relación con la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas?

    La LISMI establece la obligación de que la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de espacios públicos, se efectúe de forma que resulten accesibles y utilizables a las personas discapacitadas (artículo 54).

    Del mismo modo, contempla la adaptación gradual de los espacios públicos existentes a los criterios de accesibilidad por las personas discapacitadas (artículo 55). En este sentido, conviene tener presente el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

    También habrán de establecerse, con tal finalidad, ayudas y subvenciones a la adaptabilidad de las viviendas.

    Actualmente, la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas está regulada por normas aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

    Hay más información sobre accesibilidad y eliminación de barreras, en el documento de "Propiedad Horizontal" en Discapnet.

    Reserva de viviendas adaptadas

    Una de las medidas de mayor relevancia en relación con la accesibilidad y eliminación de barreras la constituye la reserva del 3 % de las viviendas de protección oficial que se promuevan para personas discapacitadas. También se reservará el mismo porcentaje para las que sean promovidas por entidades públicas, aunque no tengan la condición de viviendas de protección oficial (artículo 57). Esas viviendas reservadas deberán estar adaptadas para su uso por las personas discapacitadas.

    También es esta una materia cuya regulación corresponde, actualmente, a las Comunidades Autónomas.

    Accesibilidad en los transportes públicos colectivos

    También contempla la LISMI la necesidad de adoptar las medidas técnicas que permitan la adaptación progresiva de los transportes públicos colectivos, de manera que se facilite la adaptación de las personas con movilidad reducida (artículo 59). Interesa destacar, en este sentido, la reciente aprobación del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

    Reserva de aparcamientos para personas con discapacidad

    Es una obligación para los Ayuntamientos el adoptar las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los automóviles pertenecientes a las personas discapacitadas con problemas graves de movilidad (artículo 60).

    Actualmente, la normativa en materias de plazas de aparcamiento reservadas, está regulada por normas aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

    A través de esta sección puedes encontrar la respuesta a preguntas de interés sobre la Tarjeta de Estacionamiento para personas con discapacidad (los enlaces externos abren en ventana nueva).

    • ¿Cómo y por qué se crea la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad?
    • ¿Cuál es la regulación normativa de la misma?
    • ¿Quiénes pueden ser titulares de la tarjeta?
    • ¿Qué tramites hay que seguir para obtenerla?
    • ¿Cuál es su ámbito de validez?
    • Enlaces destacados

    Novedad legislativa: Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. (Publicado el martes 23 de diciembre de 2014)
    La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida servirá desde el 24 de diciembre para estacionar el vehículo en las plazas reservadas en toda España independientemente de la comunidad autónoma donde se hayan emitido, gracias a la entrada en vigor del Real Decreto que regula la emisión y uso de esta tarjeta, publicado hoy en el BOE, otra novedad de la norma es que podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas o entidades titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, siempre que presten servicios sociales.

     


    ¿Cómo y por qué se crea la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad?

    Las personas con discapacidad y problemas importantes de movilidad se hallan en una clara situación de desventaja respecto de las demás personas para realizar un gran número de actividades cotidianas y, en especial, para acceder en condiciones de igualdad a los espacios y servicios comunitarios y desenvolverse con una mínima comodidad en su medio habitual de vida, de ahí la necesidad de articular mecanismos que permitan superar tales limitaciones.

    En este sentido, la Constitución Española consagra en su artículo 14 el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley y, en el artículo 49, la obligatoriedad de todos los poderes públicos de desarrollar sus políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.

    Descendiendo a un plano más concreto y, en lo que a la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad se refiere, ya la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, hacía referencia en su artículo 60 a las medidas que los Ayuntamientos deberán adoptar para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad.

    En esta línea, la Disposición adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , establece que los municipios deberán adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas con problemas de movilidad y para la efectividad de los derechos que de la misma deriven.

    Precisión ésta que conecta con la atribución competencial que el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local hace a los municipios, siempre dentro de los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

    No obstante todo lo anterior, el texto de referencia en la materia se corresponde con la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (98/376/CE)Abre en ventana nueva, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (SERIE L) de 12 de junio de 1998.

    Dicha Recomendación recoge, entre otras, las siguientes consideraciones:

    • Que es necesario el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de la Unión Europea de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme, de manera que dichas personas puedan disfrutar en todo el territorio comunitario de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentren.
    • Que toda persona con discapacidad debe poder disfrutar de las medidas adicionales concretas dirigidas a favorecer su integración profesional y social.
    • Que la utilización de un medio de transporte distinto de los medios de transporte públicos es para muchas personas con discapacidad el único medio para desplazarse de manera autónoma con vistas a una integración profesional y social.
    • Que, en determinadas circunstancias y respetando la seguridad vial, procede permitir que las personas con discapacidad en posesión de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad puedan aparcar su vehículo sin deber realizar a continuación grandes desplazamientos.

    Asumiendo tales argumentos, se recomienda a los Estados miembros la creación, antes del 1 de enero de 2000, de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, conforme al modelo definido en el Anexo de la propia Recomendación, cuya validez han de reconocer dichos Estados a partir del 1 de enero de 1999.

    La tarjeta en cuestión se concederá a las personas cuya discapacidad les origine una movilidad reducida, ajustándose su obtención a las disposiciones nacionales correspondientes, debiendo la Administración competente, en todo caso, entregar al beneficiario un resumen de las condiciones de utilización de la misma en los distintos Estados miembros de la Unión Europea.

    Por otra parte, dicha tarjeta podrá ser utilizada de manera paralela a las tarjetas de estacionamiento expedidas con anterioridad al 1 de enero de 2000 por los Estados miembros hasta la sustitución de estas últimas.

    Guía de la Tarjeta Europea de EstacionamientoAbre ventana nueva (elaborada por Discapnet).

     

    ¿Cuál es la regulación normativa de la misma?

    Asumiendo los postulados recogidos en la Recomendación de 4 de junio de 1998, las Comunidades Autónomas, que son las que tienen atribuida la competencia en materia de accesibilidad, han venido aprobando diferentes disposiciones reguladoras del régimen jurídico aplicable a esta tarjeta de estacionamiento, el derecho de sus titulares y el procedimiento para su concesión.

    • País Vasco
      • Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y se adapta al modelo comunitario uniforme.
    • Cataluña
      • Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida.
    • Galicia
      • Artículos 27 y 28 de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
      • Artículos 50 a 53 del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
    • Andalucía
      • Orden de 10 de marzo de 2010Abre ventana nueva, por la que se aprueba el modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
    • Asturias
      • Decreto 180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
    • Cantabria
      • Decreto 106/2001, de 20 de noviembre, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
    • La Rioja
      • Orden 17/2001, de 11 de diciembre de 2001, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se crea la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
    • Murcia
      • Decreto 64/2007, de 27 de abril, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
    • Comunidad Valenciana
      • ORDEN de 11 de enero de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida, y se establecen las condiciones para su concesión.
    • Aragón
      • Artículo 12 de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación de Aragón.
      • Artículos 10 y 11 del Decreto 19/1999 , de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.
    • Castilla-La Mancha
      • Orden de 13 de junio de 2000, de la Consejería de Bienestar Social, de aplicación de la Tarjeta de Accesibilidad en Castilla-La Mancha, por la que se modifica el formato de la Tarjeta de Accesibilidad y se establece el procedimiento para su concesión y renovación.
    • Canarias
      • Artículo 16 de la Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de Canarias.
      • Artículo 40 del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación
    • Extremadura
      • Orden de 7 de junio de 1999, por la que se establece el modelo de tarjeta de aparcamiento para discapacitados.
    • Baleares
      • Real Decreto 110/2010, de 15 de octubreAbre ventana nueva, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, art. 34 (BOIB núm. 157 Ext, de 29 de octubre de 2010).
      • Artículo 36 de la Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas de las Islas Baleares.
      • Artículo 28 del Decreto 20/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas de las Islas Baleares.
    • Madrid
      • DECRETO 47/2015, de 7 de mayoAbre ventana nueva, por el que se establece un modelo unico de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 11/05/2015).
      • Ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamientoAbre ventana nueva para personas con movilidad reducida, reserva de espacios y régimen disciplinario.
      • Artículo 33 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
      • Artículo 24 del Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
    • Castilla y León
      • ORDEN FAM/436/2004, de 17 de marzoAbre ventana nueva, por la que se crea y regula el Registro de Tarjetas de Estacionamiento de Castilla y León (BOCyL 01-04-2004).
      • Artículo 16 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.
      • Artículo 36 del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.
    • Navarra
      • Olite. Abre ventana nuevaAprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la expedición de tarjetas de aparcamiento a favor de personas con discapacidad.
      • Artículo 10 de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales de Navarra.
      • Artículo 7 del Decreto Foral 57/1990, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la eliminación de barreras físicas y sensoriales en los transportes.

    ¿Quiénes pueden ser titulares de la tarjeta?

    Con carácter general, podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas que tengan reconocida la condición de discapacitadas y, además, presenten importantes problemas de movilidad, circunstancias que habrán de acreditarse a través de la documentación expedida al efecto por los organismos competentes en materia de valoración y calificación del grado de minusvalía.

    Una vez obtenida la tarjeta, las condiciones cambian de unas regiones a otras. Por lo tanto hay que mirar la normativa concreta de esa comunidad. En unas el titular de la misma podrá utilizarla en cualquier vehículo en que se traslade, sea o no de su propiedad y lo conduzca o no, pero en otras en cambio, el titular de la tarjeta solo puede usar el vehículo que haya designado a tal fin y confirmado (información actualizándose en este momento- 2014). En todo caso, cuando se haga uso de los derechos que confiere esta tarjeta, ésta habrá de colocarse en un lugar visible del vehículo.

    ¿Qué tramites hay que seguir para obtenerla?

    La concesión de la tarjeta corresponde al Ayuntamiento donde resida la persona interesada, de ahí la necesidad de personarse en las dependencias del mismo para informarse acerca de los trámites que han de seguirse al efecto.

    No obstante, con carácter general puede señalarse que el expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada o de su representante legal mediante el impreso normalizado que, una vez cumplimentado, presentará en dicho Ayuntamiento acompañando la documentación acreditativa correspondiente - grado de discapacidad y movilidad reducida, principalmente -.

    Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

    Una vez presentada la solicitud, el Ayuntamiento está obligado a dictar resolución expresa sobre la misma en el plazo máximo establecido para ello.

    Concedida la Tarjeta de Estacionamiento, será presentada a su titular para su firma y, una vez firmada, será plastificada por el Ayuntamiento y entregada a la persona interesada, junto con el resumen de las condiciones de utilización de la misma en los distintos estados miembros de la Unión Europea.

    ¿Cuál es su ámbito de validez?

    Las tarjetas concedidas por los Ayuntamientos tendrán validez en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de su utilización en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que los respectivos Ayuntamientos comunitarios tengan establecidos en materia de ordenación y circulación de vehículos.

    Enlaces destacados

    • Formato en imagen de la tarjeta de estacionamiento (Iustel).Abre en ventana nueva
    • Información de la tarjeta Europea de estacionamiento ( Discapnet).Abre en ventana nueva

    Aquí se muestran las preguntas y respuestas más habituales sobre el Tratamiento fiscal de la discapacidad.

    NOTA INTRODUCTORIA: Dada la amplitud de la materia objeto de análisis, en esta ficha se abordan los principales incentivos que, desde el punto de vista fiscal, se otorgan a las personas con discapacidad.

    • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
    • Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (Impuesto de Circulación)
    • Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
    • IVA - Vehículos para personas con discapacidad: Tipo superreducido (4%)
    • Impuesto sobre determinados Medios de Transporte (Impuesto de Matriculación)
    • Previsiones Tributarias de la Ley 41/2003, de 18 de Noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad

    IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

    ¿En qué consiste?

    Según dispone el artículo 1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es un impuesto estatal que se exige a las personas físicas, considerando los principios de igualdad, generalidad y progresividad, por las rentas obtenidas de diversas fuentes (salarios, intereses bancarios....). A la hora de fijar la cuantía que a cada persona le corresponde pagar se tienen en cuenta sus circunstancias personales y familiares.

    ¿Qué tipo de ayuda se otorga a las personas con discapacidad en relación con el pago de este impuesto?

    • En primer lugar, conviene destacar que hay determinadas rentas que en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se consideran exentas a efectos del impuesto, es decir, no se tributaría por su obtención. Entre esas rentas estarían las siguientes:
      • Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
        Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.
      • Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, así como las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento o mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta de efectos múltiples.
      • Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, con el límite de 12.020 euros, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.
        El límite establecido en el párrafo anterior no se aplicará en el caso de prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores con discapacidad que se conviertan en trabajadores autónomos, en los términos del artículo 31 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
      • Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a las que se refiere el artículo 53 de esta Ley - sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad -, así como los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos a que se refiere la disposición adicional decimoctava de esta Ley, hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
    • También se considera la discapacidad del contribuyente para practicar una disminución de los rendimientos de trabajo que son objeto de tributación. En este sentido, en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley del impuesto se establece que con carácter adicional a los supuestos generales previstos en este sentido, las personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos podrán minorar el rendimiento neto del trabajo en 3.264 euros anuales.
      Dicha reducción será de 7.242 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
      De igual forma, en el artículo 32.2.1.º de la Ley se determina que, adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan rendimientos netos derivados del ejercicio efectivo de actividades económicas, podrán minorar el rendimiento de las mismas en 3.264 euros anuales. Dicha reducción será de 7.242 euros anuales para personas con discapacidad que ejerzan de forma efectiva una actividad económica y acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
    • Por otra parte, la cantidad a pagar en concepto de IRPF se reduce en función de diferentes circunstancias personales y familiares del contribuyente, entre ellas la discapacidad.
    • Así, el artículo 60 de la Ley del impuesto, establece el mínimo por discapacidad, que será la suma del mínimo por discapacidad del contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.
      • El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 2.316 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y 7.038 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
        Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 euros anuales cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
      • El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 2.316 euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho a la aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 de esta Ley – en los que se regulan los mínimos por descendientes y ascendientes que convivan con el contribuyente -, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El mínimo será de 7.038 euros anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
        Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 euros anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
    • A ese mínimo por discapacidad se suman los mínimos por ascendientes y descendientes que convivan con el contribuyente, considerándose que existe tal convivencia en el caso de descendientes o ascendientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados.
    • En lo que respecta a los descendientes, el artículo 58 de la Ley dispone que:
      Los contribuyentes podrán reducir en concepto de mínimo por descendientes, por cada uno de ellos menor de veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, la cantidad de:
      • 1.836 euros anuales por el primero.
      • 2.040 euros anuales por el segundo.
      • 3.672 euros anuales por el tercero.
      • 4.182 euros anuales por el cuarto y siguientes.

    Por otra parte, cuando el descendiente sea menor de tres años, el mínimo a que se refiere el apartado 1 anterior se aumentará en 2.244 euros anuales.
    En el artículo 61.4 de la Ley 35/2006, relativo a la aplicación del mínimo del contribuyente por descendientes, ascendientes y personas con discapacidad, se establece que:
    No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de fallecimiento de un descendiente que genere el derecho al mínimo por descendientes, la cuantía será de 1.836 euros anuales por descendiente”.

    • En lo que a los ascendientes se refiere, el artículo 59 de la Ley establece que:
      El mínimo por ascendientes será de 918 euros anuales, por cada uno de ellos mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
      Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes con discapacidad que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados.
      Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo a que se refiere el apartado 1 anterior se aumentará en 1.122 euros anuales.
    • A mayor abundamiento, en el artículo 15.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se establece que sobre la base imponible del impuesto se practicarán diversas reducciones, entre ellas, las previstas por atención a situaciones de dependencia y envejecimiento y pensiones compensatorias.
      Así, el Capítulo II del Título IV de la Ley se dedica a regular las reducciones a aplicar por razón de dependencia o envejecimiento. Concretamente:
    • En el artículo 53 se contemplan las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad, disponiéndose lo siguiente en relación con las mismas:
      • Las aportaciones realizadas a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 por ciento, psíquica igual o superior al 33 por 100, así como de personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente con independencia de su grado, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de esta Ley, podrán ser objeto de reducción en la base imponible con los siguientes límites máximos:
        • Las aportaciones anuales realizadas a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad con las que exista relación de parentesco o tutoría, con el límite de 10.000 euros anuales.
          Ello sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar a sus propios planes de pensiones, de acuerdo con los límites establecidos en el artículo 52 de esta ley.
        • Las aportaciones anuales realizadas por las personas con discapacidad partícipes, con el límite de 24.250 euros anuales.
          El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de una misma persona con discapacidad, incluidas las de la propia persona con discapacidad, no podrá exceder de 24.250 euros anuales. A estos efectos, cuando concurran varias aportaciones a favor de la persona con discapacidad, habrán de ser objeto de reducción, en primer lugar, las aportaciones realizadas por la propia persona con discapacidad, y sólo si las mismas no alcanzaran el límite de 24.250 euros señalado, podrán ser objeto de reducción las aportaciones realizadas por otras personas a su favor en la base imponible de éstas, de forma proporcional, sin que, en ningún caso, el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realizan aportaciones a favor de una misma persona con discapacidad pueda exceder de 24.250 euros.
        • Las aportaciones que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base imponible por insuficiencia de la misma podrán reducirse en los cinco ejercicios siguientes. Esta regla no resultará de aplicación a las aportaciones y contribuciones que excedan de los límites previstos en este apartado 1.
      • El régimen regulado en este artículo también será de aplicación a las aportaciones a mutualidades de previsión social, a las primas satisfechas a los planes de previsión asegurados, a los planes de previsión social empresarial y a los seguros de dependencia que cumplan los requisitos previstos en el artículo 51 y en la disposición adicional décima de esta ley. En tal caso, los límites establecidos en el apartado 1 anterior serán conjuntos para todos los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad.
      • Las aportaciones a estos sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad, realizadas por las personas a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional décima de esta ley, no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
      • A los efectos de la percepción de las prestaciones y de la disposición anticipada de derechos consolidados o económicos en supuestos distintos de los previstos en la disposición adicional décima de esta Ley, se aplicará lo dispuesto en los apartados 8 y 9 del artículo 51 de esta Ley.
    • En el artículo 54, por su parte, se establecen las reducciones por aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre. En relación con tales aportaciones, cuyo tratamiento fiscal para la propia persona con discapacidad se contempla en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley se establece que:
    • Las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad efectuadas por las personas que tengan con el mismo una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como por el cónyuge de la persona con discapacidad o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, darán derecho a reducir la base imponible del aportante, con el límite máximo de 10.000 euros anuales.
      El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido no podrá exceder de 24.250 euros anuales.
      A estos efectos, cuando concurran varias aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido, las reducciones correspondientes a dichas aportaciones habrán de ser minoradas de forma proporcional sin que, en ningún caso, el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas físicas que realicen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido pueda exceder de 24.250 euros anuales.
    • Las aportaciones que excedan de los límites previstos en el apartado anterior darán derecho a reducir la base imponible de los cuatro períodos impositivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos los importes máximos de reducción.
      Lo dispuesto en el párrafo anterior también resultará aplicable en los supuestos en que no proceda la reducción por insuficiencia de base imponible.
      Cuando concurran en un mismo período impositivo reducciones de la base imponible por aportaciones efectuadas en el ejercicio con reducciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, se practicarán en primer lugar las reducciones procedentes de los ejercicios anteriores, hasta agotar los importes máximos de reducción.
    • Tratándose de aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el que resulte de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
    • No generarán el derecho a reducción las aportaciones de elementos afectos a la actividad que efectúen los contribuyentes de este Impuesto que realicen actividades económicas.
      En ningún caso darán derecho a reducción las aportaciones efectuadas por la propia persona con discapacidad titular del patrimonio protegido.
    • La disposición de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad efectuada en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes tendrá las siguientes consecuencias fiscales:
      • Si el aportante fue un contribuyente por este Impuesto, deberá reponer las reducciones en la base imponible indebidamente practicadas mediante la presentación de la oportuna autoliquidación complementaria con inclusión de los intereses de demora que procedan, en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca la disposición y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se realice dicha disposición.
      • El titular del patrimonio protegido que recibió la aportación deberá integrar en la base imponible la parte de la aportación recibida que hubiera dejado de integrar en el período impositivo en que recibió la aportación como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la letra w) del artículo 7 de esta Ley, mediante la presentación de la oportuna autoliquidación complementaria con inclusión de los intereses de demora que procedan, en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca la disposición y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se realice dicha disposición.
        En los casos en que la aportación se hubiera realizado al patrimonio protegido de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, a que se refiere el apartado 1 de este artículo, por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, la obligación descrita en el párrafo anterior deberá ser cumplida por dicho trabajador.
      • A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el trabajador titular del patrimonio protegido deberá comunicar al empleador que efectuó las aportaciones, las disposiciones que se hayan realizado en el período impositivo.
        En los casos en que la disposición se hubiera efectuado en el patrimonio protegido de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, la comunicación a que se refiere el párrafo anterior también deberá efectuarla dicho trabajador.
        La falta de comunicación o la realización de comunicaciones falsas, incorrectas o inexactas constituirá infracción tributaria leve. Esta infracción se sancionará con multa pecuniaria fija de 400 euros.
        La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reducirá conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
        A los efectos previstos en este apartado, tratándose de bienes o derechos homogéneos se entenderá que fueron dispuestos los aportados en primer lugar.
        No se aplicará lo dispuesto en este apartado en caso de fallecimiento del titular del patrimonio protegido, del aportante o de los trabajadores a los que se refiere el apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
    • Las obras e instalaciones de adecuación deberán ser certificadas por la Administración competente como necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
    • Darán derecho a deducción las obras e instalaciones de adecuación que deban efectuarse en la vivienda habitual del contribuyente, por razón de la discapacidad del propio contribuyente o de su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, que conviva con él.
    • La vivienda debe estar ocupada por cualquiera de las personas a que se refiere el párrafo anterior a título de propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.
    • La base máxima de esta deducción, independientemente de la fijada en el número 1.º del artículo 68, será de:
      • Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales: 12.080 euros anuales,
      • Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 12.080 euros menos el resultado de multiplicar por 1,8875 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.
    • El porcentaje de deducción será el 10 por ciento.
    • Se entenderá como circunstancia que necesariamente exige el cambio de vivienda cuando la anterior resulte inadecuada en razón a la discapacidad.
    • Tratándose de obras de modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, así como las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad, podrán aplicar esta deducción además del contribuyente a que se refiere la letra b) anterior, los contribuyentes que sean copropietarios del inmueble en el que se encuentre la vivienda.
    • Finalmente, dentro de las deducciones por inversión en vivienda habitual, reguladas en el artículo 68.4.º de la Ley, se contempla la que pueden practicar los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales ue efectúen obras e instalaciones de adecuación en la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública, con las siguientes especialidades:

    ¿Qué requisitos se exigen a las personas con discapacidad para ser beneficiarias de las reducciones en el IRPF?

    En el apartado tercero del artículo 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se establece que, a los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

    En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.

     

    IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IMPUESTO DE CIRCULACIÓN)

    ¿En qué consiste?

    Según dispone el artículo 92.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, es un impuesto municipal que se exige a las personas propietarias de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

    ¿Qué tipo de ayuda se otorga a las personas con discapacidad en relación con el pago de este impuesto?

    El artículo 93.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales establece, en su apartado e), que estarán exentos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica:

    “e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre .

    Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.”

    A efectos de ser beneficiario de la exención, se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.

    ¿Qué hay que hacer para beneficiarse de la exención en el pago del impuesto?

    El segundo apartado del artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, dispone que para poder aplicar estar exenciones, el interesado deberá instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por el Ayuntamiento, se expedirá un documento que acredite su concesión.

    En relación con la exención prevista para vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, el interesado deberá aportar el certificado de discapacidad emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza reguladora del impuesto.

    No obstante, dado que la regulación contenida en las ordenanzas municipales en relación con el procedimiento de concesión de la exención puede variar de unos Ayuntamientos a otros, se recomienda con carácter previo a la solicitud informarse de los trámites y documentación necesaria al respecto en el Departamento del Ayuntamiento donde se resida.

    ¿Es posible beneficiarse de la exención del impuesto en relación con más de un vehículo?

    Según dispone el apartado 1.e), tercer párrafo, del artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no será posible beneficiarse de la exención del Impuesto de Circulación por más de un vehículo simultáneamente. Así, si una persona con discapacidad ya es propietaria de un vehículo y quiere adquirir otro, no podría beneficiarse de dicha exención en relación con el vehículo nuevo, salvo que dé de baja el antiguo.

    ¿Qué ocurre si una persona con discapacidad, propietaria de un vehículo, no comunica al Ayuntamiento dicha circunstancia a efectos de beneficiarse de la exención en el Impuesto de Circulación? ¿Tendría derecho a que le devuelvan las cantidades ya pagadas por este concepto?

    Lo primero que se ha de hacer, en este caso, es solicitar al Ayuntamiento la exención en el pago del impuesto, cumplimentando la solicitud correspondiente, a la que habrán de acompañar la documentación requerida. En particular y, como antes se apuntaba, “el interesado deberá aportar el certificado de discapacidad emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal (Art. 93.2. Ley de Haciendas Locales)”.

    Una vez declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión. No obstante, conviene recordar que, con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud, de manera que se debería pagar también el impuesto correspondiente a este año, beneficiándose de la exención ya a partir del año siguiente.

    No obstante lo anterior, se entiende que el solicitante de la exención estaría legitimado para exigir la devolución de los cantidades satisfechas durante los años anteriores si, durante los mismos, hubiera reunido los requisitos necesarios para ello. Así, en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, se establece que la exención se aplicará en tanto se mantenga la situación de discapacidad, por lo que habrá de entenderse que, desde el momento en que se reconoce la condición de persona con discapacidad, se tiene derecho a la exención.

    A tal efecto, debería iniciar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos, regulado en los artículos 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (BOE 27/05/2005).

    En apoyo de esta tesis se ponen de manifiesto un par de sentencias que, si bien se refieren al Impuesto de Matriculación, resultan reveladoras en cuanto que establecen la devolución del impuesto a pesar de que la solicitud de exención se presentara una vez pagado el mismo, y esto porque en el momento de efectuarse el pago se reunían las condiciones necesarias para ser beneficiario de la exención:

    • Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 17 de abril de 2000, Rec. 1433/1997.
      Procede la exención del pago del impuesto porque el actor ostentaba la condición de persona con discapacidad en el momento de matriculación del vehículo para su uso exclusivo. El actor presentó fuera de plazo la solicitud de exención del impuesto lo cual no conlleva la pérdida del derecho al reunir todos los requisitos para su reconocimiento.
    • Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª, Sentencia de 3 de enero 2000, Rec. 1557/1995.
      El impuesto especial de matriculación abonado por el demandante se encuentra exento en ciertos supuestos, como puede ser los vehículos adquiridos por personas con discapacidad. Para poder optar a esta exención debe existir un reconocimiento previo de la Administración. Al no existir ese reconocimiento previo, puede ser solicitado a posteriori, con el fin de solicitar la devolución de las cantidades abonadas por este impuesto. El demandante reúne todos los requisitos exigidos para que se dé la exención, existiendo el reconocimiento de la Administración, por lo que procede la devolución solicitada.

    Si el Ayuntamiento no atendiera la solicitud de devolución del impuesto, la única alternativa sería impugnar esa denegación ante los tribunales, y esto, lógicamente, tiene su coste. Así, considerando que sólo se podría reclamar el impuesto indebidamente abonado en los cuatro años anteriores, habrá de valorarse si interesa acudir a la vía judicial.

    ¿Están exentos del pago del Impuesto de Circulación los eurotaxis?

    Según lo dispuesto en la normativa vigente a estos efectos (arts. 93 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales), los eurotaxis, o taxis adaptados para personas con discapacidad, no disfrutan de la exención en el Impuesto de Circulación.

    En cualquier caso, es aconsejable acudir al servicio de gestión de tributos del Ayuntamiento de residencia para recibir más información sobre el particular.

    IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

    ¿En qué consiste?

    Según dispone al artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto estatal que recae sobre el consumo y grava, entre otros bienes, los que se adquieren mediante la compra (por ejemplo, un vehículo).

    ¿Qué tipo de ayuda se otorga a las personas con discapacidad en relación con el pago de este impuesto?

    Con carácter general, el artículo 91.Uno.1.6.º de la Ley de impuesto dispone la aplicación del tipo reducido del 8 % a los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas que, por sus características objetivas, sean susceptibles de destinarse esencial o principalmente a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales, incluidas las limitativas de su movilidad y comunicación. También se aplica ese tipo reducido a los productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales.

    Por su parte, tras la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por la Ley 6/2006, de 24 de Abril, para la clarificación del concepto de vehículo destinado al transporte de personas con discapacidad (BOE de 25 de Abril), se aplica el tipo reducido del 4 %, y no el del 18 %, tanto a la compra de dichos vehículos (artículo 91.Dos.1.4º Ley 37/1992) como a las adaptaciones de los mismos (artículo 91.Dos.2 Ley 37/1992).

    El problema es que la ley hace referencia al transporte de personas en silla de ruedas, o con movilidad reducida, no bastando con tener, según el legislador, una discapacidad del 33 %.

    En relación con este último, conviene tener presento lo establecido en la Nota de Procedimiento elaborada por la Administración Tributaria para el reconocimiento del derecho a la aplicación del tipo de IVA del 4% en la adquisición o adaptación de vehículos a motor que deban transportar habitualmente a personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida.

    En concreto, en el apartado cuarto de dicha Nota se determina que:

    “Además de la discapacidad superior al 33% que, como se ha indicado anteriormente es requisito indispensable, se ha de acreditar una discapacidad en silla de ruedas o una movilidad reducida para utilizar medios de transporte colectivo. Ambos supuestos son cuestiones de hecho que deberán ser valoradas por el órgano tramitador en función del tipo y grado de discapacidad que resulte acreditada. A continuación se recogen una serie de criterios que sirven para valorar la citada movilidad reducida:

    • Con carácter general se entiende por persona con movilidad reducida toda persona cuya movilidad se encuentra limitada debido a una incapacidad física (sensorial o motriz), una deficiencia intelectual, edad o cualquier otra causa de discapacidad manifiesta para utilizar un medio de transporte y cuya situación requiera atención especial o adaptación de los servicios disponibles habitualmente a los pasajeros en general.
      Se considera medio de prueba suficiente del hecho de la movilidad reducida el certificado o resolución del IMSERSO o el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de valoración de discapacidad, basándose en el dictamen emitido por los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de las mismas.
      En el Anexo 3 del citado RD 1971/1999 se recoge un Baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos estableciendo una serie de categorías objetivas o situaciones que, por sí mismas, o combinadas con otras determinan la existencia de dificultades de movilidad.
    • A pesar de no contemplarlo el citado Baremo, en todo caso, a los efectos de aplicación del tipo superreducido, se considerarán con movilidad reducida a las personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso, las afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.) que acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspondiente certificado emitido por dicha Corporación de Derecho Público.
    • Igualmente, se considerará como medio de prueba suficiente del hecho de la movilidad reducida el ser titular, la persona para cuyo uso se adquiere o adapta el vehículo, de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emitidas por las Corporaciones Locales ajustadas al modelo europeo y válidas en todo el territorio nacional, según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2001 de 19 de Diciembre de reforma del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo. En estos supuestos, en el expediente de concesión deberá figurar copia auténtica de dicha tarjeta.
      Cuando la tarjeta de estacionamiento se conceda por la Corporación local a una persona jurídica (asociación o fundación de atención a personas con discapacidad , o a una empresa en relación con sus empleados con discapacidads) se le dará el mismo tratamiento que si fuera una persona física.”

    ¿Qué actuaciones es necesario llevar a cabo para beneficiarse de la aplicación del tipo reducido del 4 % de IVA en las adquisiciones de vehículos para el transporte de personas con discapacidad?

    La norma hace referencia a su previo reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda, por lo que consideramos que para poder disfrutar de esta exención es requisito previo el solicitarla. A tal fin, deberá presentar una solicitud, pudiendo utilizar, a tal efecto, el modelo contemplado en la Nota de Procedimiento antes referida, pidiendo que se le conceda dicha reducción, acompañando todos los documentos que acrediten la condición de persona con discapacidad y, además, con movilidad reducida.

     

    IVA - VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: TIPO SUPERREDUCIDO (4%)

    (Fuente: Ediciones Francis LefebvreAbre ventana nueva)

    Para la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del tipo superreducido del 4% en la adquisición de vehículos a motor para transportar a personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, se permite que el plazo de 4 años sea inferior siempre que concurran condiciones distintas a las de la adquisición anterior. Para ello, deben considerarse en cada caso las circunstancias que rodean la adquisición, a fin de comprobar si son análogas o no con las que concurrieron en la adquisición anterior.

    Se interpone ante el TEAC reclamación económico-administrativa contra los acuerdos denegatorios de solicitudes de reconocimiento del derecho a la aplicación por una sociedad del tipo impositivo superreducido en el IVA del 4% en la adquisición/adaptación de un vehículo destinado a ser utilizado para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, cuando no han transcurrido cuatro años desde la adquisición de otro vehículo; acuerdos dictados por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, concepto IVA, ejercicio 2010.

    Señala el Tribunal que la materia está regulada por la LIVA art.91.dos.1.4º y por el RIVA art.26 bis.dos. Este último dispone la aplicación del tipo reducido a la entrega, adquisición intracomunitaria o importación de los vehículos destinados al transporte habitual de personas con movilidad reducida o para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas, con independencia de quién sea el conductor de los mismos. Para ello, uno de los requisitos es que hayan transcurrido, al menos, cuatro años desde la adquisición de otro vehículo en análogas condiciones.

    Desde un punto de vista jurídico, en cuanto al requisito relativo a “análogas condiciones” nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado que precisa de una concreción a cada supuesto examinado, atendiendo al conjunto de circunstancias concurrentes que incidan sobre el hecho concreto -la adquisición del vehículo-, para compararlo con las circunstancias que concurrieron en la adquisición o las adquisiciones anteriores de vehículos realizadas dentro del plazo de los cuatro años anteriores. Para ello, no puede tenerse en cuenta exclusivamente el hecho de la adquisición de un vehículo, puesto que este es el hecho concurrente y común en todos los casos (hecho imponible gravado), ni tampoco que la persona adquirente sea la misma (condición común a las adquisiciones que realizamos que, en principio, impide la aplicación del tipo reducido a la segunda o ulterior adquisición, salvo que no concurran análogas condiciones).

    Deberemos considerar el resto de las circunstancias que rodean la adquisición de cada vehículo, a fin de comprobar sin son análogas o no con las que concurrieron en la adquisición o adquisiciones anteriores.

    Entre las circunstancias que deberemos tener en cuenta, sin que pueda realizarse una enumeración cerrada o exhaustiva de ellas, nos encontramos en primer lugar la actividad o las actividades para las que se destina la adquisición del vehículo: ante actividades distintas o diversas deberemos concluir que no concurren análogas condiciones en la adquisición de los vehículos.

    Otra circunstancia a considerar son las personas a las que se destinan los vehículos, puesto que vehículos destinados a trasladar habitualmente a un grupo de personas definido (bien por su identificación concreta, bien por otros parámetros) no pueden impedir la aplicación del tipo impositivo reducido a la adquisición de vehículos destinados a trasladar o transportar a grupos de personas distintas al anterior, ya que no concurren análogas condiciones, si consideramos el destinatario o destinatarios a los que se dirige la actividad que se realiza con los vehículos.

    También debería considerarse el ámbito territorial o geográfico en el que se realiza la actividad o las actividades diferenciadas, puesto que es otra circunstancia importante que determina la existencia de condiciones no semejantes. Las circunstancias señaladas no son las únicas a tener en cuenta, puesto que deberá apreciarse en cada caso, en función de las condiciones que concurran en el supuesto de hecho.

    De conformidad con la LIVA art.91.dos.1.4º, párrafo tercero, es al adquirente al que corresponde justificar el destino del vehículo, esto es, la concurrencia de condiciones diferenciadas o no semejantes a las que se produjeron en la adquisición del vehículo anterior o vehículos anteriores, dentro del plazo de cuatro años precedentes a la adquisición del vehículo para el que se solicita el reconocimiento del derecho a aplicar el tipo del 4%.

    Por todo lo expuesto, el TEAC estima las pretensiones de la entidad reclamante, ordenando la retroacción de las actuaciones a fin de que la Administración tributaria compruebe el cumplimiento de los requisitos reguladores del beneficio.

     

    IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE (IMPUESTO DE MATRICULACIÓN)

    ¿En qué consiste?

    Con carácter general y, según establece el artículo 65 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, es un impuesto estatal que se exige a las personas que adquieren un vehículo a motor, nuevo o usado, para circular por vías y terrenos públicos. En concreto, este impuesto se paga por realizar la primera matriculación definitiva en España de tales vehículos.

    ¿Qué tipo de ayuda se otorga a las personas con discapacidad en relación con el pago de este impuesto?

    El artículo 65.1.a).6.º de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, exonera del pago del impuesto a los adquirentes de vehículos nuevos o usados provistos de motor de propulsión para personas con movilidad reducida.

    Por su parte, el artículo 66.1.d), establece la exención del impuesto en relación con los vehículos automóviles matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes requisitos:

    1. Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones, algo que no se exigirá en caso de siniestro total del vehículo antiguo, debidamente acreditado.
    2. Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos “inter vivos” (venta del coche) durante el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de su matriculación.

    ¿Qué actuaciones previas requiere la concesión de la exención?

    La aplicación de esta exención estará condicionada a su previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente y, así, habrá que presentar ante ella una declaración en el lugar, forma, plazo e impreso que determine el Ministro de Economía y Hacienda

    En particular, cuando se trate de vehículos automóviles matriculados a nombre de personas con discapacidad será necesaria la previa certificación de la discapacidad por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o por las entidades gestoras competentes.

    ¿Qué procedimiento se sigue para la concesión de la exención?

    El procedimiento se regula en el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales y, concretamente, en los artículos 135 y siguientes. La matriculación definitiva del medio de transporte estará condicionada a la acreditación ante el órgano competente en materia de matriculación del referido reconocimiento previo de la Administración tributaria.

    Las personas o entidades a cuyo nombre se pretenda efectuar la primera matriculación definitiva del medio de transporte, presentarán, con anterioridad, ante la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, un escrito, sujeto al modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, solicitando la aplicación de tales supuestos. En dicho escrito se hará constar, como mínimo, el nombre, Número de Identificación Fiscal y domicilio fiscal del solicitante, la clase, marca y modelo del medio de transporte que se pretende matricular y el supuesto de no sujeción o de exención cuyo reconocimiento se solicita.

    Al escrito se acompañará copia de la ficha de inspección técnica del vehículo, o en el caso de embarcaciones o aeronaves, certificación de sus características técnicas, expedidas por el vendedor y, además, según los casos, la siguiente documentación: Cuando se trate de vehículos automóviles que se matriculen a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, el certificado de discapacidad emitido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes.

    Por la propia Administración tributaria se verificará, como requisito para el reconocimiento de la exención, que han transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones a efectos de la aplicación del tipo normal del Impuesto sobre el Valor Añadido o del disfrute de la exención en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte. Los órganos gestores podrán requerir la presentación de cualquier otra documentación que deba obrar en poder del solicitante en razón de la no sujeción o exención cuya aplicación solicita, así como efectuar comprobaciones de los vehículos para constatar la adecuación de los mismos a su destino o finalidad.

    ¿Es posible que el vehículo adquirido por la persona con discapacidad, con exención del Impuesto, sea utilizado por otras personas?

    El artículo 66.1 d) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, antes reseñado, es claro cuando establece que, para aplicar la exención del impuesto de matriculación por razón de discapacidad, el vehículo tiene que ser para uso exclusivo de la persona con discapacidad.

    Sin embargo, la expresión “uso exclusivo”, de singular relevancia para la aplicación de esta exención, ha dado lugar una corriente de interpretación ciertamente restrictiva. Como ha contrastado la doctrina que más recientemente se ha ocupado de esta materia para la Administración es necesario que el vehículo esté destinado al uso exclusivo de la persona con discapacidad, “lo que obliga a éste a encontrarse siempre a bordo del vehículo cuando circule, con independencia de que lo conduzca otra persona”.

    Sobre la base de semejante criterio, la jurisprudencia ha concluido que en aquellos casos en que queda acreditado el uso del vehículo por una tercera persona para asuntos particulares, la persona con discapacidad se ve privado de la exención (SSTSJ de Murcia, de 26 de marzo de 1998, de 14 de noviembre de 2001, de 16 de septiembre de 2002 y de 28 de enero de 2004), aunque dicho uso por terceros sea ocasional o venga motivado por circunstancias económicas (SSTSJ de Murcia, de 26 de septiembre de 2001 y de 29 de septiembre de 2001), e incluso, en los casos en que el vehículo es utilizado para las exclusivas necesidades de la personas con discapacidad (SSTSJ de Murcia, de 15 de mayo de 2002 y de 22 de mayo de 2002). No obstante, se ha admitido que el uso exclusivo del vehículo por la personas con discapacidad también se produce cuando es empleado, sin su presencia, para satisfacer determinadas circunstancias de su interés, al afirmarse que “la propia dicción de la norma está planteando la existencia de una restricción y de una vinculación del uso a las necesidades propias de la persona con discapacidad, las cuales, como ya se ha dicho, podrán verse satisfechas por un uso por tercero y en su ausencia, sin que tal satisfacción permita que, una vez lograda la misma, el vehículo pueda destinarse a otros menesteres que no sean estrictamente coincidentes con aquella satisfacción” (STSJ de Asturias, de 12 de abril de 2005).

    Algunas de estas interpretaciones tan rigoristas, como la patrocinada por la Administración tributaria, consistente en que la persona con discapacidad deba encontrarse siempre a bordo del vehículo, han sido puestas en cuestión por la doctrina, pues ni siquiera una interpretación estrictamente literal de la ley permite tal conclusión. En efecto, múltiples hipótesis fácticas pueden plantearse en que sin viajar en el coche la persona con discapacidad no se falte a su uso exclusivo. Por ejemplo, si no pudiendo conducirlo él mismo se le traslada a algún sitio, regresando más tarde a recogerlo; o conduciéndolo otra persona para atender compras, encargos u otras necesidades del titular; o meramente si otra persona lo lleva a un taller mecánico para revisión o reparación. ¿Es preciso en todos estos casos que la persona con discapacidad deba acompañar al conductor? No debería ser así y alguna sentencia encontramos que abre la puerta (bien es verdad que con reservas) a una lectura menos extremista.

    A través del portal Discapnet se puede acceder a una sentencia sobre esta materia.

    ¿Están exentos del pago del impuesto vehículos adaptados para el transporte de personas en silla de ruedas, tales como furgonetas, eurotaxis, etc...?

    En principio y, según lo dispuesto en la normativa vigente, la exención se aplica a los vehículos destinados a ser usados única y exclusivamente por personas con discapacidad, por lo que un vehículo destinado al transporte general de personas con discapacidad no podría beneficiarse de dicha exención.

    En todo caso, no estaría de más acudir a la Administración correspondiente para requerir información al respecto.

    ¿Se puede perder la exención del impuesto si se vende el coche antes de que transcurran 4 años desde su matriculación?

    El artículo 66.1.d) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, exige la concurrencia de dos requisitos para poder aplicar la exención del Impuesto de Matriculación en el caso de vehículos automóviles a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo:

    1. Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones, algo que no se exigirá en caso de siniestro total del vehículo antiguo, debidamente acreditado.
    2. Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos “ínter vivos” (venta del coche) durante el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de su matriculación.

    De manera que, en virtud de esta segunda condición, la transmisión del coche en un plazo inferior a cuatro años desde su matriculación haría perder la citada exención, que habría que devolver.

    Una vez pasado ese plazo de cuatro años, no habría problema para ser beneficiario de otra exención en los mismos términos y en relación con un nuevo vehículo.

     

    PREVISIONES TRIBUTARIAS DE LA LEY 41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad: objeto y beneficiarios.

    Una Ley de vital importancia en materia de discapacidad es la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

    El objeto de esta Ley, según dispone su artículo 1, es favorecer la aportación a título gratuito (sin recibir una contraprestación a cambio) de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar el destino de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad.

    Por su parte, el artículo 2.2 determina que habrán de reputarse como personas con discapacidad, a los efectos de dicha Ley:

    • Las afectadas por una discapacidad psíquica igual o superior al 33 por ciento.
    • Las afectadas por una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 por ciento.

    Previsiones tributarias de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.

    A ellas se dedica el capítulo III de este texto legal, en el que, aparte de previsiones en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al que se alude con más detalle en otro de los apartados de esta ficha, se contemplan otras en relación con diferentes tributos:

    El artículo 16 modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades para permitir deducciones en la cuota íntegra de dicho impuesto por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

    En el artículo 17 se establece que quedarán exentas del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las aportaciones a este tipo de patrimonios protegidos.

    Finalmente, la Disposición Adicional Segunda que las comunidades autónomas podrán declarar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, de los bienes y derechos referidos en la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

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